Este jueves, el presidente de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores de Argentina, Carlos Valle, le envió una carta al presidente Alberto Fernández en la cual le pidió que despida a Luana Volnovich de la titularidad del PAMI, luego de que trascendiera el viaje que la mujer hizo al Caribe.

En la misma misiva, Valle pide la normalización de la misma entidad: “Debe comenzar ya, en base a la ley 19032 (actualizada) de creación de la obra social de los jubilados, fundada en 1971 (por iniciativa Confederal) y que solo fue presidida un año y medio por uno de sus creadores, Pedro irurtia, hasta ser intervenida, a partir de 1973”.

“Luego de muchos años de intervenciones -casi ininterrumpidas-, PAMI no ha podido cumplir con su cometido principal: el de proteger la salud de sus afiliados, demostrando profundas falencias, en materia de prestaciones médico-asistenciales. En los últimos dos años y pese al avance, en materia de medicamentos, sin cargo y con descuento -lo cual resaltamos-, las falencias precitadas, no han encontrado respuesta”, arranca la misiva de Valle.

Y añade: “No obstante, la intervención ha creado superestructuras, que solo se traducen en mayores costos y que no hacen al problema de fondo, sino que lo agravan; es mas, suponen una burla a quienes padecen desprotección y hasta abandono de personas; tal circunstancia se manifiesta, con mayor incidencia, en las provincias y -en especial-, en las regiones mas apartadas y con mas grandes y difíciles problemáticas”.

Por ello, el titular de la Confederación General de Jubilados, considera “que la actual intervención no cumple con los requisitos esenciales, para llevar adelante la solución a las imperiosas demandas de jubilados y pensionados, razón por la cual, entendemos que los funcionarios políticos deben renunciar inmediatamente, designándose, en forma provisoria, a un equipo con reales conocimientos y la actitud necesaria, para llevar adelante la gestión, hasta que se proceda a normalizar el Instituto”.

Y avanza: “Creemos imprescindible, asimismo, la presencia de auditores médicos y contables, representando a los jubilados, para colaborar con la gestión y supervisarla; sería oportuno, asimismo, contar con un representante de los trabajadores del Instituto, para actuar en forma conjunta, asegurando el mejor desempeño del conjunto. Ello, en virtud de que se trata de una obra social de administración tripartita; es de los jubilados, pero recibe, también, aportes de los trabajadores y del Estado Nacional”.

Para Valle, “este requerimiento, de todas las Federaciones de Jubilados y Pensionados, de las 23 provincias y de CABA, exige la toma de una resolución inmediata, ya que se trata de la preservación de la vida de millones de personas, que integran el sector mas numeroso y de mayor riesgo del país”.


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