El 10 de septiembre de 2015, pocos meses antes del fin de mandato de la entonces Presidente Cristina Kirchner, el gobierno nacional anunciaba la ampliación del Gasoducto de la Costa Atlántica, cuyas obras consistían, básicamente, “en la construcción de 18 kilómetros en el tramo El Chourrón-Las Armas, además de una planta compresora en Las Armas y otros 15 kilómetros entre las dos plantas reguladores de entrada a Mar del Plata”.

¿Quiénes estuvieron presentes en aquel acto?. Muchas caras conocidas: el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el jefe de gabinete, Aníbal Fernández; y el secretario General de la Presidencia, Eduardo “Wado” de Pedro. También estuvo presente el secretario de Obras Públicas, José López, el hombre de los bolsos.

De Vido calificó a la obra, impulsada y financiada por el Poder Ejecutivo a través de la secretaría de Energía, como “fundamental” y subrayó que “forma parte de la inversión que hace el Estado Nacional para impulsar el acceso a los servicios básicos”.

La obra iba a demandar una inversión de $1.078 millones y debería haber estado concluida en 2017.

Casi 7 años después, el gasoducto no solo no está finalizado, sino que desde fines de 2019, es decir cuando asumió la administración de Alberto Fernández, no avanzó ni un metro.

Así lo denunció en un Proyecto de Declaración el senador provincial por la quinta sección, Alejandro Rabinovich, quien asegura que “si bien la obra registró importantes avances iniciales, permitiendo la posibilidad de incorporar a 10.000 nuevos usuarios en Mar del Plata, Camet y Batán, a principios de agosto de 2019, en la actualidad los distintos frentes registran muy poco avance”.

“Ninguna de las cuatro obras se terminaron, el 90% del trabajo está hecho, falta la terminación y cuestiones mínimas. Entre 2017 y 2019 se hizo gran parte y después se paralizó con la llegada del nuevo Gobierno”, explicó.

En su momento, se especificó que las mismas iban a abarcar “un triángulo que va de Tandil a Mar del Tuyú y desde esa localidad del partido de La Costa hasta Necochea. El nuevo gasoducto vendrá desde la estación El Chourrón en Tandil con el troncal principal y habrá derivaciones y refuerzos para toda la región, entre ellos, mejoras en la Planta Compresora en Las Armas”.

El detalle de los cuatro trabajos faltantes a los que hacen referencia los dirigentes de la oposición es el siguiente:

1. Un refuerzo en el “Gasoducto de la Costa” de 18 km de extensión sobre el Tramo“El Chourrón – Las Armas”, con cañería de acero de 20 pulgadas de diámetro.

2. Otro refuerzo sobre el ramal de alimentación a la localidad de Balcarce de 21 km de extensión y en cañería de acero de 8 pulgadas.

3. La interconexión de las Estaciones Reguladoras de Presión “La Invernada” y “El Tejado”, que alimentan a Mar del Plata, con cañería de acero de aproximadamente 12 km de longitud y en 16 pulgadas de diámetro.

4. La instalación de una Planta Compresora en Las Armas con una potencia de 2.400 HP otorgada por dos equipos moto compresores.

El proyecto ingresado al Senado bonaerense afirma que las obras permitirían incorporar 85 mil nuevos usuarios a la red de gas, correspondiente a vecinos de la quinta sección electoral que esperan por tener el servicio en medio del comienzo de las bajas temperaturas.

También firmaron el comunicado los senadores Ariel Martínez Bordaisco y Flavia Delmonte, ambos de la UCR. Antes de asumir su banca, Rabinovich fue Coordinador de Gabinete de Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon.

La falta de terminación afecta nada menos que a 40 localidades, entre las que destacan, además de Mar del Plata, Balcarce, Ayacucho, Mar Chiquita, Villa Gesell, Dolores, Pinamar, Miramar, San Bernardo, entre otras.

“El estado incompleto de estas obras representa un perjuicio para los habitantes de la región de la costa, en cuanto esta situación no permite que se habiliten nuevos usuarios en la región abastecida por los gasoductos De la costa y Tandil-Mar del Plata”, advirtieron los senadores de Juntos.

Aunque, como ya se dijo, en la ciudad de Mar del Plata el gas llegó a 10.000 usuarios en una primera etapa, la mayoría de las localidades a las que alcanzaría el gasoducto aún no han recibido la habilitación.

Tal es el caso de General Alvarado, cuya cabecera es Miramar. El 15 de junio pasado, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en la ciudad, donde inauguró la escuela Primaria 13 y la Secundaria 6. El predio está ubicado en el Barrio Aeroparque, donde hay más de 500 viviendas.

El problema es que esos establecimientos aún no tienen gas, en un contexto donde centenares de escuelas en territorio bonaerense debieron suspender las clases por el intenso frío.

De hecho, el 11 de marzo del año pasado, el Centro de Técnicos de General Alvarado, aseguró que el distrito, “tiene una seria crisis energética en la provisión de gas natural, que afecta también a 40 localidades de la zona” y que “llegó al grave punto de no otorgar conexiones a nuevos usuarios”.

