En la columna anterior, desde Tribuna de Periodistas se hizo mención al negocio de los residuos patogénicos y el Seguro Ambiental Obligatorio, en el cual se encuentran inmersos el ministro de Ambiente Juan Cabandié, el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, entre otros.

Pero Además se hizo mención al armado de una causa que tuvo como fin amedrentar a aquellos que osaron denunciar, no solo el inmenso daño ambiental que se genera a través de la falta de tratamiento de esta basura, sino además una usurpación.

Se trata de la “toma” de 18 hectáreas por parte de la empresa Arcillex S.A., en lo que sería dentro del predio del CEAMSE, en José León Suarez, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

Lo que viene a continuación es de una gravedad inusitada, ya que tiene como raíz el vínculo de una empresa con parte de la dirigencia política, la connivencia con la policía y con la justicia con el fin de llevar a cabo maniobras de persecución e intimidación.

Antes de desarrollar esta parte de la información, es necesario aclarar que las 18 hectáreas a las que se hacen referencia pertenecen a un hombre llamado Guillermo “Pepe” Sanders, quien cedió parte de esas tierras a otras dos personas, los presos en cuestión: José Luis Finucci y Carlos Alberto García Kalb.

“Estoy secuestrado”, dice desde su encierro el hoy ya liberado García Kalb con el fin de graficar la situación en la que se encontró durante casi un año y medio. Los hechos de su detención “se basan en que fuimos denunciantes de la empresa Arcillex”, añadió.

Para entender el origen del conflicto, cabe destacar que Sanders está en las tierras antes que la empresa Arcillex, “estamos hablando de 1960 aproximadamente”, aclara “Charly”, como suelen llamar a García Kalb sus más cercanos.

“Fueron pasando los años y se radica la empresa Arcillex. Dado que Sanders tenía la posesión del campo en cuestión, que son 18 hectáreas, en un momento toma intervención el estudio jurídico que represento, comenzamos a trabajar con agrimensores para delimitar por medio de mojones la tierra”, explica.

Con el fin de hacer un acta descriptiva, “Charly” y Finucci se acercan a un escribano, y el primero comenta que al día siguiente “comenzaron los inconvenientes con Arcillex, la fecha la va a dar un allanamiento al mando del comisario (Walter) Manrique que se presenta en la tierra y con una orden como para hacer saber de una denuncia por usurpación”.

Walter Marrique (de frente) junto a Garcia Kalb (de costado)

Pero cuenta una serie de irregularidades, por ejemplo que “el comisario tenia custodia dentro de la empresa Arcillex, pero lo curioso es que se metía en tierra que no era de Arcillex, entonces ya era un tema de que entraba en un delito la comisaria”.

Por tanto, relata: “Yo lo que hago con Finucci es ir a la comisaría 4ta a alertar al comisario a que se ponga a trabajar como corresponde, porque nosotros estamos procediendo directamente con la justicia y no queremos un problema, y venía a alertar que trabaje a derecho. La contestación fue: ‘muchachos hagan su trabajo que yo are el mío’”.

En fin, todo indica que la Comisaría estaba procediendo de forma sospechosa, hasta que el comisario Walter Manrique es detenido los últimos días de diciembre del 2018 por parte de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

El marco es el encubrimiento de su segundo, Jorge Toledo, quien también fue detenido por liberar a un preso a cambio de la suma de 20 mil pesos. No es un hecho aislado, dicho sea de paso es un accionar que se da bastante seguido dentro de la policía bonaerense y sobre todo en lo referente a José León Suarez. Sin embargo ello se trabajará in extenso en una próxima columna, donde se desarrollará otra truculenta trama de corrupción policial.

Volviendo al tema a tratar aquí, cuenta García Kalb que en todo momento se puso a disposición a todo el mundo, incluyendo a José María Fernández, entonces secretario de Gobierno y Seguridad de la Municipalidad de San Martín.

Fernández resultó y resulta ser un tipo bastante oscuro, con antecedentes delictivos y vínculos con el narcotráfico. Lo vinculan con Miguel “Mameluco” Villalba, quien se hizo conocido en el caso de la cocaína envenenada en Puerta 8, pero a su vez quiso ser intendente de San Martín en 2011.

Campaña "Mameluco" Villalba 2011

También a Fernández lo señalan por estar conectado e incluso ser protector de Carlos Rolón, acusado por homicidio y negocios ilícitos como ser el líder de una banda narco.

Tras la salida de Manrique se sucedieron distintos comisarios que no quisieron, no supieron o no pudieron hacer nada al respecto. Incluso hay menciones sobre que uno de ellos, Gustavo Alberto Bazán, supo tener un “vinculo comercial” con Arcillex.

En fin, más allá de los testimonios que los mencionados le brindaron a quien escribe, existe un expediente que revela una maniobra no tan compleja que tuvo por objetivo encarcelar  y acallar a quienes en un principio denunciaron un grave daño ambiental.

La causa en la que quedaron imputadas seis personas tiene como excusa una coacción agravada. Cuatro de los trabajadores de Arcillex declararon en sede policial que los mencionados, entre otros, se acercaron a ellos diciendo que “se iba a pudrir todo” gestualizando la tenencia de armas.

