Créase o no, en cercanías del entorno presidencial hablan de “un Alberto empoderado”. Lo ven activo en este tiempo de receso, con actos casi diarios en los que cree estar haciendo “los deberes”: fustiga a la oposición en general y a Mauricio Macri en particular; a la Corte Suprema también y mucho; y por primera vez en su gestión pareciera tener un norte.

El objetivo es mantenerse vigente de modo tal de no ser descartado como candidato presidencial hasta último momento y, de ser posible, ser el candidato oficialista. En ese marco, para casi todo el mundo el video de casi tres minutos difundido esta semana fue una suerte de lanzamiento de campaña suyo. Arranca con Macri hablando y una descalificación de parte de Alberto Fernández, que se muestra a continuación con la primera damay su hijo Francisco, en una imagen bucólica de los jardines de Olivos. Todo bien guionado, nada de improvisación.La excusa es poder reflexionar sobre qué país le dejará el presidente a su hijo menor.

Es una pieza de manual. Se busca allí capitalizar todo tipo de celebración ajena: multitudes vivando el éxito de la Selección; los ganadores argentinos del Globo de Oro, a escasas horas de haberse consagrado. También tiene reivindicaciones, como la del Juicio a las Juntas (que el peronismo no apoyó), y al citar la recuperación de la democracia muestra a Néstor Kirchner y la bajada del cuadro de Videla. En el spot no aparece su admirado Alfonsín. Sí Cristina, atentado incluido; pero mucho de Alberto abrazado, vivado; con Lula, y de paso vuelve Macri con una foto con Jair Bolsonaro, con el que Fernández se resistió a reunirse nunca, salvo encuentros circunstanciales.

Una campaña en ciernes en la que está encaramada la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, que negó esta semana que el Gobierno esté atravesando “una crisis económica”. Planteó todo lo contrario: habló de crecimiento y dijo esperar que “más temprano que tarde el pueblo argentino va a reconocer esta verdadera epopeya de este gobierno durante estos años”.

La misma vocera celebraba al día siguiente como un logro del Ministerio de Economía que la inflación anual no hubiera alcanzado los tres dígitos. Dato importante: si la inflación no traspasó la barrera psicológica de los tres dígitos este año, se lo tendrá que “agradecer” el Gobierno a la sequía, que mantuvo el precio de la carne bajo. Pero como todo lo que no sube en una economía inflacionaria alguna vez revierte, habrá que estar preparado para cuando la carne busque recuperar lo perdido.

Más allá de spots y discursos, el presidente cimenta su candidatura en la fuerte embestida que ha lanzado este año contra la Corte Suprema de Justicia. Hoy ese es su plan: embestir contra el Tribunal Supremo y por eso arrancó el primer día del año anunciándolo. Y lo corporizó en proyecto de resolución el viernes pasado, con el texto de 410 fojas que ingresó por Mesa de Entrada de la Cámara baja la noche anterior. Fernández ha tomado esta cruzada como algo personal y la lleva adelante con los bríos que en su momento mostró con la campaña por el aborto.

Cosas bien distintas. La interrupción voluntaria del embarazo era un tema transversal que sumaba -o restaba- en todos los sectores. Para asumir mayor protagonismo en ese “logro”, Alberto comentó hace pocos días que él llamó a gobernadores para forzar los votos necesarios para la aprobación. Dijo diferenciarse con esa actitud de su antecesor.

El juicio contra la Corte Suprema no es para nada lo mismo. Muchos mandatarios no tienen el menor interés en enemistarse con los jueces supremos, razón por la cual la cosecha albertista para ese proyecto detrás del cual quiso embanderar a todos los gobernadores “propios” lució escueta. Todavía le facturan en privado a Gustavo Bordet haberse “bajado” del mismo. Revancha chiquita, pero revancha al fin, eligieron a dos entrerrianos para suscribir el proyecto de juicio político: Marcelo Casaretto y Blanca Osuna están entre los 15 diputados elegidos para firmarlo. Además, la presidenta de la Comisión de Juicio Político es la entrerriana Carolina Gaillard.

