Como quien no quiere la cosa, el empresario y exministro del Interior, José Luis Manzano, volvió a mostrarse en la luz pública, lo cual no augura nada bueno.

Lo hizo en la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y, en las últimas horas, como “opinador” del actual contexto macroeconómico que afecta a la Argentina.

“Los gobiernos peronistas tienen que funcionar con pesos en el bolsillo de los argentinos y dólares en el BCRA”, aseguró Manzano en el marco del 100° aniversario del nacimiento de Antonio Cafiero.

Sobre el flamante ministro, Massa, quien tuvo una agenda intensa en Washington, que incluyó un encuentro cara a cara con la secretaría del Tesoro Janet Yellen, opinó: “A Massa lo veo enfocado en las cosas y dando pasos indispensables, con apoyo del presidente y la vicepresidenta”.

La referencia al ministro de Economía no es casual: es el hombre que sabe abrirle el grifo a los grandes negocios en la Argentina, incluído la compra de Edenor sin poner un solo peso.

Pero no es eso lo inquietante, como dice el título de la presente nota, sino sus antecedentes. Se trata de las denuncias que arrastra, muchas de las cuales fueron expuestas por la periodista Susana Viau, fallecida en 2013. El más grave de los señalamientos llegó hasta la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y arrastra también a su socio, el empresario mendocino Daniel Vila.

Ambos, según la cronista, cometieron presuntas infracciones a la Ley Penal Tributaria “y lavado de dinero de Manzano” por más de 400 millones de dólares “obtenidos ilícitamente durante su paso por la función pública”.

Es parte de una presentación del empresario Bernardo Martín Rutti que pivotea sobre el crecimiento del grupo Vila-Manzano en materia de comunicaciones, compra de cables, medios gráficos y radios, en el país y en el exterior.

El denunciante aportó las rutas empleadas para la supuesta evasión y el presunto lavado. Según Rutti, los capitales depositados en el exterior reingresaban al país a través del Citicorp Banco de Inversión.

Pero hay mucho más: se ha cuestionado la relación de negocios de Vila y Manzano con el fallecido Raúl Moneta, con la quiebra del Banco de Mendoza como trasfondo.

En esos días, el entonces gobernador justicialista Rodolfo Gabrielli (1991-1995) lanzó el proceso de privatización de la entidad, que iba a ser fusionada con el Banco de Previsión Social de Mendoza.

Ese paquete fue finalmente adquirido por el Banco República, de Moneta, en 1996, durante la gestión de otro mandatario peronista, Arturo Lafalla (1995-1999). Esto lo hizo en sociedad con Magna Inversora, integrada, entre otros, por Daniel Vila, Héctor López (supermercados Metro), Ernesto Pérez Cuesta (Mendoza Plaza Shopping) y Jacques Matas (Industrias Matas).

Los mencionados anteriormente, junto a Enrique Pescarmona (Impsa), crearon en los años noventa el poderoso Consejo Empresario Mendocino (CEM). Como se dice, una mano lava a la otra, y ambas lavan la cara.