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El kirchnerismo estudia atajos legales para acceder a tierras y bajar el precio de los alimentos

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“El viernes arranca la guerra contra la inflación, vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden”, anunciaba el Presidente Alberto Fernández el martes 15 de marzo de este año, cuando el índice de precios subía durante febrero 4,7% y los alimentos , 7,5%. Casi dos meses después, la situación fue empeorando.

 

El último informe del INDEC sobre lainflacióndio cuenta de que el incremento de precios registrado en marzo de 2022 fue del 6,7%, convirtiéndose en el más alto de los últimos 20 años. En este escenario se destacó el precio de los alimentos, que aumentó un 7,2% en relación con febrero último y un 59,7% interanual. Los propios funcionarios del gobierno admitieron que los datos de abril no vienen “nada bien”.

En este contexto, y con un oficialismo partido en dos, no se deben descuidar algunos asuntos que si bien carecen de una alta exposición pública, pueden cobrar una significativa importancia en el corto plazo. Mucho más a partir de los fuertes embates contra el ministro de Economía Martín Guzmán y contra el propio Presidente que ha decidido llevar adelante el kirchnerismo más radicalizado, aquel que responde a la vicepresidente Cristina Kirchner.

Es que los sectores alineados con la ex presidente niegan sistemáticamente que el aumento de los precios esté relacionado en forma directa con la alta emisión monetaria. Y a partir de ello, buscan las fórmulas más extrafalarias para combatir la inflación, en especial la vinculada a alimentos.

Y allí es donde habría que poner el foco.

En un artículo recientemente publicado en el diario oficialista “Página 12”, se planteó claramente la cuestión. “Un análisis más exhaustivo de la formación de los precios de los alimentos en la Argentina, sobre todo ante un avance tan agresivo de la inflación, muestra que un problema clave se encuentra en la estructura cada vez más concentrada no sólo de la industrialización de alimentos y la comercialización, sino también de la producción”, asegura el texto.

Y agrega: “El modelo de producción primaria en Argentina ha sufrido una transformación brutal, que hace que a la vez se eleven los volúmenes de producción pero se reduzca la cantidad de productores agropecuarios”.

En el mismo artículo, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Luis Contigiani, afirma que “si queremos hacer las cosas bien, defender la agricultura con productores, detener el desarraigo rural, hay que revertir la concentración agraria generando un plan de desarrollo agrario más inclusivo y competitivo, y no hay otra forma que no sea a través del cooperativismo”.

El cordón frutihortícola de Mar del Plata y Sierra de los Padres es uno de los más importantes del país, y el segundo en importancia de toda la provincia de Buenos Aires. Algunos números son contundentes al respecto: la zona exporta al mundo cerca de 200.000 kilos de frutillas por año, y el 80% de la producción de kiwi de Argentina proviene de dicha región, generando, según estadísticas de la Municipalidad de General Pueyrredon, más de 20 mil puestos de trabajo. A su vez, se cultiva una cantidad variada de frutas y verduras.

No son pocos los que parecen haber posado la mirada hacia allí, impulsando numerosas denuncias por trata laboral, con el objetivo solapado de quedarse con las tierras.

“En esta jurisdicción, la política criminal de presunta lucha contra la trata laboral, se ha convertido en una política de actuación que, a los productores rurales, los persigue, los roba y, por último, los desapodera de la tierra, sin causa alguna que lo justifique”, había denunciado el 17 de febrero de 2022 el fiscal ante el Tribunal Oral de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani.

En el año 2010, apareció en la escena nacional la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), cuyo máximo referente es Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central de Buenos Aires desde marzo de 2020, y un hombre muy cercano a Máximo Kirchner. De hecho, el hijo de la vicepresidente fue quien impulsó su designación.

La UTT nuclea a más de 22.000 familias productoras de alimentos, con representación en 18 provincias del país. En Mar del Plata, donde inauguró hace pocos meses un local a dos cuadras de la Municipalidad, ha adquirido una importante representación: se estima que en sus filas hay más de 2.000 productores. De acuerdo a información oficial, casi ninguno de ellos es propietario de la tierra que cultiva sino que la alquila, viviendo en esos mismos terrenos.

De acuerdo a fuertes del sector consultadas por este medio, “la UTT se ha transformado en un brazo kirchnerista que les ofrece planes a los que trabajan la tierra para captarlos y pasar a dominarlos. Atrás de eso vienen las denuncias para quedarse con sus quintas”. Un importante productor local asegura que la organización “posee claramente dos patas, la productiva y la política. El tema pasa por entender que el 80% de sus miembros son medieros. Ahí radica su poder”.

Según la definición, “la mediería es una relación de asociación en la cual el propietario de tierras aporta una finca rural y un agricultor, llamado mediero, aporta su trabajo y herramientas, y entre ellos se ponen de acuerdo en cómo se distribuirán los ingresos”. Al ser en su gran mayoría medieros, algunos referentes de la UTT estarían ejerciendo sobre ellos una fuerte presión para que a su vez hagan lo suyo frente a los dueños de las quintas.

