La grieta está más grande que nunca. ¿Justo cuando contrariando su naturaleza el gobierno explora la posibilidad de entablar un diálogo con la oposición? No, no es la grieta política de la que hablamos, sino la distancia entre la gente y sus representantes. Pocas veces se ha verificado tal grado de alejamiento entre lo que hablan los políticos y lo que siente la sociedad.

El atentado marcó sin duda un punto de inflexión. Tiene sentido; a punto de cumplir 40 años nuestra democracia recuperada en 1983, el período más extenso que recuerde la Argentina, la violencia política mostró una faceta inédita que solo por ventura no concluyó de la peor manera. De haber sucedido, las consecuencias hubieran sido inimaginables.

Pero pasado el impacto de la noticia -más temprano que tarde por cierto-, el común de la gente volvió a su metro cuadrado. Demasiados problemas tienen todos con esta crisis sin fin, que costó nada dar vuelta la página. Los políticos, mientras tanto, aparecen en otra sintonía.

Transcurrido el espasmo inicial y a medida que fueron conociéndose detalles de los autores del magnicidio fallido, el gobierno en general y el kirchnerismo en particular se espantaron por el registro que fueron revelando las encuestas, que muestran una mayoría descreída, capaz de poner en duda aun lo obvio. El atentado existió, el autor fue detenido y hasta la supuesta instigadora también cayó… mas no hay manera de evitar que la mayoría descrea.

No es un solo sondeo el que lo revela; son todos. El viernes se conoció uno de Giacobbe Consultores, que sobre una muestra de 2.500 casos tomada entre el 6 y el 8 de septiembre (una semana después del hecho) arrojó que un 65,1% piensa que el atentado fue “un montaje del kirchnerismo”. Para un 17,5% el hecho fue organizado por la oposición, mientras que un 15,9% lo circunscribe a “un loco suelto”.

Los datos de la consultora de Jorge Giacobbe no difieren demasiado de otros relevamientos. Las dudas persisten, sobre todo desde que el celular del autor material del hecho fue estropeado por los investigadores de manera insólita.

La consultora Synopsis obtuvo datos que apuntan hacia el mismo lado. Según cuenta su director, Lucas Romero, los resultados que obtuvieron en sus sondeos hechos tras el atentado no establecen cambios estructurales en la percepción que la gente ya tenía. A esa conclusión llegaron a partir de una serie de frases que les plantearon a los encuestados. Ante la que dice: “El ataque contra Cristina pudo estar motivado por discursos de odio de sectores políticos, mediáticos y judiciales”, que es un poco el argumento que floreció rápidamente dentro del oficialismo, 68,4% dijo estar poco o nada de acuerdo.

Ante la frase “el ataque contra Cristina Kirchner pudo haber sido planeado por sectores afines a ella para victimizarla frente a la opinión pública”, 61% dijo estar total o bastante de acuerdo. ¿Este hecho va a servir para apaciguar el nivel de confrontación política entre oficialismo y oposición? 85% estuvo poco o nada de acuerdo. ¿Por el atentado contra la vicepresidenta debe pararse el juicio por la obra pública? 85% está poco o nada de acuerdo.

“Es decir, las respuestas tienen que ver con el clima que se venía verificando antes, muy refractario a la figura de ella”, plantea Lucas Romero, sorprendido de que frente a la imagen de una pistola apuntándole a la cabeza de la vicepresidenta, el 61% piense que fue para victimizarla. Prefiere verlo como “un síntoma que está transmitiendo que la relación entre la sociedad argentina y Cristina está rota”. Lo cual no se contradice con que entre los votantes del Frente de Todos pueda haber más del 90% que quiera que ella sea la candidata en 2023. Para el director de Synopsis estos datos revelan que en tiempos de posverdad, los hechos pierden fuerza para imponer percepciones en la opinión pública. Ya el hecho no alcanza. Prevalece el sesgo de confirmación en la interpretación de los hechos.

También está, como decíamos, el desinterés de la gente. Botón de muestra: cuenta el consultor político Gustavo Marangoni que que al día siguiente del atentado, las noticias que más “likes” tuvieron estaban relacionadas con Wanda Nara y no con CFK.

Es que hay una realidad que avanza sin detenerse, prevaleciendo en la opinión pública. Es la que delata el 7% de inflación registrado en el mes de agosto y difundido el miércoles pasado. Que preanuncia que el diputado Luciano Laspina está cada vez más cerca de ganarle a Carlos Heller la apuesta de un lechón que en el recinto le hiciera al augurar que la inflación anual llegará a los tres dígitos.

