“Desde la intervención buscamos avanzar rápidamente en llevarle el gas a todos los argentinos y las argentinas. Por eso hemos pedido a las distribuidoras y transportistas el listado de obras que fueron postergadas y paralizadas por el gobierno de Macri”, había señalado el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, el 4 de julio de 2020.

Una de esas obras aludidas por el funcionario es el gasoducto de la Costa Atlántica, sobre el cual la administración de Alberto Fernández no hizo absolutamente nada. Pese a que ya pasaron casi dos años de aquellas palabras.

Bernal fue más allá en ocasión de aquel discurso, que justamente se hizo para anunciar la reactivación de los trabajos: “Estamos trabajando para reactivar rápidamente aquellas obras paralizadas que ya tienen un alto índice de ejecución, sin que ello implique un recargo ni un nuevo concepto en la tarifa”, aclaró.

Pero la secuencia de los hechos no deja muy bien parado al dirigente kirchnerista.

El gasoducto fue formalmente anunciado el 10 de septiembre de 2015, pocos meses antes del fin de mandato de la entonces Presidente Cristina Kirchner, en un acto encabezado por el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Pero los trabajos comenzaron durante el gobierno de Cambiemos, donde la obra alcanzó un 90% de terminación. La misma quedó literalmente paralizada en agosto de 2019, luego de las PASO de aquel año, que le propinaron una dura derrota a Mauricio Macri.

Así lo consignó un grupo de senadores provinciales de Juntos, encabezados por Alejandro Rabinovich, en un Proyecto de Declaración presentado en la Cámara Alta bonaerense: “Entre 2017 y 2019 se hizo gran parte y después se paralizó con la llegada del nuevo Gobierno”, se explicó.

La falta de terminación afecta nada menos que a más de 80.000 usuarios distribuidos en 40 localidades, entre las que destacan, además de Mar del Plata, Balcarce, Ayacucho, Mar Chiquita, Villa Gesell, Dolores, Pinamar, Miramar, San Bernardo, y General Alvarado, entre otras.

El dato no es menor si se toma en cuenta que en la provincia de Buenos Aires, el territorio más grande y poblado del país, apenas el 27% de su población está conectado a la red de gas natural. Exactamente 4.179.214 personas sobre un total de 15.625.084 bonaerenses.

Los datos surgen de la propia web del ENARGAS. Pero la proporción en verdad sería más baja ya que se toma en cuenta la información brindada por el Censo 2010.

Si bien la ejecución del gasoducto no es responsabilidad directa del Ente del gas, tampoco se lo puede desligar del todo. De hecho, cuando su interventor cuestionó al gobierno anterior por no haber concluido las tareas, también reveló su compromiso de garantizar la finalización de la obra.

Entre las funciones y objetivos que figuran en su constitución, el ENARGAS debe “someter anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la protección de los consumidores y el desarrollo de la industria del gas natural”.

Y a su vez, tiene que “propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural”.

Pero a la luz de los hechos, no estaría cumpliendo con aquellos preceptos.

El ENARGAS es un organismo autárquico creado en el año 1992, durante la primera presidencia de Carlos Menem. Funciona en el ámbito de la secretaría de Energía, dentro del ministerio de Economía de la Nación. Por medio del Decreto 278 del 16 de marzo de 2020, el Presidente Alberto Fernández designó como Interventor del Ente al mencionado Federico Bernal, perteneciente a La Cámpora, y especializado en temas energéticos.

Bioquímico de profesión, Bernal está muy vinculado a Julio De Vido. De hecho, en 2016 fue nombrado Asesor de la Comisión de Energía y Combustibles del Congreso de la Nación, que presidía justamente el ex ministro, y cumplió el mismo rol cuando De Vido estuvo al frente del ministerio de Planificación Federal. También integró el equipo de asesores del bloque de senadores nacionales del kirchnerismo entre 2018 y enero de 2020.

Es autor y coautor de varios libros, cuyos títulos son muy elocuentes: “La estafa del tarifazo” (Editorial Colihue, Buenos Aires, 2018); “Néstor y Cristina Kirchner. Planificación y federalismo en acción” (Editorial Planeta, Buenos Aires, 2015); “Energía para el desarrollo y la inclusión social” (Editorial Planeta, 2015); “Crítica al neoliberalismo argentino” (Editorial Planeta, Buenos Aires, 2015); “El Mito Agrario. Una comparación con Australia y Canadá” (Editorial Capital Intelectual, Colección Claves para Todos, Buenos Aires, 2010); “Petróleo, Estado y Soberanía. Hacia la empresa multiestatal latinoamericana de hidrocarburos” (Ed. Biblos, Buenos Aires, 2005).

Quizá allí radiquen las razones de su escasa presión hacia el gobierno para que finalice el gasoducto de la costa.

En junio de 2020, denunció penalmente a Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería de Mauricio Macri, y a otros ex funcionarios de Cambiemos, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, artículos 248 y 265 del Código Penal.