La UTT articula con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), donde militan, entre otros, Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y el amigo papal Juan Grabois, quien promueve una reforma agraria y supo decir, para fomentar el acceso a la vivienda, que “la solución más inteligente es lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.

Justamente, tanto el Movimiento Evita como la organización de Grabois ya tienen representación en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón, a través de los ediles Roberto “Tata” Gandolfi y Sol de la Torre, esta última también ex funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar. La ley 27118, que declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena, fue promulgada el 20 de enero de 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner. En la misma también se hablaba de lograr la soberanía alimentaria, y fue uno de los ejes discursivos de Grabois.

Los postulados de la UTT no parecen dejar dudas. En su página web, se afirma que “somos quienes producimos los alimentos pero la tierra está concentrada en muy pocas manos que solo exportan y generan ganancias multimillonarias para ellos”, añadiendo que “la tierra es para quien la trabaja y produce, el acceso a la tierra es fundamental para la soberanía alimentaria”.

En la misma línea, reafirman que en la Argentina hay “poca gente con muchísima tierra, ganancias extraordinarias y que no generan empleo, en un país con hiperconcentración urbana, empobrecido y envenenado”

Así mismo, de acuerdo siempre a su web, informa que “más de la mitad de la agricultura familiar se ve obligada a alquilar tierras para producir en los cordones frutihortícolas este indicador puede alcanzar el 90%Es por ello que, indican, presentan iniciativas como la Ley de Acceso a la Tierra: “Si accedemos a la tierra propia mejoramos nuestras condiciones de vida, mejoramos la calidad de la alimentación del pueblo y enriquecemos nuestros suelos degradados”, aseguran.

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra fue presentado por tercera vez el 22 de octubre de 2020, con el respaldo de Alberto Fernández. El Presidente había recibido en febrero de 2020, es decir un mes antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, a una delegación de la UTT, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Federación de Cooperativas Federadas, donde les habría expresado su apoyo al proyecto.

Pero pese al respaldo presidencial, el proyecto nunca obtuvo dictamen de comisión y con el recambio legislativo luego de las elecciones 2021, la iniciativa parece diluirse. Pero pese a ello, el debate vuelve a instalarse, mucho más ante la ruptura oficialista y con los alarmantes índices inflacionarios.

El proyecto de ley propone crear una línea de créditos para que los productores de la agricultura familiar puedan comprar tierras rurales. Por otra parte, apunta a crear un banco de tierras, es decir que el Estado destine parte de las tierras públicas ociosas a ser vendidas mediante ese sistema de créditos blandos.

Pero el kirchnerismo es especialista en forzar la ley hasta el límite, y tal vez esté explorando otros caminos para bajar una inflación que amenaza su estabilidad en el poder.

Desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, cuestionan el rol del propio Gobierno para bajar los precios. “Pareciera que la única función del Estado es sentarse a negociar cupos y retenciones, mientras los argentinos y argentinas siguen pagando la canasta básica alimentaria a un precio exorbitante. Algo que, más temprano que tarde, inevitablemente se traduce en resultados electorales”, aseguran.

El mencionado Nahuel Levaggi, en febrero de 2021, fue claro: “Si se quiere bajar el precio de los alimentos hay que cambiar el modelo. El acceso a la tierra está a precio dólar y por eso es necesario un Procrear rural, que permita democratizar el acceso a la tierra”, señala. Y reafirmó: No hay forma de bajar los precios sin descalzar al dólar de la producción de alimentos y eso significa salir del modelo, el de la concentración de la tierra en pocas manos”.

El dirigente cercano a Máximo Kirchner volvió sobre los mismos conceptos hacia fines del año pasado, cuando aseveró que la salida para resolver los precios de los alimentos y  modificar el modelo actual son laspolíticas activas de planes ganaderos y la implementación de un plan nacional frutihortícola:“Una producción descalzada del dólar, de la exportación, aumentar los niveles de producción, tanto en carnes como en fruta y verdura, necesitamos multiplicar la cantidad de hectáreas de producción frutihortícola y de cabezas de ganado porque tenemos todo un sistema productivo y agroalimentario calzado al dólar y a la especulación, comentó Levaggi.

Mientras estos reclamos avanzan, se acumulan en la justicia federal de Mar del Plata una gran cantidad de causas por presunta trata laboral mayormente en las quintas del cordón frutihortícola de la zona, algo que llama poderosamente la atención, tal como se viene contando desde este medio.

Denuncias motorizadas fuertemente por la propia UTT y el Comité contra la Trata que dirige Gustavo Vera, fundados de la ONG “La Alameda”, que se especializó en este tipo de denuncias.

El 27 de abril de este año, en las oficinas administrativas del Mercado Central se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

En palabras más sencillas, confluyeron en un mismo espacio Nahuel Levaggi y Gustavo Vera.

 

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