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El Kirchnerismo siempre ha desafiado las decisiones judiciales adversas, esto no es ninguna novedad. Lo ha hecho incluso con tribunales neoyorkinos cuando en su momento los mal llamados “fondos buitres” ganaron el juicio a la Argentina por el default del 2001.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado una medida cautelar a favor de la Ciudad de Buenos Aires. Con ella le reintegra a partir de ahora -y hasta se resuelva la cuestión de fondo- el 0,63% de coparticipación (de un total de 1,18% que Alberto Fernández a través de un Decreto le quitó a la Ciudad allá por Septiembre de 2020). Esto equivale a unos 8.000 millones de pesos mensuales (aunque no hay aún estimaciones oficiales al respecto). Parece que el Gobierno no está dispuesto a cumplir con la orden judicial.
La gravedad de lo sucedido tendrá consecuencias impredecibles. Difícil entender que es lo que busca el Kirchnerismo jugando al límite de la institucionalidad y rompiendo con esto la división de poderes. El Banco Central emite para pagar intereses de Leliqs en torno a los 25.000 millones de pesos diarios: cumplir con este fallo le implicaría apenas al equivalente a 8 horas de la emisión monetaria. Incluso son falsos los argumentos de muchos Gobernadores –incluyendo a Axel Kicillof- que insisten en el perjuicio que la decisión de la CSJN generará –en caso de ser acatado- en el resto de las jurisdicciones: el porcentaje de coparticipación que se le restituye a la Ciudad de Buenos Aires no sale de los fondos que van a las provincias sino de los que retiene el Estado Nacional.
Independientemente de las cuestiones estrictamente políticas, lo cierto es que el daño en términos de seguridad jurídica es algo difícil de magnificar. Un Presidente de la Nación que llama a incumplir un fallo de la máxima autoridad judicial rompe con todo orden jurídico, institucional y republicano.
¿Cómo podemos asegurar que un banco devolverá los depósitos a sus clientes? ¿Cómo podemos garantizar que el BCRA no dará la orden de cambiar plazos fijos por bonos a 10 años? ¿Cómo se asegura a partir de aquí un inversor que se respetará su derecho de propiedad? ¿Quién a partir de ahora puede confiar en que la Justicia se respetará? El daño parece interminable.
Los países que más han crecido, aquellos que han logrado bajar brutalmente sus índices de pobreza y que con ello han mejorado exponencialmente la calidad de vida de todos sus habitantes, tuvieron entre otras cosas la característica común de haber respetado sus instituciones. Respetar la división de poderes y por sobre todo a la Justicia, nunca puede ser una solo una opción sino más bien la obligación republicana de todos los que nos gobiernan y de aquellos que lo harán en el futuro. Fin.