Hace pocas semanas, más precisamente el 23 de mayo, quien estuvo en General Alvarado fue el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, que recorrió junto al Intendente massista, Sebastián Ianantuony, obras viales y del Plan Argentina Hace. Al respecto, Katopodis afirmó: “Los convenios que firmamos hoy con el Intendente significan que hay más obras para seguir cumpliendo el proyecto de gobierno para que cada argentina y argentino vivan mejor todos los días”.

Pero cuando un periodista local lo consultó sobre la finalización del gasoducto, el ministro solo se limitó a decir que la cuestión no era de su área.

El grueso de los trabajos comenzó en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri. En aquella oportunidad, se había publicado en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la compra de los caños que conformarán las tuberías, lo cual significaba, según afirmaron entonces desde el sector de la construcción, “un avance significativo” en relación a la masiva demanda por mejorar el servicio.

Hasta agosto de 2019, las obras avanzaron a buen ritmo, incorporando a miles de nuevos usuarios sólo en Mar del Plata. Pero seis años después, el proyecto aún no está concluido.

En una clásica jugada kirchnerista, “el 20 de julio de 2021 la empresa Integración Energética Argentina (IEASA), ex ENARSA, anunció la habilitación del tramo de interconexión entre las Estaciones Reguladoras de Presión “La invernadera” y “El Tejado”, que permitiría incorporar el servicio a 40.000 habitantes de la ciudad”, detalla Rabinovich. Y remata: “En la actualidad, aún no está operativo”.

ENARSA fue creada el 29 de diciembre de 2004 por el ex Presidente Néstor Kirchner, y su trayectoria no estuvo exenta de polémicas y sospechas de corrupción. En noviembre de 2017 fue cambiado su nombre por el actual.

De acuerdo a un informe del programa “Telenoche”, de Canal 13, en la mencionada La Invernadera, ubicada camino a Sierra de los Padres, solo hicieron la zanja. Y en el lugar se observa un cartel del gobierno que anuncia la obra con una fecha que no se cumplió.

Pero hay más. El 6 de agosto de 2021, en plena campaña electoral, los legisladores kirchneristas de la quinta sección electoral, Germán Di Cesare, y Juan Pablo De Jesús, este último controvertido ex intendente del Partido de la Costa y quien introdujo a Amado Boudou a la política, se reunieron con el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la Subsecretaria de Hidrocarburos nacional, Maggie Videla, para plantear, dijeron, “la necesidad de ampliar la red de gas natural“.

En otras palabras, terminar el gasoducto, reconociendo implícitamente las demoras en las obras.

Allí afirmaron que su ampliación iba a tener una inversión de $544.500.000, consistente, según detallaron, “en la construcción de 18 kilómetros de Loop de 20 pulgadas en el tramo El Chourrón y Las Armas; una planta compresora de 2400 HP en Las Armas; y 15 kilómetros de gasoducto de 16 pulgadas entre las dos plantas reguladoras de entrada a Mar del Plata: “La invernada” y “El Tejado”.

O sea, las obras que no estaban finalizadas y por las cuales se reclama.

En aquella ocasión, que dirigentes opositores no dudaron en calificar de “oportunista y solo para la foto”, Di Cesare sostuvo que “actualmente la capacidad del gasoducto está saturada por el crecimiento de la población y la mayor actividad económica, y en mi caso me tocó de cerca cuando fui intendente porque la demanda de los vecinos no cesaba”. Palabras que suenan a excusa. Pero hay una cuestión que no se debe pasar por alto.

La empresa estatal encargada de la obra, Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), es manejada desde febrero de 2021 por el santacruceño Agustín Gérez, un dirigente de La Cámpora, la agrupación dirigida por Máximo Kirchner. Y maneja un presupuesto de USD 1.780 millones.

La secretaría de Energía, de quien depende, recibió partidas en 2021 por $957.000 millones, cuando originalmente el presupuesto nacional de ese año contemplaba poco más de $582.000 millones. En “Asistencia a empresas públicas”, los fondos originales ascendían casi a $14.800 millones.

Abultadas cifras para que no se haga absolutamente nada.  

IEASA se ocupa, entre otras responsabilidades, de la compra y la comercialización de gas natural, y de la producción de energía eléctrica, y la ejecución de todas las obras de energía realizadas desde el Estado. Entre ellas, el Gasoducto de la Costa.

La falta de terminación de sus obras “lleva a que muchos habitantes de la región deban continuar utilizando otras formas de combustible más costosas que el gas natural, tales como el uso de garrafas de gas licuado”, señalaron Rabinovich y sus pares de bancada. Y añaden que además “repercuten negativamente en el crecimiento de la industria de nuevas empresas o la expansión de aquellas ya existentes que requieren el uso de gas”.

“¿Quién va a invertir en la ciudad si no tiene gas asegurado?”, se pregunta en off un alto funcionario del gobierno marplatense.

Según pudo averiguar este medio, una de las causas del retraso de las obras es debido a unas válvulas que se encuentran retenidas en la Aduana, por las restricciones cada vez más fuertes a las importaciones que impone el propio Gobierno.

Si se comprobara, además de un papelón, sería una brutal radiografía de los tiempos que corren.