Aprobado el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado, no hay tiempo formal para que la modificación sea ley antes de que venza el plazo perentorio dado por la Corte Suprema de Justicia. Por más buena voluntad que ponga la Cámara baja, es imposible que el tema esté resuelto para el 15 de abril, fecha límite impuesta en el fallo de la CSJN que en diciembre pasado dictó la inconstitucionalidad de la norma vigente.

La pregunta es si existe buena voluntad de parte del oficialismo y si la Corte Suprema la percibe para en todo caso ampliar esta semana el plazo, para evitar la situación conflictiva que impondría la parálisis del Consejo de la Magistratura vigente.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, deberá lidiar con esta situación complicada, una de las tantas heredadas a partir de la renuncia -el 31 de enero pasado- de su antecesor en el cargo, Máximo Kirchner. Y ni bien el proyecto del Ejecutivo tuvo media sanción en el Senado, el santafesino dejó claras las dificultades al hacer hincapié en el tiempo exiguo que queda para el vencimiento del plazo: 4 días hábiles. Se refería al viernes 8 de abril, el lunes 11, martes 12 y miércoles 13. Después arranca Semana Santa, pero si no hubiera estado el feriado, tampoco hubiera alcanzado el tiempo con dos días más.

Más tarde Germán Martínez escribió otro tuit que incluía una suerte de pase de factura al Tribunal Superior: “El expediente sobre constitucionalidad de la ley actual entró a la Corte el 22/08/2017. El fallo salió el 16/12/2021. 1.577 días de análisis”, enumeró el santafesino.

Así las cosas, concluyó Martínez, “Diputados tiene solo 4 días hábiles para aprobar una nueva ley, según el plazo fijado por la misma Corte”.

Tan ciertos son los datos del jefe del bloque oficialista, como que el Frente de Todos demoró en el Senado 106 días para comenzar a discutir el proyecto que el Poder Ejecutivo ingresó por Mesa de Entradas de esa Cámara el 7 de diciembre de 2021, en vísperas del fallo de la Corte Suprema.

Si bien el presidente incluyó la cuestión en el temario para sesiones extraordinarias, el tratamiento en el Senado recién comenzó el 22 de marzo de 2022. Ahí están los 106 días de demora: 15 semanas, para más datos.

Lo cierto es que más allá de los tiempos tan acotados, en la Cámara baja el oficialismo tampoco ha mostrado premura para avanzar con el debate del proyecto proveniente del Senado. Ni siquiera han convocado aún a constituir las comisiones que deberán ocuparse del tratamiento: Asuntos Constitucionales y Justicia. La primera era presidida hasta el 10 de diciembre pasado por el pampeano Hernán Pérez Araujo, y la segunda por el diputado de La Cámpora Rodolfo Tailhade, quienes todavía no han sido ratificados desde el propio oficialismo sobre si mantendrán esos cargos.  

Más allá del debate interno que atraviesa el Frente de Todos desde la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque y las dudas respecto de si le será respetado el lugar que ocupaba a Rodolfo Tailhade, un verdadero halcón judicial del kirchnerismo duro, la oposición tiene sus propias dudas.

Amén de los proyectos diversos que varios de sus miembros presentaron en el último tiempo para reformar el Consejo de la Magistratura, en Juntos por el Cambio está alineados con la iniciativa que habían unificado en el Senado para tener un organismo integrado por 20 miembros, presidido por alguien de la Corte Suprema de Justicia. Este último detalle es resistido con pasión desde el oficialismo, al que no le alcanzan los votos en la Cámara baja para imponer la sanción del proyecto aprobado en el Senado.

Por eso dependerá de “los bloques del medio”, donde el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos. Precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.

Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 integrantes, donde Graciela Camaño -quien integra además actualmente el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo, mas no presidiéndolo.

Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en Diputados para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.

Fuentes consultadas por parlamentario.com aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el FdT a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por un Senado que a los miembros de JxC no le dan mayores garantías.

– Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó parlamentario.com.

– Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.

Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.

“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.