Una situación que si se enmarca en la investigación carece, no solo de fundamento, sino de sentido.

“Dicen que todos nos agarrábamos la cintura. Nadie exhibió armas. No sabían quiénes eran los que estaban haciendo eso pese que había personal policial que estaba armado y de civil en el lugar. La figura penal que ellos buscaron poner con el hecho que describieron fue darle contexto a una causa que no fuera excarcelable. Buscaron los detalles de la denuncia para que esto esté enmarcado en un hecho buscando detener a los poseedores del lugar, como lo hicieron, para que ellos sigan con su negocio”, manifestó Franco Mandaradoni, abogado del SOFECA (Sindicato Obrero de Frigoríficos Empleados de la Carne) y uno de los imputados.

Uno de los argumentos más importantes que utiliza es que “cuando se realizan las detenciones hay más gente que figura en el acta de denuncia, a esa gente se le dio soltura incluyendo a alguno que le habían encontrado droga encima, lo notificaron por infracción a la ley de drogas y lo soltaron porque no estaba en el acta de denuncia. En la detención de José Luis (Finucci) figuran todos los que detienen y el resto, con la diferencia del acta de denuncia, los soltaron a todos”.

Lo que aquí explica Mandaradoni es que, a pesar de haber sido detenidos en el lugar de los hechos, aquellos que no habían firmado el acta de denuncia fueron liberados. Solo apresaron a quienes habían “acusado” a la empresa de estar cometiendo un delito, en este caso, de carácter ambiental.

Las supuestas amenazas acontecieron pasadas las 12 del mediodía del 13 de julio del 2020, lo curioso es que, no solo había presencia policial en el lugar, sino además que los supuestos amenazados no pudieron reconocer a sus agresores.

El día mencionado, las 17 horas, los operarios que dicen haber sido amedrentados declararon en sede policial y días más tarde en Fiscalía, no coincidiendo ambos relatos.

Dicho sea de paso, fue el propio juez de Garantías quien destacó que el testimonio de dos de los operarios de maquina no eran coincidentes. Pero no es todo, ya que dicha rectificación se realizó luego de haberse llevado a cabo las órdenes de detención.

Dicho sea de paso, Cristian Andrés Alija, uno de los operarios denunciantes, en su declaración inicial dice haber sido amenazado a eso de las 12 del mediodía cuando luego, en la ampliación, aseguró haber entrado a trabajar a las 16 horas y que recién a las 17 vio a los supuestos intimidantes.

Carlos Alberto Alfonzo, otro de esos denunciantes (cuya denuncia es prácticamente idéntica a la anterior) dice haber entrado a trabajar a las 14 horas.

Debe insistirse en dos cuestiones, la primera es que en el lugar había personal policial que no oyó amenaza alguna, y luego que, según la propia denuncia, los agresores habrían hecho seña de portar armas agarrándose la cintura, pero en ningún momento fue exhibida alguna.

Esto último es de gran relevancia, ya que no existiría agravamiento de la amenaza y por ende las prisiones nunca se hubiesen realizado.

Según relata Mandaradoni, “la realidad de los hechos es que el grupo de personas que concurrimos al predio lo hicimos cerca de las 12:25 horas del día 13 de julio del 2020 y ni bien llegamos al lugar, a los pocos minutos llegaron gran cantidad de preventores convocados por nosotros mismos, siendo invitados a ingresar al predio en el que verificaron documentación y a los que se les requirió el cese del flagrante delito (contaminación ambiental)”.

“Ante nuestro ruego es que se confeccionó un acta de denuncia que contrario a lo que vuestra señoría interpretó, no fue para identificarnos como autores o imputados de delito alguno, sino para lograr que cese y se investigue el delito ambiental”, continuó.

Y prosigue: “Lo reseñado en el párrafo anterior surge de la ampliación de testimonio presentado en sede Fiscal por el propio (comisario) Bazan, quien en varias oportunidades y a pesar de la insistencia de la Sra. Fiscal (Marcela Costa), quien preguntó si el acta fue una identificación o una denuncia, el uniformado se refirió al acta como la denuncia que realizamos los firmantes de esta, por los graves hechos que nunca fueron investigados”.

Acta de denuncia original

Con esto puede inferirse que, no solo Arcillex tiene llegada con la comisaría 4ta de José León Suarez, sino que además la justicia de San Martín cumple un rol fundamental al hacerle el juego a la bonaerense que allí ejerce.

No es casual el hecho de que la fiscal Costa le haya consultado insistentemente si el acta era de denuncia o de reconocimiento, ya que allí se expone la particular forma que tiene de obrar tratando de imponer el necesario relato que se intenta armar.

La trama sigue, porque como ya se contó en la columna anterior, altos dirigentes políticos y judiciales se encuentran en medio del negocio del tratamiento de residuos y, sobre todo, los Seguros Ambientales Obligatorios.

Pero además de fondo hay una trama de negocios ilícitos y narcotráfico, una novela tan espesa como complicada.


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