“Soy el juez y he venido dispuesto a erradicar la plaga que infecta y arrasa con el planeta. Voy a eliminar y a perseguir cada agresión a nuestra tierra”, Soy el fin, Plan 4.

La trama que se desarrollará en la presente columna tiene como inicio un acuerdo que tiene como protagonista al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, o quizá un poco antes, pero el coronavirus fue la gran excusa para la influencia.

Por caso, el 30 de abril del 2020, durante el inicio de la cuarentena dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el ministro Cabandié publicó un tuit en el que menciona: “Estuve en la empresa Arcillex que instaló una celda sanitaria de emergencia para el tratamiento de residuos patogénicos por el Covid-19”.

El problema es que cuando se empieza a adentrar en la empresa, se pueden hallar una serie de irregularidades que lleva a uno a preguntarse si el funcionario de primera línea realmente la recorrió.

Por empezar puede mencionarse que dicha firma no está autorizada para realizar el tratamiento de residuos patogénicos, sino que se dedica al “tratamiento, reciclado y disposición final de Residuos Industriales No Especiales (RINE) y Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”, nada que ver con  lo relacionado a, por ejemplo, residuos hospitalarios.

De hecho, no aparece en el registro de Centros de Tratamiento de Residuos Patogénicos que dispone el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

Al margen de ello, como podrá verse en el siguiente video, no hay tratamiento alguno de los residuos patogénicos, sino que los mismos son desechados al aire libre, con la bolsa color roja que caracteriza a este tipo de basura.

Un dato alarmante es, no solamente el gran daño ambiental que ello genera, sino además que estos desechos son tirados en una propiedad que consta de unas 18 hectáreas que no pertenece a Arcillex.

Estas hectáreas se ubican en la zona de José León Suarez y se contamina con residuos sin tratamiento, dado que para ello deben someterse a entre 850 y 1000 grados centígrados o pasar por un autoclave que elimina todo proceso infeccioso, algo que no sucede.

Hay que mencionar que no debiera ser tan fácil hacer dinero afectando el medioambiente a través del desecho de residuos sin tratamiento, ya que el Estado tiene organismos que se encargan de tal función, pero allí se encuentra, no solo la trampa, sino también el negocio.

Para que una compañía se pueda dedicar a este rubro especifico, debe contar con un Seguro Ambiental Obligatorio. El mismo es entregado, y lo fue exclusivamente por muchos años, por Testimonio, una firma cuyos dueños son los hermanos Gustavo y Fernando Mauro.

O casualidad, Arcillex S.A. pertenece al Grupo Mauro, también conformado por estos dos hermanos.

Pero hay una responsabilidad directa del Estado, y es aquí donde entra en juego la figura del ex presidente y actual ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti.

Según señala el medio La Política Online, “en 2014 hizo votar a la Corte en favor de los Mauro: En diciembre de ese año la Corte Suprema revocó una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que había suspendido la vigencia de las normas reglamentarias del seguro ambiental”.

El proceso judicial lo había iniciado la entonces presidenta Cristina Fernández en el año 2012, pero casi instantáneamente el juez federal Ariel Lijo trabó la decisión de la actual vicepresidenta.

Es dable destacar que Lijo tiene entrada directa a la Secretaría de Juicios Ambientales de la Corte Suprema, se trata de un organismo directamente responsable por el fallido saneamiento de la cuenta Matanza Riachuelo.

Según señala el mencionado medio, en una nota publicada en abril de 2017, el de los Seguros Ambientales es un negocio de más de 200 millones de pesos anuales.

Pero fue la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa “Lilita” Carrió, quien puso en conocimiento sobre los vínculos de Lorenzzeti respecto de los seguros ambientales. Fue mediante el pedido de juicio político que envió al Congreso a principios de abril del 2017.

“Este acápite es fundamental para entender el rol y el conocimiento de Lorenzetti en el manejo del cooperativismo no solo en lo que tiene que ver con las normas que regulan la administración de fondos de este tipo de figuras jurídicas sino también para entender cómo fue estructurado el negocio de los seguros ambientales que devino en concentración empresaria, especulación financiera y escasos resultados en relación a su pretendida finalidad de defender el ambiente”, se desprende del paper.

Pero para asombro de algunos, hay aún más vínculos entre Arcillex y la política. Resulta que el abogado de la empresa es Eduardo Rogotti, quien supo tejer vínculo con el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, en el marco del caso Urbani.

Se trata del asesinato del músico Santiago Urbani acontecido en 2008 en su casa ubicada en la localidad bonaerense de Tigre. En aquellos años el intendente era Massa y se mantuvo reunido con Rigotti, entonces patrocinante de la familia violentada.

Resulta ser más importante de lo que parece a primera vista los vínculos de los hermanos Mauro, los seguros ambientales, y personajes de alta talla de la justicia y la política argentina, ya que, como podrá notarse, hay en el fondo todo un entramado de armado de causas para que los damnificados por estos hechos puedan ser imputados y luego encarcelados.

Principio de culpabilidad

Si bien los detalles del armado de causas serán contados en una columna posterior, aquí se podrá dejar una breve introducción para entender de qué se trata el tema.

El propietario de las tierras que son utilizadas para depositar los residuos patogénicos por parte de la empresa Arcilllex S.A., que fuera patrocinada por el ministro Cabandie con el hashtag “Estado presente”, es un hombre llamado Guillermo Sanders.

Este sujeto entregó una parte de esa propiedad a otras dos personas de nombre José Luis Finucci y Carlos Alberto García Kalb.

Resulta que incluso tiempo antes del inicio de la pandemia, estas personas ya tenían ciertos inconvenientes con la empresa en cuestión en una suerte de puja por la propiedad. Es que Arcillex pretendía –y aún hoy pretende- quedarse con esas 18 hectáreas vírgenes de residuos.

El problema es que, entrada ya la etapa de aislamiento severo, con todo lo que ello implicó, la empresa pudo hacer uso de esas tierras. Tanto Finucci como García Kalb radicaron denuncia, pero luego no pasó nada.

Mejor dicho, los denunciantes pasaron a ser imputados y luego terminaron encarcelados, no sin connivencia de la Policía bonaerense y la Justicia. También en el medio se entromete una trama política.

Quien dude que Arcillex tiene llegada a la política solo debe observar la planta de tratamiento de residuos que funciona en Ensenada. Se trata de un proyecto que contó con una inversión de 300 millones de pesos en el esquema público-privado. Los inversores fueron CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) y Arcillex.

Dicho sea de paso, las 18 hectáreas en disputa se encuentran dentro del área del CEAMSE, es decir que junto a Arcillex, y –ya sea por acción u omisión- las autoridades locales, pretenden arrebatarle la propiedad a su legítimo dueño.

Como si ello fuese poco, utilizan maniobras jurídicas –que más adelante serán relatadas- para encarcelar y amedrentar a aquellos que osen denunciar, no solo la usurpación, sino también el gravísimo daño ambiental que genera el depósito de residuos patogénicos sin tratar.


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