Tres expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, presentaron en Ginebra las pruebas de 173 casos investigados desde 2020 sobre “crímenes de lesa humanidad” perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro, un informe que recoge 246 “entrevistas confidenciales” a “víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia”, por hechos sucedidos a partir de 2014.

Esos tres expertos, Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina), no son empleados ni cobran sueldo de la ONU, solo viáticos para realizar sus misiones. Actúan según su conciencia, y los eligen bajo control del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que podría prolongarles el mandato por 2 años más mediante el voto mayoritario de su 47 Estados miembros, a comienzos del mes entrante.

El informe fija responsabilidades en las exacciones del Presidente Nicolás Maduro, y del militar y dirigente político Diosdado Cabello, por montar una “maquinaria para reprimir la crítica y la oposición” y humillar a los detenidos, con “torturas, violencia sexual, y/u otros tratos crueles inhumanos o degradantes”. Ambos, “y otras personas de su círculo cercano”, junto a “otras autoridades de alto nivel”, seleccionaban “objetivos” y daban ordenes a “dos servicios de inteligencia militar y civil”; la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

El informe de 22 páginas se extiende a los “abusos y violaciones de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco”, donde se desarrollan “extracciones de oro y otros recursos estratégicos”, zona “fuertemente militarizada”. Allí “operan abiertamente grupos armados criminales, controlando las minas y las poblaciones”. Se observa la “convivencia entre actores estatales y no estatales”, y hostilidad a la recepción de ayuda humanitaria, utilizando “torturas y privaciones arbitrarias de la vida contra indígenas”.

La metodología y el estándar de la prueba exigida por la ONU a quienes la representan en sus investigaciones se articulan en torno a los principios de “independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia e integridad”. Aplican el criterio de “motivos razonables para creer” las alegaciones recogidas de las fuentes de información, “con un grado” suficiente “de seguridad”, sabiendo que el gobierno venezolano no autorizó a los expertos a visitar el país. Debieron realizar ciertas entrevistas “a distancia”, utilizando “conexiones telefónicas o de vídeo seguras”, para así quebrar la “impunidad y garantizar la rendición de cuentas”.

Los datos desplegados en el informe serian constitutivos de “crímenes de lesa humanidad”, es decir imprescriptibles, susceptibles de alimentar el expediente abierto contra Venezuela en la Corte Penal Internacional (CPI). Ese procedimiento puede acoger asesinatos, esclavitud, encarcelamiento, deportación, exterminio, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, y en esta oportunidad 7220 ejecuciones extrajudiciales debidamente verificadas. Todo ello formaría parte “de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, provocando paralelamente desde Venezuela una ola de 6,8 millones de refugiados, según el ACNUR, que se han exilado en diferentes países, para huir de la persecución.

Al propio tiempo, el informe confirma el protagonismo de “agentes cubanos” en Venezuela, hasta hoy fragmentariamente aludido por victimas que sobrevivieron a detenciones arbitrarias. Novedosamente se añaden que esos cubanos “han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia”, abarcando “la reestructuración de los servicios y en la formación de oficiales”, documentado por “acuerdos confidenciales escritos” del 2006, revisados por los expertos de Naciones Unidas, cooperación que “continuaría vigente”.

“Las personas privadas de libertad relataron que tenían que defecar en bolsas o botellas de plástico y que se les obligaba a comer comida del suelo”, toda vez que “las celdas carecen de luz natural, mientras que el tiempo en exterior y el acceso a las instalaciones sanitarias están muy restringidos”, destapa el informe. Existe una “red de centros clandestinos de detención, conocidos como “casas de seguridad” en todo el país, donde se practican “desapariciones de corto tiempo y mantenidas incomunicadas fuera de la supervisión legal”.

