El viaje a China del presidente argentino la semana pasada tuvo diversas repercusiones políticas, especialmente como consecuencia de la firma del acuerdo para que Argentina se sume a la nueva Ruta de la Seda, iniciativa que viene siendo impulsada por Beijing desde hace casi una década. Una incorporación que vino acompañada de un financiamiento por US$ 23,7 millardos. Hasta aquí un tema de política exterior de Argentina. Pero hubo dos aspectos relativos a este viaje que alcanzan a la industria tecnológica local: la mención en los acuerdos de “programas de conectividad y fibra óptica” y la reunión del presidente, sobre el final de su viaje, con el CEO y fundador de Huawei. Quizás por esta conjunción es que no faltó quien interpretara que se trata de inversiones para el despliegue de redes 5G sobre equipamiento de Huawei, aunque en ningún momento se mencionó esto oficialmente.

Siendo que la especulación fue resultante del viaje presidencial a China, país que tiene un abierto enfrentamiento con los EE.UU. en muchos ámbitos, incluyendo el tecnológico en general y el 5G en particular, el factor geopolítico no podía estar al margen. Es claro que, desde hace unos años, los EE.UU. han sido activos detractores de Huawei, logrando que diversos países aliados adoptaran medidas de restricción al despliegue de equipamiento del fabricante chino, tanto en 5G como en otras tecnologías de telecomunicaciones. Presiones que llegaron a los oídos de funcionarios argentinos oportunamente, sin resultados a la vista.

Pero no se trata aquí de analizar cómo cada una de las potencias globales hacen valer sus intereses sino de intentar adelantar qué podría pasar en Argentina, donde la especulación también repercutió en el panorama político local. Yendo específicamente a lo que impactaría en el paisaje tecnológico local hay, al menos en teoría, tres escenarios: una prohibición a la utilización de equipamiento de Huawei, la imposición de la adopción de éste o que todo siga a grandes rasgos como hasta ahora.

Aunque sería el sueño de los EE.UU., la prohibición de usar tecnología de Huawei bajo el argumento de la seguridad nacional es muy improbable. Por lo menos en el corto y mediano plazo. Más allá de que la relación actual entre Argentina y China dista mucho de dar lugar a esta medida, también hay factores prácticos que indican que no sería un camino sencillo. Con tecnología de Huawei presente en las redes de todo tipo de operadores (desde los más grandes hasta los más chicos), “desterrar” equipamiento de este fabricante tendría altos costos económicos y de desarrollo de infraestructura.

Desde el punto de vista económico y técnico, una migración hacia otros fabricantes no es sencilla. Los operadores suelen necesitar el mismo proveedor para 4G y 5G (especialmente durante la transición entre una y otra tecnología), en parte para garantizar que no haya problemas de interoperabilidad. Cambiar a un nuevo proveedor con el despliegue de 5G suele significar sustituir también al antiguo proveedor de 4G y, por tanto, desechar la inversión realizada en 4G por el operador en cuestión. Esto es lo que asusta a las empresas de telecomunicaciones en cualquier lugar del mundo. A modo de ejemplo, en los EE.UU. se destinaron fondos para que pequeños operadores migren desde la tecnología Huawei hacia otras marcas. Pero, sorpresa, la movida tendrá un costo superior al estimado inicialmente. La FCC había previsto subsidios por US$ 1,9 millardos. Sin embargo, cuando comenzaron a llegar los pedidos de subsidios alcanzaron los US$ 5,6 millardos. Prácticamente el triple.

Adicionalmente, este desvío de fondos para reemplazar lo existente implicaría que haya menos recursos para expandir y mantener actualizadas las redes, con el consiguiente retraso tecnológico. Así, en el mejor de los casos se podría establecer una fecha, unos cuantos años por delante, para que los equipos de Huawei dejen de funcionar en las redes de los operadores, tal como hicieron algunos países en Europa. La idea es que la renovación se produzca en sus tiempos naturales, en la medida en que el equipamiento actual va resultando obsoleto. El objetivo aquí es minimizar el impacto económico y no promover un retraso tecnológico. No obstante, y volviendo al aspecto político del asunto, parece muy improbable que ocurra algo similar.

En el otro extremo, privilegiar la adopción de Huawei tampoco sería un tema sencillo. Políticamente resultaría insostenible la elección de favorecer a un proveedor específico por el alto costo para quien intentara imponer una medida semejante. Por otra parte, también tendría un impedimento legal: la ley Argentina Digital (promovida y promulgada durante la anterior gestión del actual gobierno, en 2014) expresa claramente en su artículo 1º que establece y garantiza la completa neutralidad de las redes. Dicho sea de paso, una definición legal que también podría ser un impedimento en caso de que éste u otro gobierno intentara prohibir a Huawei.

Entre ambos extremos (prohibirlo o imponerlo) hay un amplio espacio para diversos escenarios. Uno es que siga todo como está, donde los operadores tienen libertad total para elegir a sus proveedores basándose en consideraciones técnicas y/o económicas. No obstante, no habría que descartar que Huawei (así como otros proveedores de origen chino) cuente con el apoyo del gobierno e instituciones financieras de aquel país para ofrecer financiación blanda para sus ventas a operadores locales de todo tamaño, que son más de 1.000 en Argentina (que no sería para 5G sino para redes de telecomunicaciones en general). Una situación que a su vez podría incitar a una política similar por parte de los EE.UU., inclinándose así más por una estrategia de seducción que de imposición.

Como se puede observar, tanto imponer como prohibir un determinado proveedor en materia de telecomunicaciones no es tarea sencilla, ni barata, ni inmediata. Lo más indicado es dejar que sean los propios operadores quienes decidan, en base a múltiples criterios, cuál utilizar. Al final de cuentas, son los que mejor preparados están para tomar dicha decisión, no la política.