El 7 de abril de 2021, la municipalidad de General Pueyrredon elevó un pedido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que le cedan terrenos en la ciudad de Mar del Plata a fin de evaluar la posibilidad de construir nuevos centros de salud.

A dos años de aquella gestión, la respuesta de Nación aún no llegó.

Sin embargo, el 16 de febrero último, el mismo organismo dispuso la entrega gratuita por el término de 180 días, renovables por otros 90, a una ONG vinculada al dirigente social Juan Grabois, de nada menos que 140 hectáreas en la zona sur del distrito “a los efectos de su custodia, preservación, limpieza y acondicionamiento para su uso como chacras productivas”.

Una gran celeridad por parte del gobierno para sus seguidores.

En las últimas horas, el concejal Daniel Núñez, presidente de la UCR local, presentó en el HCD un proyecto de comunicación para que la AABE informe sobre los trámites iniciados por el municipio, a través de la Secretaría de Salud y otra áreas, a fin de obtener diferentes predios para la edificación de inmuebles para la salud.

En concreto, lo que quiere el oficialismo local es obtener mayores precisiones para saber qué pasó con sus pedidos.

A través del expediente 30131784, el 7 de abril de 2021 el gobierno de Guillermo Montenegro inició gestiones formales ante el organismo estatal para la posible concreción de distintos proyectos.

“Uno es un proyecto de un centro de atención de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otro para ampliar las consultas del CEMA (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias) donde se tiene pensando avanzar con la construcción de policonsultorios”, explica el concejal Nuñez.

Los predios por los que estaba averiguando la comuna estaban ubicados en el macrocentro de Mar del Plata, donde el Estado nacional tiene en custodia varias tierras, entre ellos, distintos hoteles.

El edil explicó que «a la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta y por eso nosotros también expresamos nuestro malestar porque a una organización social de Grabois, a una ONG que no tiene ningún tipo de antecedente en agrocultivo, le habían dado un tratamiento exprés de 140 hectáreas en un lugar importante de nuestra ciudad del sur donde hay necesidades concretas que tienen que ver con fortalecer el sistema de salud».

En la mañana del sábado 25 de marzo, más de un mes después de la firma del convenio, un grupo de entre 40 Y 60 personas, algunos con remeras con la leyenda “Tierra Techo Trabajo” y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y otros militantes del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) de Juan Grabois, tomó los terrenos en cuestión en una zona conocida como El Marquesado.

El predio se encuentra sobre la ruta 11 camino a Miramar, frente a la playa La escondida, a 50 minutos del centro de Mar del Plata, a media hora del puerto de la ciudad, y con una gran vista al mar.

El objetivo, según dijeron, era llevar a cabo “el estudio de suelos para realizar huertas comunitarias sin agrotóxicos, tambos, viviendas, escuela y salas de primeros auxilios”. En principio, comentaron, “serían 100 familias” que “viven y cultivan en Batán y Sierra de los Padres, y gente del MTE de Grabois”. 

Sin embargo, según explicó a este medio un reconocido productor local, “en la zona de la costa no se puede encarar ningún tipo de producción hortícola, ya que la salitre del mar mata los cultivos”.

La ocupación del terreno derivó en una reacción de los vecinos de la zona, que se autoconvocaron allí tratando de impedir la ocupación del mismo. La situación generó discusiones y la Policía tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Tras ello, algunos se movilizaron a la Ruta 11 y cortaron el tránsito.

Más tarde, se hicieron presentes funcionarios municipales del gobierno de Guillermo Montenegro, quien se opone al proyecto y presentó el lunes 27 una denuncia judicial que recayó en los tribunales de Comodoro PY, específicamente en el juzgado de Ariel Lijo.