Las cantidad de modalidades al aplicar la tortura son múltiples: “palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y posiciones de estrés” y la llamada “tortura blanca”, ocasionando “lesiones físicas graves y/o permanentes”, al igual que “graves traumas sicológicos y depresión, con perdidas de funciones sensorial o motrices, lesiones reproductivas y al menos un aborto espontaneo”, describieron los 3 expertos de la ONU. Abundaron coincidentemente que el propósito de estos episodios espantosos, “se llevaron a cabo para extraer una supuesta confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar y en algunos casos para robar dinero u otros bienes”.

Asimismo constataron “actos de violencia sexual o de genero contra militares y civiles detenidos durante los interrogatorios para obtener información, degradarlos, humillarlos o castigarlos. Dichos actos incluían la violación, las amenazas de violación a personas detenidas y/o a sus familiares, la desnudez forzada, los tocamientos de los órganos sexuales, las descargas eléctricas o los golpes en los órganos reproductivos y las amenazas de mutilación de los genitales”. Determinados perpetradores de estas y otras atrocidades, varios integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), “continuan trabajando en puestos relevantes” y “algunos de los cuales obtuvieron ascensos en 2022”.

La Misión descubrió coincidencias en 10 ex detenidos que evocaron en sus declaraciones 9 formas de tortura. Golpes “incluso con objetos como un bate y una mesa”, asfixia “con bolsas de plástico o humo de granadas”, introducir los cuerpos de las víctimas en tanques de agua, (tormento llamado “señorita”); descargas eléctricas a los varones en los testículos, amenazas de violar y matar a los familiares de los detenidos “si no proporcionaban determinada información”, colocación de alfileres debajo de las uñas, instrucciones a funcionarios de menor rango para que lleven a cabo actos de tortura, detención de familiares de “personas seleccionadas, con el finde presionar a los objetivos a que se rindan”.

En semejante contexto, Rafael Uzcategui, de la oenege venezolana PROVEA (Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos), acogió con agradecimiento el informe difundido en Ginebra, “pues para nosotros lo más importante es la verdad sobre los hechos. Las informaciones incluidas por la ONU son una buena fotografía de la arquitectura de represión e impunidad que existe hoy en Venezuela. Necesitamos que se mantenga el trabajo de los organismos internacionales sobre nuestro país”.

Alí Daniels, de “Acceso a la Justicia”, otra oenege venezolana, destaca que el informe describe “las cadenas de mando involucradas en la represión por parte de los órganos de seguridad del Estado, y no se limita a describir una serie de horrores y crímenes que son muy impactantes por la brutalidad con que se ejecutan. Además se explican los métodos y los mecanismos a través de los cuales esos horrores son cometidos. Señala como se reclutan y adiestran las personas que realizan esos actos terribles, y la impunidad que los protege”.

Alí Daniels agrega que el informe de la ONU, exhuma “las políticas de Estado que permiten y hacen posible que estos actos sean una practica organizada de la actuación estatal y va un paso mas allá de las simples denuncias de actos de tortura o desaparición. A partir de ahí configura uno de los elementos básicos de un crimen de lesa humanidad en la medida que son sistemáticos y generalizados, algo que se realiza de manera masiva y a través de mecanismos preestablecidos por parte de las estructuras estatales involucradas, en un marco de impunidad que impiden sean debidamente sancionados”.

Eleanor Openshaw, del Servicio Internacional de Derechos Humanos (SIDH), en Ginebra, estimó que el informe “es una condena irrefutable al régimen de Maduro y de sus servicios de seguridad. Tan brutal campaña para reprimir a opositores reales o percibidos, incluso personas defensoras de los derechos humanos, debe recibir una respuesta inmediata de la comunidad internacional. El Consejo de Derechos Humanos tiene que mantener la presión sobre las autoridades venezolanas y obrar para que los responsables rindan cuentas”.

Ramón Muñoz, de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), oenege también basada en Ginebra, concluyó que “las crueles y aterradoras” revelaciones sobre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, indican que podrán “ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad, una fuerte advertencia a otros jefes de Estado, como por ejemplo Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, dejando entrever lo que les espera para el futuro”. Sin embargo, de momento, los representantes diplomáticos venezolanos en Ginebra, no han replicado públicamente, ni canalizado descargo oficial alguno.