Por detrás del proyecto de ley presentado en la legislatura porteña en las últimas semanas por la agrupación Inquilinos Agrupados, que propone la prohibición de viviendas vacías por más de 90 días y la creación del Sistema de Alquiler Protegido, asoman, tal vez, inquietantes coincidencias conformando un escenario que se asemeja bastante a un “trabajo de pinzas”.

Si bien la idea apunta a la ciudad de Buenos Aires, de prosperar la misma no se tardará mucho tiempo en intentar aplicarla a otras grandes jurisdicciones, especialmente dentro del territorio bonaerense, como el conurbano, La Plata, Bahía Blanca o Mar del Plata.

En este contexto, caben mencionar las diversas tomas de terrenos que se vienen sucediendo en la ciudad balnearia.

La iniciativa es muy controvertida. La misma determina que “toda vivienda vacía por más de 90 días ingresa de forma obligatoria al Sistema de Alquiler Protegido”. A su vez, sostiene que “las viviendas que ingresen al alquiler protegido serán alquiladas y administradas por el IVC (Instituto de la Vivienda). El precio del alquiler será equivalente al 1% del valor fiscal”.

En la ciudad de Buenos Aires, según el censo de 1991, había 40.000 viviendas vacías. Para el 2010, la cifra había alcanzado a 341.000. Según Inquilinos Agrupados, este número ubica a la ciudad en el primer lugar del ranking de cantidad de viviendas vacías por habitante.

Pero atención con este dato. Según el censo 2010, en el distrito de General Pueyrredon, cuya cabecera es Mar del Plata, había 106.365 viviendas deshabitadas sobre un total de casi 308.000. Es decir, un 35%.

El titular de la agrupación es Gervasio Muñoz, quien salió a defender públicamente el proyecto. Aquí conviene detenerse.

El 7 de diciembre de 2018, se lanzó en CABA un nuevo espacio político, llamado “Tres banderas”. Quienes presentaron el lanzamiento fueron Juan Grabois, Gabriela Cerpineti, y el mencionado Gervasio Muñoz. La flamante agrupación se integraba al Frente Patria Grande, de Grabois, que fue lanzado justamente en Mar del Plata.

“Tres Banderas está integrado por aquellos sectores que cotidianamente nos enfrentamos al modelo de ciudad de Larreta y que estamos al margen de las representaciones políticas tradicionales”, explicó Muñoz. Y agregó: “Nos conformamos como espacio político porque queremos disputar de verdad la ciudad. Queremos darla vuelta y para eso tenemos que convencernos de que vamos a ser nosotros los que saquemos a Larreta de la ciudad.”

Y prosiguió su embestida contra el jefe de gobierno porteño, que aspira a la presidencia de la nación por parte de Juntos por el Cambio: “La Ciudad de Buenos Aires es el centro del proyecto neoliberal de la Argentina”, remarcó. Y además dijo: “El año que viene es fundamental que Cristina sea presidenta. Latinoamérica nos está mirando y depositando expectativas en Argentina”.

La coincidencia entre Muñoz y Grabois no es un dato más. En las últimas horas, se produjo en la ciudad de Mar del Plata una nueva toma de terrenos por parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), en un predio municipal. Dicha agrupación fue fundada por Juan Grabois.

La presencia del MTE en la ciudad es muy fuerte. Frente a la Municipalidad, se puede ver a sus integrantes controlando numerosos puestos de una feria rodeando toda la plaza central.

El domingo 23 de octubre pasado, un grupo de personas usurpó terrenos municipales en el barrio Las Heras, en el predio de la Avenida Fortunato de La Plaza, entre Guerrico y Reforma Universitaria, con el objetivo de construir viviendas en el lugar. Luego de ello, demarcaron los lotes con palos, hilos y hasta instalaron carpas.

El tema se judicializó, ya que el Intendente Guillermo Montenegro se presentó ante la Justicia, en la fiscalía N°12, como particular damnificado, para explicar la situación y “poniendo a disposición toda la documentación con la cuenta el municipio”. El fiscal Juan Pablo Lódola acompañó el pedido.

