En agosto de 2018, en una nota publicada en este mismo medio, expliqué por qué motivo debía renunciar una ministra de educación de la Provincia de San Luis, a quien se le había filtrado un video de sus vacaciones en Holanda, en la que admitía estar drogada. Dije en aquel entonces que “por más privada que sea la conducta de un funcionario, si trasciende y mina su autoridad, lo que se ve afectado es la función que cumple.” Y la función que cumplía, este caso, era nada más y nada menos que ser la responsable del área educativa de una provincia. Por eso, el consumo de droga y el contexto de frivolidad y ostentación de riqueza, en que el que transcurrió el hecho, no dejaba duda respecto del descrédito de su autoridad, ni respecto de la necesidad de que fuera apartada del cargo. A las pocas horas de publicada la nota, la hasta ese entonces Ministra de Educación puntana, renunció.

Ahora bien, Natalia Spinuzza, así se llama la funcionaria en cuestión, inició un juicio contra el periodista puntano Diego Masci, que hizo público el video que la exhibía “fumada”. El máximo tribunal de San Luis ratificó una condena económica por considerar al comunicador incurso en el delito previsto en el art. 155 del Código Penal que, expresamente, sanciona a quien “hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.” Pero que también establece que: “Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público.”

En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo, relegando las pretensiones de la “ministra fumachurros”, en favor de la libertad de expresión. En el Dictamen del Procurador, cuyos fundamentos hace suyos la Corte, se menciona que había un interés público comprometido, que justificaba la publicación periodística del video, en orden a evaluar la idoneidad de la funcionaria. En efecto, atento a que el art. 42 de la ley 23.737 establece, dentro de la competencia de las autoridades sanitarias y educacionales provinciales, la formación en los diversos aspectos del “uso indebido de droga”, queda claro que su conducta la inhabilitaba moralmente para la tarea, por más conocimientos que tuviera al respecto.

El art. 19 de la Constitución Nacional establece que: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.” Pero lo cierto es que, en este caso, el orden y la moral pública habían sido ofendidos por una conducta privada que evidenciaba ausencia de idoneidad de la funcionaria, para cumplir acabadamente con sus deberes públicos. La ciudadanía puntana merecía conocer este tipo de falencias por parte de sus servidores públicos y el periodista Diego Masci no hizo más que cumplir con su deber.


© Tribuna de Periodistas, todos los derechos reservados