La ONG a la que le dieron en custodia el predio se llama Asociación Civil Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria, cuyo titular en Mar del Plata es Marcos Leonardo Santucho, inscripto como monotributista ante la AFIP y, según el Banco Central, calificado como “irrecuperable”.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado depende de la jefatura de Gabinete de la Nación, y su titular es, desde agosto del año pasado, Eduardo Albanese, quien responde políticamente al vicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos, quien también había asumido pocos días antes.

El segundo de la Agencia es el dirigente de La Cámpora Juan Debandi.

Creada por el Decreto 1382 del año 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, maneja un presupuesto de más de $3 mil millones para este año y su funcionamiento y los bienes que administra permanecen en un cono de sombra.

De hecho, habría trascendido en las últimas horas un eventual convenio firmado entre el organismo y un particular, oriundo de la localidad de Balcarce, suscripto en mayo de 2022 sobre el mismo predio que dieron en custodia a la ONG.

De verificarse esta especie, además de saber qué pasó con dicha cesión, estaría arrojando algunas dudas sobre el accionar de la AABE.

Aunque habría también otras áreas del municipio de General Pueyrredon que iniciaron expedientes ante la Agencia, sin duda la más importante fue la que formalizó la secretaría de Salud. El objetivo, dijeron fuentes oficialistas, “era descomprimir la atención primaria de los Centros de Salud”.

Ante la falta de un hospital municipal, el distrito posee 32 “salitas” o CAPS (Centros de Atención Primaria de Salud) y el mencionado CEMA, creado en el año 2012, pero que funciona solo con atención ambulatoria.

En el ámbito provincial, Buenos Aires está dividida en 12 Zonas Sanitarias, cuyo director es designado por el gobierno bonaerense. Mar del Plata pertenece a la octava, cuyos únicos hospitales son el Interzonal de Agudos Dr. Oscar Alende y el Materno Infantil.  

Un absurdo teniendo en cuenta que allí se atienden personas de los Municipios de Ayacucho, Balcarce, General Alvarado. General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar, San Cayetano, Tandil, Villa Gesell, Partido de La Costa, además, claro está, de General Pueyrredón. 

Un conglomerado de casi 2 millones de personas para un nosocomio con 343 camas, con una afluencia mayor durante la temporada de verano.

Inaugurado en 1961 cuando Mar del Plata tenía 225.000 habitantes, el Interzonal siempre es objeto de conflicto por su mantenimiento y la falta de insumos, a pesar de la excelencia médica con la que cuenta.

El 17 de febrero de 2014, el ex gobernador Daniel Scioli anunció la inversión de $100 millones, en aquel momento más de 30 millones de dólares, para el Hospital. Sin embargo, un año y medio después, en plena campaña presidencial, eran visibles serias deficiencias en las obras de desague, en los pisos, en los sistemas de calefacción, y en su fachada. A su vez, presentaba una alarmante falta de camas, recurrente carencia de medicamentos e insumos, y lo que es peor, falta de médicos.

Pasó el tiempo y nada cambió. En octubre de 2020, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado, donde advirtió sobre “graves falencias” en el Interzonal, a la vez que denunció “FALTA DE RECURSO HUMANO EN NUESTRA INSTITUCIÓN, y DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. ABSOLUTAMENTE NECESARIOS”.

Y en 2022, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Alejandro Rabinovich, ingresó a la Cámara alta bonaerense un pedido de informes dirigido al gobierno de Axel Kicillof por el “abandono” del nosocomio, que estuvo prácticamente todo el invierno sin suministro de gas natural, entre otras graves deficiencias.

A pesar del evidente déficit de espacios sanitarios para una de las ciudades más grandes del país, extrañamente, en un informe publicado en julio de 2019 por la Revista de Estudios Marítimos y Sociales, se concluía que “no es imprescindible la construcción de un Hospital Municipal” en Mar del Plata, “sino aprovechar mejor los espacios con los que ya cuenta”.

El estudio fue llevado a cabo por Luis Balcedo, muy vinculado al kirchnerismo. Tal vez allí radique parte de la explicación ante la falta de respuesta de la Agencia de Bienes del Estado.