Un reconocido hotel de la ciudad de Mar del Plata presentó en las últimas horas una fuerte denuncia contra la seccional local del gremio gastronómico y su flamante secretario general, Pablo Santín, por los presuntos delitos de “coacción, extorsión, usurpación, y daño flagrante”.  La presentación, que se hizo ante la justicia ordinaria, requiere que se “tome urgente intervención y se realice una investigación profunda de los hechos denunciados”, a la vez que solicita que “cese de inmediato la comisión y consecución dañosa de los delitos configurados”.

De este modo, se sienta un importante precedente ante las embestidas sindicales. Lejos de amedrentarse, la empresa salió a enfrentar la postura intimidante del gremio, que mantiene un acampe en las puertas del establecimiento desde hace 48 horas, ubicado en pleno centro y en el punto más alto de la temporada.

El último 26 de enero a las 9 de la mañana, el Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos se presentó en el Hotel Spa República, y decidieron “acampar” de manera permanente en la dársena de ascenso y descenso de pasajeros, en protesta por el presunto despido de una empleada, ocurrido el día anterior.

El gremio alegó que la mujer fue despedida tras presentar un certificado de embarazo. Sin embargo, desde la empresa afirman que “fue contratada como trabajadora eventual-extra”, figura prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo 389/04 aplicable a la actividad hotelera que regula expresamente la contratación de personal temporal, algo muy común en la hotelería. “Es más”, aseguran desde el hotel, “la chica nunca remitió telegrama laboral reclamando algún tipo de acreencia”. Y subrayan en forma tajante: “Jamás nos dijo que estaba embarazada”.

“Se denomina personal extra común al contratado al solo efecto de prestar servicios puntuales, transitorios y determinados”, asegura el CCT en su apartado 7.6. Y aclara: “Debido a que este personal convocado únicamente a los fines de prestar servicios puntuales…..eventualmente podrá acumular tiempo en sucesivas prestaciones para un mismo empleador, sin que dicha circunstancia pueda ser invocada como elemento de habitualidad o permanencia y/o que pueda ser utilizada como nota constitutiva de una relación laboral de tipo permanente”.

A pesar de ello, el mismo día del fin de la prestación, que le fue comunicada a la mujer  por intermedio de un acta notarial, el secretario general de UTHGRA, Pablo Santín, llamó al hotel y le dijo al gerente que “la trabajadora estaba embarazada de un mes y medio”, y que “si no la reincorporaba de inmediato le paraba el hotel por tiempo indeterminado”. Y así lo hizo.

La mujer había sido contratada el 17 de noviembre de 2021, a partir de “una necesidad extraordinaria, única, puntual, originada por la falta de personal a causa de las licencias tomadas por contagios de coronavirus, sumado a la alta ocupación de plazas del establecimiento hotelero por la temporada”.  

Es decir que, afirman desde la empresa, “supo desde el primer día que al ser extra, cuando el equipo de personal se reincorporara, su tarea finalizaba”. Según los registros de la AFIP, la mujer fue dada de alta el 17 de noviembre de 2021 en carácter de “trabajo eventual”, cesada el 31 de diciembre del mismo año, y nuevamente dada de alta el 5 de enero de 2022.

Efectivamente, existe un contrato laboral de trabajo eventual firmado tanto por la mujer, como por Guido Palena, gerente apoderado de la empresa. En la cláusula tercera, se asegura que “el presente contrato tiene carácter de eventual, y culminará una vez satisfecho el resultado concreto por el que se contrató al empleado”.

Ante la respuesta negativa del hotel para reincorporar a la mujer, Pablo Santín, acompañado de un grupo de personas, cumplió su amenaza y se “instaló” con bombos y trompetas en las puertas del complejo. Según afirma la denuncia, con dicha acción, los sindicalistas “impidieron el normal ingreso y egreso de pasajeros, colocaron gomas de vehículos prendidas fuego, tiraron bombas de estruendo, y “pegaron” sobre el frente del hotel banderas del sindicato y carteles agraviantes”.

“Podemos aceptar la protesta, lo que no toleramos es el patoterismo”, cuentan desde el hotel, y detallan que “desde un primer momento quisimos dialogar, pero el gremio no quiere”.

Prueba de ello es que durante la primera jornada de la protesta, se acercaron para mediar en el conflicto tanto el Presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, Jesús Osorno, como el Subcomisario de la Comisaría Primera. Pero ambos obtuvieron por toda respuesta por parte de Pablo Santín que “o la chica vuelve a trabajar o se quedan sin hotel”.

Debido a ello, la denuncia sostiene que “la metodología del sindicalista es manifiestamente ilegal, abusiva y desproporcionado”, añadiendo que “literalmente han paralizado al Hotel República”. Y revela: “El sr. Santín le dijo al Gerente que él iba a manejar el hotel si no hacían caso”, y que “si no hacés lo que yo quiero te lo cierro”.

La denuncia, que recayó en la UFI 7 a cargo del fiscal Leandro Arévalo, le pide a la justicia que “ordene el cese de la destrucción de bienes de la empresa, de la violencia verbal, auditiva, y amenazante”, y que “desaloje al sr. Pablo Santín y a su grupo de personas que impiden el ingreso y egreso de personas”.

El hotel Spa República fue creado hace más de 50 años, posee una planta permanente de 55 trabajadores, y es manejada comercialmente por la firma Ferentino S.A., registrada desde el 10 de marzo de 2014. La denuncia presentada lleva la firma del abogado Federico Javier Viadas.

El 2 de diciembre de 2021, en unas elecciones que merecieron mucha atención por parte de los medios locales, la seccional local de los gastronómicos, una de las más importantes del país, eligió nuevas autoridades. En el comicio se impuso Pablo Santin, el candidato de la Lista Verde opositora al histórico dirigente Luis Barrionuevo, de fuerte raigambre en Mar del Plata, por una diferencia de 198 votos contra Nancy Todoroff, quien era hasta ese momento la secretaria general de la UTGHRA local.

“Estas nuevas autoridades, frente a la existencia de conflictos laborales, cierran el camino del diálogo y deciden no atender el teléfono a empresarios que por más de 40 años han creado y preservado fuentes de trabajo en la ciudad y han contribuido con el pago de impuestos y aportes y contribuciones sobre la nómina salarial”, expresaron desde el sector, añadiendo que “se ha paralizado una industria sin chimenea, vital para la ciudad, mucho más luego de los daños causados a la actividad por la pandemia de coronavirus”, señalan desde el sector.

“¿No habrá llegado el momento de poner un límite legal a toda actividad violenta y patoteril?”, se pregunta la denuncia.