“Me asusté. Y en el mejor momento de mi carrera, decidí renunciar”. Quien pronunció hace pocos días estas palabras no es un cantante ni un deportista. Ni siquiera un periodista. Es un ex camarista federal denunciado y procesado por la justicia penal por los presuntos delitos de violación a los deberes de funcionario público y tráfico de influencias agravado.  

Se trata de Jorge Ferro, ex integrante de la Cámara Federal de Mar del Plata y subrogante del TOF de Bahía Blanca. La declaración del ex funcionario fue reproducida en el programa “Duro de callar”, emitido por Radio Del Plata y conducido por Tomás Méndez. El tema a tratar en la emisión radial eran los supuestos aprietes que habrían sufrido jueces y fiscales identificados con el kirchnerismo durante el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, el entrevistado siguiente fue el también ex camarista Eduardo Freiler.

Según los dichos del propio Ferro, fue “invitado” a renunciar por el diputado del PRO y miembro del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli, para que “disfrute de sus nietos y de sus viajes”. “Estaba muy cómodo tanto en la Cámara como en el Tribunal, y muy entusiasmado con los juicios por delitos de lesa humanidad que teníamos que tratar. Pero tuve miedo”, se defendió el ex juez.

La denuncia en su contra fue presentada en septiembre de 2016. Y su renuncia ocurrió en marzo de 2018, aunque continuó en sus funciones hasta el 30 de abril de aquel año. Ferro afirma que la acusación de la que fue objeto tiene relación con su denodada lucha por esclarecer los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar, la clásica muletilla de la que hizo gala el kirchnerismo.

Sin embargo, fue denunciado originalmente por el Ministerio Público Fiscal, a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, con Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá a la cabeza. Al comienzo, el por entonces camarista era investigado por trata de personas y lavado de dinero, además de tráfico de influencias. Cabe recordar que en aquella época la titular del MPF era la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó. Es decir, Ferro fua acusado por funcionarios designados durante el kirchnerismo.

La causa contra el ex juez ya fue revelada por este medio, pero a la luz de sus declaraciones, vale la pena volver a contar tanto los detalles de los hechos como así también algunos pequeños incidentes protagonizados por el hombre. Resulta evidente que Jorge Ferro pretende asumirse como otra víctima del macrismo, del law fare y de la “Gestapo”, al igual que el “Pata” Medina y que el nombrado Freiler. Cabe recordar que mientras este último nunca pudo explicar el notable incremento de su patrimonio, al líder de la UOCRA de La Plata se le encontraron bienes por más de 11 millones de dólares.

La investigación contra Ferro comenzó en el reconocido prostíbulo Madaho’s Pub, situado a escasos metros del Sheraton Hotel de la ciudad de Mar del Plata. El mismo fue habilitado el 15 de octubre de 1997 bajo el rótulo ‘bar nocturno’, y definitivamente clausurado el 19 de septiembre de 2014. El local era operado por la sociedad ROLAFA SRL, cuyos titulares eran Darío Navarro, Mario Lafalce, Mario Sasiain y Daniel Fay, estos tres últimos condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional en marzo de 2020, a través de un juicio abreviado.

A estos cuatro nombres se sumó el hombre clave de este entramado, Alejandro Ferrarello, conocido en la ciudad balnearia por ofrecer servicios jurídicos y contables sin poseer título habilitante de contador ni de abogado, en carácter de administrador del fideicomiso constituído sobre el inmueble en el que se desarrollaba la actividad. El abogado defensor de Ferrarello es César Sivo, quien también representa legalmente en algunas causas al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Según describía la denuncia, la operatoria diaria de Madaho´s consistía en la oferta de servicios sexuales de mujeres previamente seleccionadas y reclutadas. Los responsables se veían beneficiados económicamente a través del exorbitante precio de las copas que los asistentes debían abonar al ingresar al local y al invitar a las mujeres, ‘como requisito para concretar el comercio sexual señalado’. 

Los denunciantes afirmaban contundentemente que se estaba ante ‘la existencia de un grupo delictivo organizado, dado por los roles bien definidos que se ocupaban de la explotación de las víctimas, la permanencia de la actividad en el tiempo, y la magnitud de la explotación, en atención a que la cantidad de víctimas ascendió a más de cien (100)’. 