Todos coinciden en que el juicio político no tiene ninguna posibilidad de prosperar en la Cámara baja. Como ya hemos dicho y repetido, nadie tiene los dos tercios en ninguna de las dos cámaras para nada. Pero ya hemos dicho también que el oficialismo tiene el número suficiente para su objetivo único. Erosionar a los integrantes de la Corte Suprema lo suficiente, enlodar a sus miembros con la puesta en escena que tendrá lugar probablemente a partir del 26 de enero. Desde entonces y con dos capítulos por semana, habrá una sesión televisada que el Gobierno espera concite una atención que no será la del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, pero atención al fin.

El oficialismo tiene herramientas para hacer más farragoso el trance. Lo anticipan en las medidas previstas en el proyecto de resolución presentado. Por ejemplo donde piden “se le de intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y/o organismo que se entienda competente, en los términos que la Comisión lo considere pertinente, para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”.

La Dajudeco depende de la propia Corte. Desde la oposición advierten que la comisión no tiene facultades para tomar esas medidas sin la intervención de un juez. En el oficialismo sostienen lo contrario y afirman que ya lo han hecho en el marco de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, y la Dajudeco accedió. Dos mastines del kirchnerismo duro que integran esa bicameral están también en Juicio Político: Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade. También forma parte de la Bicameral Eduardo Valdés, quien figura como primer firmante del proyecto de enjuiciamiento.

Medidas como esa son las que sostienen la decisión mayoritaria de JxC de participar de las reuniones de la Comisión de Juicio Político, donde algunos sectores siguen objetando asistir. Quisieran “vaciar” la comisión y no “convalidar el show” participando. Prevaleció la decisión mayoritaria de asistir: porque no es algo ilegal que esa comisión se reúna para llevar adelante un juicio político, y para no dejarle toda la centralidad al oficialismo. Así lo decidieron los 14 integrantes que se reunieron por Zoom el domingo pasado.

Dos días después la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio suscribió esa decisión y planteó que “mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno nacional o el Frente de Todos”.

Como un desafío a esa postura sonó la decisión del Poder Ejecutivo de convocar a extraordinarias con un temario extensísimo. Porque no es habitual que a extraordinarias se manden demasiadas iniciativas. Solo se abre el Congreso en esa época para los temas urgentes y cuando el Ejecutivo sabe que podrá aprobarlos. Pero es norma en esta administración hacer lo contrario. Tiene un problema de origen que es el de anunciar demasiado y concretar muy poco. De hecho, este es el Ejecutivo al que menos proyectos propios se le han aprobado. Algunos quedaron en mero anuncio, sin siquiera llegar a ser debatidos en comisión.

En su primer año de gestión, Alberto Fernández envió 11 proyectos en extraordinarias y le aprobaron 6; en el segundo anunció 25 y le aprobaron apenas 4. El año pasado armó un temario de 18 proyectos, de los cuales no llegó a tratarse siquiera en comisión, en extraordinarias, ninguno.

Este año manda 27, una exageración. Hay de todo, pero solo podrán avanzar los proyectos que necesitan su aprobación en el Senado. Son temas pendientes de aprobación que quedaron “colgados” por la ausencia en la Cámara alta de una sesión final, motivada por los problemas de ausencias en el Cuerpo.

El Gobierno envía a extraordinarias temas que nunca llegaron a tratarse siquiera en comisión, como la reforma del Consejo de la Magistratura o la ampliación de la Corte. También reflotó el interés por el nombramiento del procurador general de la Nación, siendo que fue el kirchnerismo el que se resistió a tratar el pliego de Daniel Rafecas. Ahora, si bien en su momento Elisa Carrió había recomendado aprobar su nombramiento, es muy improbable que el tema pueda avanzar en el Senado. Primero, habría que ver si hay disposición ahora sí en el kirchnerismo; y después, la oposición no convalidará su nombramiento a meses de un probable cambio de gobierno.

Difícilmente pueda el oficialismo mover los temas en la Cámara baja, donde sí avanzará hasta donde pueda la Comisión de Juicio Político. Con presencias muy curiosas anticipadas en el detalle de testigos sugeridos, tales como el español Baltazar Garzón -echado de la Justicia en España- y organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo; HIJOS, el CELS, la APDH de La Matanza y Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Un menú de testigos tan ecléctico como el temario de proyectos sugeridos para debatir este verano.