La denuncia municipal estuvo acompañada por un informe realizado por OSSE, la compañía prestadora de agua, el cual señala que “en el predio opera un cuenco de amortiguación hidráulica que forma parte del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible para el manejo de los excedentes de aguas pluviales de la ciudad”.

“Ese cuenco puede filtrar, acumular, reciclar, drenar y retardar la llegada directa del caudal de las precipitaciones. Es decir que es fundamental para evitar inundaciones”, precisaron.

A pesar de ello, en primera instancia, el juez de Garantías Saúl Errandonea rechazó el pedido de Montenegro para desalojar los terrenos tomados al entender que la presentación no contaba con la suficiente información sobre los usurpadores y la situación, a la vez que abogó por una “solución pacífica”.

Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó en las últimas horas la decisión de primera instancia y ordenó el desalojo de los terrenos.

Pero el procedimiento no será rápido. Es que los magistrados Pablo Poggetto y Raúl Paolini le ordenaron al juez Errandonea que disponga el momento en que se retirará a las personas del predio, pero resolvieron que se disponga de un plazo razonable para que puedan dejar el lugar de manera voluntaria.

Nadie duda que detrás de la toma está el MTE de Juan Grabois, cuya cara visible es la dirigente social Micaela González. Las usurpaciones por parte de esta agrupación no son nuevas.

El 25 de abril de este año, un numeroso grupo del MTE comenzó a cercar un enorme predio originalmente donado por la familia fundadora de Mar del Plata para la construcción de escuelas. Los militantes sociales lo hicieron a partir de un permiso otorgado por el propio Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional a través del área pertinente y del Consejo Escolar del distrito.

Ello derivó en un conflicto de proporciones que aún continúa, más allá de que ya comenzaron los trabajos de delimitación de calles y loteos. Allí se planea la generación de 56 lotes para viviendas, espacios verdes, de recreación, y “equipamiento comunitario”.

Dicho conflicto no terminó, ya que en las próximas horas se podrían producir importantes novedades.

El rol del Instituto de la Vivienda

El 10 de junio de 2020, fue designado al frente de la Delegación del Instituto de la Vivienda en Mar del Plata Mariano Zurita, maestro mayor de obras, quien dijo al asumir su nueva función que se propone “bregar por la política habitacional en la Provincia de Buenos Aires. Y para eso necesitamos trabajar en la articulación con los diferentes actores sociales”.

Según la web oficial, dicha Delegación “fomenta, proyecta y desarrolla la política habitacional que implementa el Instituto, manteniendo un contacto regional y permanente con las entidades que buscan dar respuesta a la demanda habitacional, en los Municipios de su área de influencia”.

En este caso, se trata de los municipios de Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez, La Costa, General Alvarado, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Pueyrredón, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tandil y Villa Gesell.

En las últimas horas, circuló un video donde dónde Amelia Carabajal, militante del Movimiento Teresa Rodriguez (MTR), asegura que Mariano Zurita, le mostró mapas en dónde estaban los terrenos que ellos podían usurpar, “alentado” a las organizaciones a la ocupación de tierras. Dicho episodio mereció una denuncia por parte de un grupo de concejales oficialistas.

El propio Zurita salió a decir que el video en cuestión pertenece a una marcha vieja, de comienzos de septiembre, donde el organismo que él maneja fue el blanco del reclamo. Pero las sospechas existen.

El último 23 de junio, distintas organizaciones barriales de izquierda se movilizaron a la sede del gobierno local de Guillermo Montenegro en reclamo de tierras municipales para poder llevar adelante un plan de viviendas prometido desde Provincia.

Cabe recordar que, según reveló el diario Clarín, el Gobierno benefició a 291 asociaciones y 204 cooperativas con el giro de más de $10 mil millones desde el inicio de mandato de Alberto Fernández.