En el año 2021, el ENARGAS manejó un presupuesto de más de $2.200 millones, de los cuales el 75% estuvo destinado al pago de personal. Según se supo, desde el comienzo de la gestión de Bernal, el Ente, en el lapso de 12 meses, incrementó su personal más de un 33%, pasando de 413 empleados a 551 personas, de acuerdo a una nómina que a la cual se puede acceder en su página web.

Respecto a 2019, el organismo recibió partidas presupuestarias por más de un 60%. Sin embargo, el gobierno de Fernández no destinó dinero a terminar el gasoducto de la costa.

El reclamo para que 80.000 personas de la zona reciban gas natural no es nuevo.

En abril de 2021, el Centro de Técnicos del partido de General Alvarado (CETIGA), difundió un documento donde explica que el distrito padecía (y aun padece) “una seria crisis energética en la conexión de gas que también afecta a 40 localidades de la zona”. Ante esta situación, le presentaron un pedido al intendente Sebastián Ianantuony, de origen massista y aliado al kirchnerismo, para que realice las gestiones que a la vez permitan “la apertura de 1000 bocas del suministro”.

Pero nada ocurrió. Por lo que el pasado 15 de junio, los miembros de CETIGA decidieron hacer uso de la “Banca 17” en el Concejo Deliberante para exponer la grave problemática. Allí, su presidente, Fernando Angulo, volvió a reclamar por la finalización del gasoducto con contundentes argumentos.

“Necesitamos que se activen rápidamente las obras paralizadas, las consecuencias en el presente y a futuro son inmensas”, sostuvo. Y casi en forma premonitoria, advirtió que “esta situación de falta de gas deviene en sobrecarga de instalaciones eléctricas y utilización de gas envasado, con los riesgos que aquello conlleva”.

En otro momento de su alocución, afirmó que “no es posible que el Municipio de General Alvarado vea condicionado su crecimiento por una distribuidora de gas y una obra que ha tenido muchas fechas de terminación, pero que nunca se concluye”, agregando que “desde hace siete años el distrito no tiene acceso a este servicio público, hemos perdido calidad de vida”.

Y concluyó tajante: “A casi tres años de la interrupción de una de las obras más importante del sudeste de la provincia de Buenos Aires, no hay certezas sobre las razones del abandono y cuando será la fecha de terminación, lo cual genera incertidumbre en la inversión comercial e inmobiliaria”.

La demora en las obras hizo que en enero de este año, los intendentes de General Lavalle, Mar Chiquita, General Madariaga, Pinamar y Dolores presentaran, justamente ante el ENARGAS, un escrito donde solicitaron la autorización para que nuevos usuarios puedan conectarse a la red de gas natural.

En la carta se especifica que son muchos los vecinos perjudicados que, desde hace años, esperan contar con la habilitación correspondiente. “Esta pretensión tiene años de espera, ya que existen pedidos insatisfechos desde el año 2014, lo que nos impide continuar con el desarrollo económico y social de las zonas y cuyo origen es la falta de capacidad del sistema del gasoducto de la costa”, coincidieron los jefes comunales.

La Municipalidad de Mar Chiquita, a cargo del peronista Jorge Paredi, detalló que en Santa Clara del Mar, la ciudad más poblada del distrito, “se encuentran a la fecha más de 400 usuarios y en la zona mediterránea aproximadamente 200, quienes esperan conectarse al sistema en forma urgente”.

Pasaron casi 6 meses del reclamo y, a pesar de la declamación de su interventor, el ENARGAS no hizo nada al respecto.

Sin embargo, la ex concejal de General Alvarado por Juntos por el Cambio, Viviana Farías, en diálogo con este medio, sostuvo que “el reclamo de los intendentes fue muy tibio, por lo menos el de nuestro distrito. Y en plena campaña, hubo candidatos oficialistas que pidieron por el gasoducto pero solo para foto”.

En el distrito al cual pertenece la mencionada dirigente, cuya cabecera es la ciudad de Miramar, son cerca de 1.000 personas las que ya tienen el pedido de gas natural desde hace años, mientras que se calcula unas 3.000 en Balcarce, por citar sólo algunos ejemplos.

En esta última ciudad, de acuerdo a información relevada por este medio, no se efectúan nuevas conexiones de gas desde el año 2015, y la gran mayoría de los edificios no cuentan con el fluido de gas, operando con energía eléctrica. “Hay miles de pedidos pendientes en toda la zona”, indicaron desde Camuzzi Gas Pampeana, la prestadora del servicio.

Tal como se informara, a pesar de que apenas falte un 10% de la obra, sólo 10.000 usuarios de los más de 80.000 que se estiman recibieron la habilitación correspondiente.

Cabe recordar que la otra empresa estatal involucrada en el asunto, es Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), también manejada, al igual que ENARGAS, por un camporista, el santacruceño Agustín Gérez, con un presupuesto de USD 1.780 millones.

La secretaría de Energía, de quien dependen ambos organismos, recibió partidas en 2021 por $957.000 millones, cuando originalmente el presupuesto nacional de ese año contemplaba poco más de $582.000 millones.