Tanto Ferrarello como los titulares del prostíbulo fueron procesados por el juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti por el delito de trata. Apelados los procesamientos por las defensas de los imputados, intervino la Cámara Federal que integraba Jorge Ferro.

De acuerdo al propio Ministerio Público de Gils Carbó, fueron los diferentes votos del ex camarista en las distintas instancias en que debió intervenir que permitieron inducir los vínculos entre aquel y el principal imputado, Alejandro Ferrarello.

Un hecho llamativo ocurrió el 2 de julio de 2015, cuando el tribunal de alzada resolvió declarar a la justicia federal como incompetente, remitiendo las actuaciones a la justicia provincial, aduciendo que los delitos a investigar debían ser ‘promoción y facilitación de la prostitución’ y ‘explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena’. Pero el MPF apeló el fallo y, en mayo de 2016, Casación decidió hacer lugar a dicha apelación, devolviendo lo actuado a la justicia federal.

En su voto, el dr. Ferro afirmaba, entre otras cosas, que, para que la acción de captación de la víctima se cumpla y pueda tipificarse el delito de trata, ‘el autor debe dirigirse a la víctima prometiendo una vida mejor o un trabajo’. A su vez, sostenía que ‘las mujeres que trabajaban en el lugar tenían amplia libertad horaria, no solicitaban permisos, no recibían sanciones, residían en sus viviendas, manifestaban tener su propio dinero, e inclusive el producido de los actos sexuales era para ellas (…)’, agregando que ‘los referidos testimonios de las mujeres habidas en el lugar coinciden en que no había ningún tipo de restricción, que estaban a voluntad propia (…)’. 

El 20 de abril de 2015, la justicia dispuso un allanamiento en el domicilio comercial de Ferrarello, donde se secuestraron -entre otros artículos- una computadora portátil y dos teléfonos celulares. Cuando la Cámara debió resolver sobre un pedido de restitución de dichos elementos al imputado, Jorge Ferro votó a favor de la solicitud, alegando que el secuestro de esos equipos era ‘innecesario y arbitrario’.

La División Apoyo Tecnológico Judicial de Policía Federal Argentina procedió al análisis de los teléfonos móviles, donde se descubrió que, entre los contactos de Ferrarello, se encontraba el Dr. Jorge Ferro. Entre el 25 de marzo y el 20 de abril de 2015 se detectan un total de 10 comunicaciones entre ambos.

La denuncia concluyó, tajante: ‘Todas las conversaciones telefónicas como los correos electrónicos encontrados darían cuenta que la estrecha relación personal y profesional que une a Alejandro Ferrarello y a Jorge Ferro datan al menos desde el año 2002′. Para tal aseveración, se basan en varios correos electrónicos analizados. ‘Los correos evidencian la mutua cooperación que existía entre ambos puntualmente en cuestiones profesionales: uno aparece asesorando a otro…‘. En dichos correos, ‘Ferro aparece recomendándole a Ferrarello antecedentes del tribunal para la solución de algunos temas, y adelantándole resoluciones que aún no habían sido firmadas para colaborar con su trabajo’. 

En el procesamiento contra el ex magistrado que dispuso el juez Santiago Martín en agosto de 2021, se afirma que “ha quedado debidamente acreditado, con el grado de sospecha que exige esta instancia, que el magistrado infringió los deberes a su cargo, de los que tenía cabal conocimiento al prestar juramento en su función primero como juez federal de primera instancia, y luego como camarista federal, atentando contra la independencia e imparcialidad en el desempeño de su función pública, al no cumplir con las leyes a las que estaba obligado en atención a su cargo de vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata”

La denuncia de 2016 señalaba a ‘Ferro terciando ante Ferrarello medidas dirigidas a afectar la función jurisdiccional de sus colegas en la Cámara, anteponiendo sus intereses privados”. En uno de sus párrafos más fuertes, aseguraba que ‘las conductas adquieren ribetes delictivos (…) El tráfico de influencias es un delito subjetivamente configurado y de estructura compleja (…) De los informes técnicos surgieron elementos que obligan a profundizar esta hipótesis delictiva (…)’.

