Si bien no cabe ninguna duda de que el DNU 690 fue la medida que viene marcando la gestión del actual gobierno en materia de telecomunicaciones, no menos cierto es que, con sus problemas, la industria tiene que seguir avanzando para mantenerse en un ritmo similar al global y poder ir satisfaciendo necesidades de la demanda. Entre los temas importantes que quedaron eclipsados a la sombra del DNU está el del espectro. Particularmente aquél destinado a servicios móviles. No se trata únicamente de pensar en 5G, sino también en potenciar el 4G, que todavía tiene muchos años por delante como tecnología dominante.

Pensar en 5G en lo inmediato en Argentina es ilusorio. Disponer de esta tecnología más allá de una etapa experimental, requiere de ciertas tareas previas todavía no completadas. A nivel infraestructura, es necesaria una mayor capilaridad de la fibra óptica, ya que será la principal forma para conectar antenas al backbone sin perder capacidad de transporte. Lamentablemente, por más que ningún nuevo despliegue cableado se hace en otra tecnología que no sea fibra, el crecimiento de su penetración comenzó a desacelerarse durante el 2020 y tuvo una fuerte caída en 2021, como se observa en las cifras publicadas por el Enacom.

A nivel técnico, la puesta a disposición de espectro para 5G debe incluir más específicamente aquél en la banda de 3,5 GHz. Se trata de la más popular para 5G, especialmente para los despliegues iniciales ya que es la que continuará dando servicios a los smartphones, más allá de que también pueda dársele otros usos. Las bandas bajas, cuando eventualmente estén disponibles (y estamos lejos de que sean las vísperas), servirán para el desarrollo masivo de IoT. Las bandas altas, o milimétricas, también apuntan a nuevos modelos de negocios, por ahora más cercanos a la conectividad fija que a la móvil por su gran ancho de banda, pero escasa cobertura. No obstante, el problema con la banda de 3,5 GHz es que todavía se encuentra lejos de poder estar disponible. En la ex SubSetic, que trabajó en el plan de espectro, estimaban que habilitar 3,5 GHz para su uso en 5G implicaría tener que resolver previamente unos 400 expedientes, habida cuenta de que en esa banda funcionan servicios fijos inalámbricos, de radiodifusión, móvil aeronáutico y hasta aficionados. De ser así, sería muy difícil que el tema esté resuelto en lo que queda de la actual gestión. Por supuesto, también hay que ver esto en el contexto del DNU 690, que se metió como cuña en la relación operadores-gobierno y cuya vigencia es un disuasor para grandes inversiones sin certezas de libertad de precios para su recupero.

Pero no sólo de 5G vive el hombre. 4G tiene mucho que dar todavía. Por lo tanto, en las mentes de los funcionarios del área se barajan alternativas de qué hacer con espectro disponible apto para esta generación tecnológica. En este aspecto, hay hoy dos lotes disponibles. Está aquél devuelto por Telecom recientemente, que era el remanente del excedente de la fusión entre Telecom (espectro de Personal) y Cablevisión (espectro de Nextel), y que suma 40 MHz en las bandas de 900 MHz y 2,6 GHz distribuidos en 298 localidades (no es espectro de alcance nacional). Por otra parte, está el espectro de 4G originalmente destinado al ingreso de un 4º operador pero que finalmente no logró asignar y que representa 130 MHz adicionales. El mismo fue reservado con “carácter preferencial” a Arsat, aunque más tarde, vía el DNU 58/2019 su status se modificó: se habilitó al Enacom para que asignara las frecuencias que Arsat necesite, aunque sin especificar cuáles, liberando de facto las previstas para el 4º operador. Sin embargo, se resolvió que como mínimo un 20% del mismo estaría a disposición de operadores regionales o locales, públicos o privados.

Combinando ambos lotes, se comenzó a explorar la posibilidad de licitarlos con la vista puesta principalmente en los 3 operadores móviles actuales habida cuenta de la baja probabilidad de la aparición de un interesado en convertirse en un 4º operador nacional. Una forma de retomar la asignación de espectro con frecuencias disponibles y que podrían aportar fondos a las necesitadas arcas del Estado. Una idea que, como en el caso de 5G, choca con los recelos por la vigencia del DNU 690.

Otra alternativa en estudio y discusión es la de reflotar en alguna medida el concepto de Libre.ar: un operador estatal que sería mayorista, ofreciendo su capacidad a PyME y cooperativas interesadas en ingresar más directamente al negocio móvil. Lo que sería distinto en esta ocasión es que ya no se fantasea con desplegar una red móvil propia, sino que la intención sería usar ese espectro sobre la infraestructura existente de los actuales operadores. No sería un OMV, ya que la característica de éstos es no contar con espectro, pero sí sería un operador sin infraestructura. Como la idea de poner a disposición antenas, radiobases y backbone a un competidor no seduce a las celcos, se baraja que sea moneda de cambio por modificar el DNU 690. Una negociación que no será sencilla. Además, políticamente no parece ser el momento más indicado para la creación de una nueva empresa estatal.

Todas estas ideas, sumadas al pedido que hiciera el vicejefe de Gabinete hace unos meses por una “desjudicialización” de las telecomunicaciones (en referencia a la multiplicidad de medidas cautelares obtenidas por diversos operadores), así como a las diferencias internas dentro del gobierno con relación a la razonabilidad del DNU 690, abren una pequeña luz de esperanza en cuanto a sino su derogación total, sí al menos a la eliminación de sus aspectos más controversiales. En el gobierno son conscientes de que se trata de un paso previo necesario si es que se confirman las intenciones de poner en juego espectro (sin importar si es para 5G o 4G), con lo que aspiran a lograr alguna recaudación en los tiempos de sequía financiera que se viven. Se vienen semanas de proyectos y negociaciones.