“Se trata de fondos que no están incluidos dentro de los programas centrales de asistencia social, que engloban recursos aún mayores, y que surgen de pequeñas estructuras ministeriales, giros directos a los piqueteros, con los que se financia el funcionamiento de esas organizaciones sociales”, afirmó el matutino.

Días antes, las agrupaciones que encabezaron la protesta -Movimiento Teresa Rodríguez, CUBA-MTR, Cooperativa A Trabajar, Barrios Unidos en Lucha, Movimiento Argentina Rebelde y el Polo Obrero-habían entregado un petitorio al secretario de Obras de la Municipalidad,Jorge González.

Dicho petitorio, según explicaron las organizaciones, estaba centrado en que el Municipio aporte las tierras necesarias para que desde la delegación local del Instituto de Vivienda de la Provincia, a cargo de Zurita, bajen el financiamiento para la construcción de 45 viviendas, frente a un déficit que estiman afecta a 20.000 familias en General Pueyrredon.

“Sabemos de buena fuente que hay tierras, que por ahí no son óptimas para un plan de viviendas pero que hay salpicados en la ciudad donde entran dos o tres viviendas. Tenemos el compromiso de Provincia de que nos van a bajar el financiamiento pero nos meten en la interna de ellos, dicen que el municipio tiene que pedir el proyecto y poner la tierra“, explicaron.

Como se aprecia, el conflicto se viene fomentando hace tiempo.

De hecho, el 22 de junio de 2021, el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, publicó un informe donde afirmaba que había en aquella fecha “57 barrios populares en el Municipio de General Pueyrredón. Estas zonas la constituyen villas, asentamientos y urbanizaciones informales precarizadas, con un mínimo de ocho familias residentes y donde más de la mitad de sus habitantes no tienen acceso formal a dos de los servicios básicos ni título de propiedad del suelo”.

Por su parte, el Observatorio Madre Tierra, que lleva un registro de villas y asentamientos en la provincia de Buenos Aires, contabiliza 80 barrios populares en el distrito, en los que residirían 7.165 familias. La superficie total de estos asentamientos sería de 328,25 hectáreas, ubicados en la ciudad de Mar del Plata, Batán, Sierra de los Padres y Chapadmalal. Por otro lado, según los datos del RENABAP, son 8255 las familias que viven en los barrios populares. 

Y en los últimos meses, hubo más señales de lo que se venía. 

El Ejecutivo local viene sufriendo fuertes presiones por parte del gobierno nacional para que ceda terrenos para la construcción de viviendas. Lo hizo a través del titular de la secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini: “Le dejamos el desafío al intendente Guillermo Montenegro, necesitamos el acompañamiento local para coordinar y generar más terrenos y loteos en Mar del Plata”, afirmó el funcionario.

Luego se sumaron voces desde el bloque de concejales del Frente de Todos, que le solicitaron a la comuna que adhiera al Plan Nacional de Suelo Urbano, con el objetivo de disponer de más lotes y terrenos que puedan incluirse en futuros sorteos del Plan Procrear.

Por su parte, la concejal kirchnerista Sol de la Torre presentó en el HCD del distrito un proyecto de comunicación a través del cual le solicita al Departamento Ejecutivo que se incorpore al Plan Nacional de Suelo Urbano, creado por Resolución 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

La mencionada edil kirchnerista está muy vinculada a Juan Grabois, y fue funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Grabois, de estrecho vínculo con el Papa Francisco, ya había avisado, cuando dijo que “la solución más inteligente es lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y darle a la gente para que se haga su casa”.

El discurso de Bergoglio aquí juega un rol fundamental.

Hace poco tiempo, en la apertura de la centésimo novena Conferencia Internacional del Trabajo, pronunció una frase temeraria, pero que expresa claramente su pensamiento más profundo. “La propiedad privada es un derecho secundario que depende un derecho primario entendido como “el destino universal de los bienes”.

En dicho contexto, todo puede pasar.