Durante un tramo del proceso contra los dueños de Madaho´s, Jorge Ferro, siempre según la denuncia, intentó apartar al Juez Inchausti alegando ‘retardo injustificado de justicia‘ por no haber derivado la causa al fuero ordinario, cuyas penas son infinitamente menores,amenazándolo con denunciarlo ante el Consejo de la Magistratura, llegando a la conclusión que, ‘en la causa en cuestión, debía entender otro magistrado’. Sus colegas de la Cámara votaron en sentido contrario al de él. El pedido de recusación al juez había sido formulado por Alejandro Ferrarello.

En su descargo ante la Magistratura, siempre en relación a su vínculo con el operador, Ferro explicitó que ‘nunca fuimos a cenar, tomar café, como si fuésemos amigos (…) Cierto es que, al cabo de los años y esporádicamente, nos saludábamos ante un encuentro casual en la vía pública (…)’.

Pero los hechos parecen desmentirlo: ‘Feliz cumpleaños, viejito. Que lo pases bien, y andá pensándola cuando pagás una cena’, escribe Ferrarello al ex juez en un mensaje de la aplicación Whatsapp. ‘Hola Alejandro. Espero estés disfrutando al máximo las vacaciones. Acá, un frío de cagarse (…)’, replica Ferro al operador en un email.

 Derechos humanos y otros vínculos

‘Los imputados en dicha investigación (Madaho’s)”, proseguía la denuncia del MPF, “poseen una red de contactos y un nivel económico que les ha permitido continuar con una actividad que violaban flagrantemente los derechos humanos de numerosas mujeres que se han visto sometidas a estas prácticas de explotación sexual, bajo un manto de tolerancia pública’.

‘Dos razones me llevan a explicar los motivos de esta denuncia. La primera de ellas es mi actuación en causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos’, adujo Ferro en su descargo. Un dato no menor: fue nombrado titular del juzgado federal de la ciudad de Azul, a través del Decreto 445, el 27 de agosto de 1982 por el presidente de facto Reynaldo Bignone.

En el año 2006, fue denunciado también ante el Consejo de la Magistratura por haber ordenado detener ilegalmente a un puñado de personas, entre ellos a un cuidacoches en la vía pública (por haberle indicado que no estacionara su auto en doble fila), a un funcionario de la estación de tren (tras no haber atendido debidamente a su requerimiento), y a menores (por haber ingresado con una pelota de fútbol a su propiedad).

Pero, en la referida denuncia, también se consignaba que Ferro habría presionado y coaccionado a empleados y funcionarios judiciales. De acuerdo con el testimonio de 3 personas que supieron trabajar con él, el clima de trabajo con el camarista era insoportable: ‘Te enfermaba. Te tiraba 300 expedientes en la cara, y quería que lo resolvieras en el día. Como sabía que era imposible, después te c… a pedos por incumplir, y te sancionaba. Todos sus empleados terminaban con carpeta médica’, contó uno de ellos.

“Cuando comenzó a ser implementada una política judicial respecto a los derechos humanos, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se creó en la Cámara una Secretaría específica”, detalla el dr. Eduardo Balestena, una de sus grandes “víctimas”. Y continúa: “La Secretaría se llenó de contratados, todos conocidos y beneficiados de Ferro, y se convirtió, de buenas a primera, en un abanderado de los derechos humanos que intervenía en juicios por delitos de lesa humanidad, conformando otros tribunales y cobrando jugosas subrogancias”.

Uno de los TOF que supo subrogar, como ya se dijo, fue el de Bahía Blanca, junto a su colega y protegido Martín Bava, hoy subrogante en el juzgado de Dolores, cuyo titular fue Alejo Ramos Padilla.

Cabe recordar que el hoy juez electoral de La Plata subrogó durante 2015 en Bahía Blanca. Apenas tomó posesión del cargo, el 24 de junio de aquel año, inicio un sumario interno llamado “Irregularidades reorganización del Juzgado Federal 1”, ordenándole a su personal de confianza “Tareas de Reunión de Información”. Como instructor del expediente fue designado Jorge Ferro.

El 8 de octubre de 2015, el Consejo de la Magistratura designó a 4 jueces para subrogar en la Cámara Federal bahiense, todos ajenos a la jurisdicción: Alejandro Segura (San Justo), Roberto Lemos Arias (La Plata), el propio Ferro, y el flamante titular del cuerpo, Alberto Lugones, muy cercano al kirchnerismo. Dicho Tribunal lo integran cinco miembros.

El restante era Pablo Candisano Mera, que en 2021 le revocó un procesamiento a Lázaro Báez.