Ocho países de la región respaldaron al flamante Alto Comisionado para Derechos Humanos, Volker Türk, en la condena del actual gobierno de Nicaragua, a los que se sumó por separado la Argentina. También España, de acuerdo a la posición de la Unión Europea, y Suiza, país de acogida, en la sede de la ONU en Ginebra. En cambio, Venezuela y Cuba, destacaron en respaldar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

"Las elecciones municipales de noviembre estuvieron marcadas por la represión de las voces disidentes y las restricciones de los derechos civiles y políticos", coincidieron Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, en una intervención conjunta. Deploraron "la incapacidad de Nicaragua para reformar su organismo electoral y las continuas detenciones arbitrarias". Sostuvieron que tales elecciones « no fueron libres ni justas, al igual que las elecciones generales de 2021».

El citado grupo mayoritario de países de la región añadió que "se siguen denunciando condiciones de detención inhumanas. Nicaragua debe conceder acceso a representación legal y atención médica a los presos, y debe poner en libertad a todas las personas detenidas y condenadas arbitrariamente". Además cuestionaron la ausencia de Nicaragua a comparecer recientemente ante los los mecanismos de control de Pactos y Convenciones de la ONU ratificados voluntariamente por Ortega y Murillo, instrumentos que vigilan el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, de la mujer y contra la tortura.

La Argentina repudió a su vez la privación de la libertad de "familiares de activistas políticos; impedir que niños y niñas mantengan contacto con sus padres y madres encarcelados; la prohibición a nicaragüenses de retornar a su país y el hostigamiento contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos… un reflejo de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta a dicho país".

El reclamo de los 9 países latinoaméricanos se extendió a que las autoridades de Nicaragua autoricen la visita de funcionarios de la Oficina del nuevo Alto Comisionado, Volker Türk, quien en su discurso acusó a Nicaragua de "intensificar el clima de opresión". Solicitó la liberación de "opositores políticos", señalando "tratos humillantes y degradantes a los familiares que visitan a los presos, como las mujeres adultas mayores obligadas a desnudarse para ser registradas".

Türk abundó que "mas de 3.000 ONGs nacionales e internacionales han sido canceladas, casi la mitad solo desde septiembre de este año, dejando innumerables personas sin acceso a sus servicios o asistencia", mientras "se ha amordazado a 26 medios de comunicación nacionales y tres medios internacionales clausurados por el Gobierno". Repudió "una nueva ley aprobada en octubre », que « exige el registro y la autorización del Gobierno para la producción, filmación y exhibición de cualquier material audiovisual en el país".

Al tiempo, el Alto Comisionado afirmó tener la prueba que "12 ciudadanos nicaragüenses no han podido regresar al país, presuntamente por una decisión del Gobierno, sin ninguna información sobre la razón de tal negativa". La persecución se extiende a "miembros del clero", asimismo "percibidos como opositores políticos", quienes son «arrestados, acosados, intimidados", y "algunos de ellos son procesados penalmente por los delitos de conspiración para menoscabar la integridad nacional"; o por "noticias falsas".

Volker Türk paralelamente caratuló las elecciones municipales del mes pasado como un "ejercicio autocrático", en medio de una ola "de arrestos y despidos de opositores en los meses previos", donde "los partidos políticos cuya personalidad jurídica fue cancelada en 2021 vieron excluida su participación". Para peor, el día del escrutinio, "estuvo plagado de actos de intimidación, con puestos de control alrededor de los colegios electorales para rastrear a los votantes ", prohibiéndoles acceso a los centros de votación" a las personas percibidas como opositoras políticas ".

Las mencionadas elecciones municipales fueron coincidentemente denunciadas por el Alto Comisionado al fustigar el ataque por "policías antidisturbios a simpatizantes del partido político indígena YATAMA", tras proclamar que había "ganado en el municipio de Waspam, en el Costa Caribe Norte", siendo detenidos 19 de sus simpatizantes "durante varios días". Entre tanto, llegaron a 70 mil las "nuevas solicitudes de asilo" de nicaragüenses a Costa Rica en 2022. Paralelamente otras 147.000 fueron registradas en "las fronteras con Estados Unidos".

En nombre de Nicaragua, se pronunció la Procuradora General de Nicaragua por " zoom ", Wendy Carolina Morales Urbina, quien recusó el contenido adverso del debate para con su país por "unilateral", parcial, "injerencista", comparándolo con un "crimen de lesa humanidad", una posición que tuvo un hetergeneo apoyo de Belarus, Bolivia, China, Corea del Norte, Irán, Rusia, Siria y Sri Lanka.

En particular, se agregó el embajador cubano en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla Román. Tildó de "politización y utilización ilegítima" de las criticas sobre Nicaragua antes resumidas, una hipotética "manipulación" por su "situación interna", para "dañar su imagen internacional y desplegar continuas acciones hostiles" en su contra, pero sin desmentir concretamente los hechos, o las alegaciones vertidas por la ONU, o los países vecinos no condescendientes previamente detalladas.

Este diplomático resaltó en el "gobierno sandinista … significativos avances en la preservación de la paz, el estado de derecho, la democracia, la soberanía, la unidad nacional y los logros socioeconómicos alcanzados", obviando aportar al menos indicios que solventaran sus afirmaciones. Exigió "enérgicamente al gobierno de los Estados Unidos y sus aliados, la eliminación inmediata de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Nicaragua, que tienen una incidencia negativa directa en la población y afecta el progreso económico y social de este país en desarrollo".

De modo equivalente procedió el embajador de Venezuela en Ginebra, Héctor Constant Rosales, al juzgar las consideraciones vertidas por los 9 países de la región, críticos con Nicaragua, como un "nuevo mecanismo injerencista", que no respetaría "su soberanía, el derecho a su libre determinación y a la no injerencia en sus asuntos internos". Coincidentemente Constant Rosales arremetió contra las cruentas e ilegales medidas coercitivas unilaterales" al igual denostadas por su colega cubano.

Sin embargo, es de justicia concluir que las medidas de esa naturaleza, tendientes a perjudicar la vida cotidiana y el bienestar de las poblaciones de los países afectadas, no son apoyadas por el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, según lo oportunamente establecido en la gestión precedente de Michelle Bachelet. Sí lo son las que contribuyen al enriquecimiento personal y/o ilícito de los altos cargos de los regímenes de partido único, o de sesgo autoritario y antidemocrático, como son los casos de Cuba o Venezuela.