Así como hay una parte del gobierno preocupada estrictamente en la suerte y movimientos de la vicepresidenta, la gestión ha quedado enteramente en manos del ministro de Economía.El expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, no dudó cuando el periodista Luis Novaresio le preguntó sobre quién gobierna: Sergio Massa, respondió, más allá de que la centralidad pueda estar en la figura con más poder dentro del oficialismo, que es la vicepresidenta. También está convencido de que el hoy “superministro” terminará siendo el candidato natural del oficialismo el año próximo.

Para eso, aclaró, debería irle bien en la gestión, que en las circunstancias actuales es un “día a día”. El tigrense no ha ocultado que su prioridad inicial pasa por la acumulación de reservas. Con ese objetivo implementó el denominado “dólar soja”, que consiste en ofrecerles a los productores del complejo sojero, solo por este mes, $200 por dólar. Como el tipo de cambio oficial se mantiene en $140, se genera un beneficio especial de $60 para ese sector. El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) alerta sobre las consecuencias de esa medida: la entrada de dólares al Banco Central implica emisión monetaria, agregando más presiones inflacionarias. ¿Cuánta inflación agrega el “dólar soja”? Si todos los dólares quedan acumulados como reservas, el BCRA habrá emitido $1.000.000 millones; si los dólares son vendidos a los importadores, el Banco Central perderá las reservas obtenidas y la emisión neta remanente será de $300.000 millones. Esto implica que la base monetaria crecerá entre un 7% y un 23% adicionalmente a lo que aumenta para cubrir el déficit fiscal y los intereses de Leliqs.

“Subyace una obsesión por aumentar las reservas, cuando los esfuerzos deberían estar en bajar el gasto público. El problema no es que falten dólares en la economía, sino que sobran pesos”, concluye IDESA.

Lo cierto es que la economía argentina tiene problemas de “manta corta”: lo que se corrige por un lado, se desarregla por el otro. El economista Emmanuel Alvarez Agis deslizó una observación capaz de graficar lo endeble de la situación, al señalar que “si Argentina llega a la final en Qatar, el Banco Central va a estar en problemas”.

El proyecto de Presupuesto 2023 establece para fines del año que viene un dólar a $269, cuando hoy la cotización oficial está a $149. El texto fue presentado en tiempo y forma el jueves pasado, 15 minutos antes de que concluyera el plazo estipulado por ley. La Cámara de Diputados acababa de aprobar la segunda ley económica que tenía para debatir ese día: la prórroga de seis impuestos, clave para gestionar. Lo hizo con dificultad, justo con 129 votos, y cuando el tablero dibujó el resultado de la votación se percibió el alivio en el rostro de la nueva presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, que salió airosa de sus primeras dos pruebas en el recinto la última semana: la visita del jefe de Gabinete y la extensa sesión especial del día siguiente, donde además de la prórroga de impuestos se aprobó el Consenso Fiscal. Fueron sesiones más tranquilas de lo que a priori podía esperarse.

Más allá de los chisporroteos habituales, el clima de diálogo que ahora el oficialismo quiere instalar, se verificó en la Cámara baja. Esa estrategia se mantendrá esta semana cuando el martes Cecilia Moreau reciba a los presidentes de todos los bloques para organizar el tratamiento del Presupuesto en las próximas semanas.

Alteraría ese clima una eventual suspensión de las PASO, como algunos sectores del oficialismo -con los gobernadores a la cabeza- vienen insistiendo. “No hay ningún proyecto en el Poder Ejecutivo para llevar adelante la eliminación de las PASO”, aclaró el jefe de Gabinete ante una pregunta puntual el miércoles pasado. Aunque tampoco eso garantiza nada. “Esto es responsabilidad exclusiva del ámbito legislativo, y del cual depende que una iniciativa de este tipo pueda llevarse adelante”, planteó, lo cual deja una puerta abierta.

Sería un duro golpe al ordenamiento de la oposición, de ahí la presión de sectores del Frente de Todos. Pero antes de dar semejante paso, si es que están dispuestos a eso, deberían asegurarse tener los votos, cosa que a priori no se estaría dando. Al oficialismo le estarían faltando por lo menos 3 votos en la Cámara baja para garantizarse un resultado favorable.