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Otra vez los argentinos nos vemos sacudidos por denuncias que involucran a funcionarios judiciales y de gobiernos, entre otros más en acciones incompatibles con sus cargos.
El que funcionarios de gobierno y de la justicia, se tomen vacaciones pagas por empresarios privados y tratar de ocultarlo, sería una categórica muestra de desparpajo y desprecio a toda la ciudadanía, algo, además, propia de tontos. Digo esto, porque en estos momentos es muy fácil que los descubran.
Un solo funcionario, en este caso del gobierno nacional, renunció a su cargo, lo que no deja de ser un reconocimiento a que estuvo en esas vacaciones denunciadas.
Otro, del gobierno de CABA, lo desmiente expresando que todo es fruto de una operación de inteligencia que ha haqueado celulares y falsificado mensajes.
Otros, los más, guardan silencio.
Muchos, destacan que el mismo Presidente Fernández ha reconocido que las pruebas que sostienen la acusación fueron tomadas de forma ilegal y que por lo tanto la denuncia no podrá seguir adelante.
Espero que el bosque de las excusas, no oculte el árbol de la verdad.
Lo que los denunciados deben hacer, como personas de bien que dicen ser, es ponerse a disposición de la justicia autorizándola para que se investigue a fondo la verdad de los hechos denunciados y demostrando que en esos días, no estuvieron en esa estancia de Lago Escondido. Si son inocentes, no tienen nada que perder, al contrario, serán premiados con el reconocimiento de la sociedad.
Si la denuncia se sostiene en una operación destinada a descalificarlos con turbios objetivos politiqueros, que se sepa y que los responsables sean juzgados como corresponde.
Una de las partes miente y actúa por fuera de la ley. Casi todos ellos, ejercen cargos en el estado. No podemos permitir que, de una u otra forma, se escondan estos hechos bajo la alfombra de la impunidad de los poderosos.
En momentos en que los niveles ético-morales de quienes ocupan importantes cargos en lo público y lo privado no muestran ser muy altos; los argentinos necesitamos que estas cosas se definan a través de la investigación. No que se archive todo por una ilegalidad de origen. El tema es grave y debe hacerse luz sobre ellos.
Los acusados no debieran acudir a la ilegalidad de origen de la denuncia, pese a que así lo permite la ley, sino ponerse a disposición de la justicia y exigir que los investiguen. Así sabremos quién miente, si los acusados o los acusadores.
Quien es inocente, no debe temer una investigación. Pedir que se rechace la denuncia es un paso legal, pero de nada nos servirá para confiar en nuestra dirigencia. Todo lo contrario.
Si la justicia llegara a rechazar la denuncia por ese requisito de legalidad de las pruebas, igualmente los denunciados debieran dar pruebas fehacientes a la ciudadanía toda, de que no estuvieron en esos hechos denunciados.
Sostengo que todos los que ejercen una tarea de responsabilidad en nuestra sociedad, mucho más los que integran algunos de los tres poderes estatales, deben ser ejemplos y hacer docencia de vida republicana y democrática. Mucho más cuando se los denuncia de algo tan grave como lo es esta situación.
Dilucidar lo verdaderamente ocurrido en esas presuntas vacaciones en Lago Escondido, es una prueba de fuego en lo concerniente al apego de la vida republicana y del respeto al pueblo todo, por parte de los denunciantes y denunciados.
Que no se nos prive de definir quién es quién en esto de vivir en una república con democracia.
