La provisión de alimentos a pacientes de hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, puede convertirse en el primer escándalo de 2009 para el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, si se concreta lo que muchos sospechan: que el acto licitatorio que se convocó para tal prestación será una formalidad que esconde una connivencia entre algunos oferentes y funcionarios con alta responsabilidad en su administración.

De acuerdo a fuentes calificadas consultadas por Tribuna de periodistas, los máximos responsables en la materia por parte del Gobierno de Macri serían el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta y el Director General de Compras y Contrataciones, Edgardo Cenzón, quienes desde el llamado a licitación de dicho servicio son los que mantuvieron estrechos contactos con las empresas que serán beneficiadas.

Según el cronograma previsto por la administración Macri, a partir de las 13 hs de este viernes se abrirán los sobres con las ofertas propuestas en cada pliego por parte de las empresas del rubro.

La licitación pública en cuestión es la Nº 2493/SIGAF/2008 – Expediente Nº 57.475/2998. Sin embargo, no fueron pocos los oferentes que cuestionaron la palabra “pública” en el llamado a licitación, dado que quien no cotizó no tuvo ningún tipo de acceso a la información, lo que en la práctica convirtió dicho proceder en un acto ”privado” o solamente reservado para quienes presentaron cotización.

Otro de los agravantes detectados fue que, según el pliego de contrataciones, quienes realizaron la oferta tenían un plazo de 10 días hábiles antes del acto licitatorio para efectuar alguna corrección o para modificar algunos puntos de la propuesta. Sin embargo, el Gobierno porteño anunció tal beneficio el día 30 de diciembre, a sabiendas de los feriados de fin de año y el viernes 2 de enero, día en que se dispuso un asueto administrativo para los empleados de la administración pública.

Cabe mencionar que el “pliego cerrado” para algunas empresas que resultarían beneficiadas esconde un negocio del orden de los 300 millones de pesos. El trabajo a brindar por parte de las empresas es el de la elaboración y provisión de alimentos para pacientes y personal autorizado de hospitales y centros de salud dependientes del ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los que se encuentran unos 28 hospitales de renombre, como el Cosme Argerich, Borda (Neuropsiquiátrico), Durand, Pedro de Elizalde (Niños), Fernández, Moyano, Gutiérrez (Niños), Ramos Mejía, Penna, Piñero, Santojanni, Sardá (Materno Infantil), y Tornú, entre otros de importancia, y alrededor de unos 30 centros de salud dispuestos en los distintos barrios de la ciudad.

Sin embargo, y respecto a las supuestas “anormalidades” y “vicios” observados en el armado del pliego, se pudo saber que se han impuesto algunas condiciones que atentan contra las pequeñas y medianas empresas, dado que para poder prestar el servicio de comidas hay que contar con unas instalaciones imponentes y una logística digna de película.

Entre las arbitrariedades encontradas, se mencionan las “condiciones” que deben tener las plantas elaboradoras de los prestadores que se presentaron en el llamado a licitación. Al respecto, se menciona el sistema de puntaje, como ser: 2 Puntos para las plantas menores a los 300 metros cuadrados; 6 Puntos para las de 300 a 600 metros cuadrados; 8 Puntos entre 600 y 900; y 10 Puntos para las plantas que superen los 900 metros cuadrados.

“Con condiciones como esas, es evidente que todo está armado en contra de las pequeñas y medianas empresas”, señaló una de las fuentes consultadas, para luego ejemplificar que “también exigen que el promedio de los últimos dos ejercicios contables sean de un millón y medio de pesos para apenas sumar 5 Puntos”.

“Por supuesto que, quien tenga un patrimonio neto en sus últimos dos ejercicios contables que supere los cuatro millones de pesos, tendrá 20 Puntos a su favor, lo que levanta más sospechas contrarias a las PyMES en este llamado a licitación”, agregó otro de los voceros.

De tanto condicionar a las pequeñas y medianas empresas, los funcionarios en connivencia con algunos empresarios logran su cometido, que es que el servicio licitado quede en manos de cuatro o cinco empresas “amigas”.

¿Esta era la nueva política del macrismo?