La primera semana del año el presidente y su ministro de Economía la dedicaron a desalentar a todo el mundo respecto a la posibilidad de que la renegociación con el Fondo llegue a buen puerto dentro de un plazo más o menos breve. Después de la consabida sarasa de Guzmán sobre crecimiento, no al ajuste, capacidad de pago futura y demás, con que demostró tal vez sin querer que las conversaciones están en pañales, el presidente fue terminante, y todavía más pesimista: “nos quieren imponer un programa, y ahí no estamos de acuerdo”.

Los planteos de Alberto suenan como si él creyera que tiene todo el tiempo del mundo, como si pudiera negociar de igual a igual con Biden, con el directorio del Fondo y con cuanto poder extranjero se le ponga delante. Tal vez convendría que ajuste un poco su diagnóstico de la situación, antes de que sea tarde.

Sacar pecho después de la derrota electoral de noviembre frente a la oposición local le sirvió para tomar un poco de aire, no perder centralidad y aparecer frente a la sociedad en condiciones de seguir controlando mínimamente la situación. Todo eso está muy bien, y ha tenido sin duda cierta eficacia. Pero porque la relación de fuerzas con los opositores sigue siendo de relativa paridad, y tiene entonces chances tanto de perder como de ganar, según el caso y los errores que cometa cada una de las partes.

Todavía en lo peor de la pandemia podría haber logrado condiciones especiales, porque el mundo entero estaba dado vueltas, pero para eso debió apurar las tratativas el año pasado, en vez de postergarlas.

Cuando todavía Georgieva era una voz influyente podría haberla usado a su favor, pero hoy su rol en el organismo es poco más que protocolar, los que deciden son los delegados de los gobiernos, en particular del norteamericano, a quienes no han dejado de agredir y ofender desde Buenos Aires, sin ninguna lógica, más que la de acompañar las inútiles diatribas de Joseph Stiglitz, la CELAC y demás focos ideológicos pseudo rebeldes, contra los usos y costumbres del organismo.

Mientras tanto, encima, aunque lo niega, Alberto efectivamente viene disponiendo medidas de ajuste, para disimuladamente mostrar su disposición a hacer buena letra y que no lo tomen por un rebelde irredento.

Pero todas esas medidas han sido insuficientes, así que va corriendo detrás del arco que administran los funcionarios de Washington, con pocas esperanzas de en algún momento poder plantarse y decir “hasta acá llegué”: ya subió las tasas de interés, anunció recortes de subsidios y ajustes de tarifas, aceleró la devaluación y convirtió los congelamientos de precios en acuerdos. No le va a quedar otra que seguir por ese camino los próximos dos meses, con pocas chances de controlar el resultado final.

En el gobierno ha ido ganando peso la idea de que, si no logran someter a la Corte, no van a poder lograr ninguno de sus objetivos estratégicos en relación a los tribunales inferiores que se propusieron: poner y sacar jueces y fiscales a voluntad, para hacer desaparecer de una buena vez los juicios contra funcionarios de Néstor y Cristina, y contra la misma familia Kirchner; hacer avanzar juicios en gran medida inventados contra sus adversarios políticos, para generar la idea de que todos somos igual de corruptos y miserables, terminar de controlar los resortes más sensibles de la democracia que aún se les escapan, como los procesos electorales.

Otra vez la Corte en la mira del Gobierno

El problema es que esta visión crecientemente virulenta de la “batalla por la Justicia” ha ido madurando al mismo tiempo que creció la confrontación e incomunicación con la Corte, y con otros estamentos medianamente independientes del Poder Judicial. En esto la experiencia de Alberto y sus gestores no podría ser más decepcionante: ellos asumieron la tarea de hacer disimuladamente y con astucia, lo que hasta 2015 Cristina y sus fanáticos habían intentado a lo bestia, sin éxito.

Marcela Losardo y el propio presidente se suponía eran los finos estrategas de una operación que iba a tejer acuerdos, negociar intereses políticos y corporativos, y hacer avanzar con el mínimo de conflicto posible la solución para aquellas tareas que el oficialismo se había propuesto. Pero sucedió todo lo contrario.

Ni en el peor momento de Cristina en la presidencia las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte fueron tan malas como ahora. Y eso que la Corte está compuesta por una amplia mayoría de jueces de filiación peronista, lo es para empezar su presidente, Horacio Rosatti, y el peronismo unido se supone que es el que está al frente del Ejecutivo. ¿Qué es lo que pasó?

Probablemente en ningún otro terreno con más claridad que en el judicial se mantuvo abierta en los últimos años la tensión entre el peronismo moderado y el kirchnerismo. Porque, finalmente, el primero no olvidó del todo lo que aprendió entre los años setenta y noventa del siglo pasado, y su utilidad para participar y sostener la convivencia democrática.

Y como se sabe, el kirchnerismo hizo desde entonces exactamente lo contrario, radicalizó y abrazó con cada vez más fanatismo su idea de que la Justicia, igual que los medios, no tienen nada de terreno común ni compartido, no son más que armas políticas que unos usan contra otros. Y esa tensión no dejó de crecer cuando las iniciativas de Alberto, Losardo y compañía quisieron disimular lo que eran alevosas intervenciones de un poder sobre el otro, para alcanzar esas metas.

Una marcha contra la Corte, pidiendo su renuncia, su juicio político o su reforma por las malas, lo que sea, como la que se convoca para el 1ro de febrero, es un acto político que, más todavía si lo organizan funcionarios del Ejecutivo, reviste una enorme gravedad institucional.

Pero es también un gesto bastante inútil, y de potenciales efectos contraproducentes para quienes la convocan. Si los propios funcionarios del Ministerio de Justicia aparecen involucrados en la convocatoria, ¿no están acaso confesando que carecen de todo canal más o menos razonable para influir en lo que la Corte decide?

Algo que quedó peligrosamente a la vista en los últimos fallos del tribunal, que agarraron al Ejecutivo mal parado, y complicaron su control del Consejo de la Magistratura y el manejo de las cuentas públicas (si se sumara uno más negativo para la Casa Rosada sobre los recursos de CABA ya las cosas en ese terreno se complicarían seriamente).

Escalar los conflictos siempre fue una reacción refleja de estos gobiernos. Que a veces les trajo algún provecho, sobre todo cuando los adversarios eran débiles y los costos con que podían amenazarlos eran verosímiles. Pero en los dos casos que estamos considerando no sucede ninguna de las dos cosas.

¿Por qué igual Alberto amenaza, despotrica, en vez de moderarse sube la apuesta? Un poco porque se deja llevar por el clima reinante en su entorno. Otro poco probablemente porque a esta altura ya no le importan tanto los resultados concretos que pueda lograr su gestión, le importa ante todo que no se diga que es un blando. Y el problema, finalmente, es que cuando tenga que hocicar, además de blando va a quedar como inepto.