No es ninguna novedad que la asistencia social en la Argentina proporcionada desde el Estado ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años, a la par del aumento de la pobreza, pero también de una forma de hacer política.

El mismo fenómeno ocurrió con los subsidios, que comenzaron siendo un paliativo para superar la grave crisis económica de principios de siglo y terminó siendo prácticamente un derecho adquirido para buena parte de la sociedad.

Si se repasan algunas cifras del Presupuesto 2023, aparecen algunos datos que debieran interpelar sobre la asignación de los recursos que hace la administración pública. Aunque en el actual contexto de alta inflación y aumento de la pobreza y de la indigencia, resulta complejo siquiera pensar en modificar la ecuación.

De acuerdo a la propia información brindada por el ministerio de Economía de la Nación, en el portal Presupuesto Ciudadano, los planes sociales representan el 4,8% del ejercicio de este año, con partidas por casi 1400 millones de pesos, exactamente $ 1.368.575,9 millones.

El dato en sí mismo no diría demasiado si no se lo comparara con otras cifras. Siempre según Economía, las políticas orientadas nada menos que a Salud representan 7 décimas menos, el 4,1%, con $ 1.118.291,6 millones. Traducido en pesos es mucho dinero: 250 millones menos.

Y también superan, aunque por muy poco, a las partidas para Educación, que totalizan, de acuerdo al Presupuesto, $1.362.052,7. Claro que si se le suma Cultura, la cifra se eleva a más de $1.700 millones., lo que representa el 6,1%.

Pero tomando solo el área educativa, significa el 4,6%, 2 décimas menos que la asistencia social, quedando así mismo lejos del 6% de piso que establece la Ley Nacional de Educación sancionada en 2006.

Un dato. Durante la administración actual de Alberto Fernández, la incidencia nunca llegó al piso: 4,8% en 2021, 5,5% en 2022 y el 4,6% previsto para 2023. Por eso para sacar las cuentas agregan Cultura.

Cabe recordar que el Presupuesto aprobado por el Congreso en noviembre del año pasado establece gastos corrientes por $28.954.031.315.031 (casi 29 billones de pesos).

Por otro lado, no se debe pasar por alto lo que ocurre con Transporte y Energía, áreas prácticamente estructuradas alrededor de la política de subsidios, que es, en definitiva otra forma de asistencialismo.

El ministerio que conduce Diego Giuliano tiene previsto recibir $ 1.160.460,9 millones, con una incidencia del 4% sobre el total de gastos. La secretaría de Energía, por su parte, representa el 9,8%, con $ 2.806.072,5 millones.

En 2022, los subsidios para ambos sectores fueron de $2.142.015 millones. Aunque se prevé una baja para este año debido a la segmentación de tarifas, lo cierto es que continúa siendo mucho dinero, en especial cuando parte de ese beneficio lo termina recibiendo gente que no lo necesita.

Otro dato. En 2010, el Estado gastó en subsidios $40.000 millones. 12 años después, más de 2 billones de pesos. La inflación explica una parte de este faraónico aumento, pero no todo.

Si a lo ocurrido el año pasado con dichas subvenciones, se le sumaran los fondos previstos para planes sociales, la incidencia en las erogaciones del Estado alcanzaría el 12%, más que duplicando lo destinado tanto a Salud como a Educación.

Con este escenario, la implementación de los subsidios ya se está pareciendo a una política de Estado.

El 4,8% del Presupuesto 2023 que representa la política de asistencialismo social incluyen básicamente tres programas: Potenciar Trabajo, Políticas Alimentarias y Abordaje territorial.

De acuerdo a la web del ministerio conducido por Sergio Massa, el primero de dichos planes, llamado en verdad Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local, “tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, a través de 1,3 millones de titulares activos de ingresos de inclusión social”.

En relación con el programa Políticas Alimentarias, “se continuará promoviendo el acceso de la población en situación de vulnerabilidad social a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región de la República Argentina, con 2,4 millones de personas beneficiarias de la Tarjeta Alimentar y 15 mil asistencias financieras a comedores escolares, entre otras”.

En tanto, las políticas de Abordaje Territorial “están orientadas al mejoramiento de la calidad de vida a partir del fortalecimiento y la consolidación de las organizaciones”, cuyo número se estima en 25.000.

Como se ve, según la propia información oficial, la protección social del Estado abarca a millones de personas sólo con aquellos tres programas, que dependen a su vez del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz.

La subsecretaria de Abordaje Territorial depende, a su vez, de la secretaría de Abordaje Integral. Su titular es, desde enero 2022, María Eugenia Meana, quien en sus redes sociales se define como “Peronista. Militante de La Cámpora”. Los fondos que recibirá este año suman casi $3.700 millones.

Por su parte, la secretaría de Economía Social, a cargo del líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico, maneja y administra el Potenciar Trabajo, y tiene asignado un presupuesto de más de $594.000 millones.

Por último, la Tarjeta Alimentar, que articula las políticas alimentarias, recibirá partidas por casi $442.800 millones. El área que tiene a cargo el reparto de dichos planes es la secretaría de Inclusión Social, cuya titular es Laura Valeria Alonso, también integrante de La Cámpora.

Hace pocos días, el gobierno anunció un incremento en los montos de la Tarjeta. El mismo será del 35%, por lo que a partir de mayo los titulares con un hijo pasarán a cobrar $17.000, y quienes tengan dos hijos pasarán a recibir $ 26.000.

Entre los 3 programas insumen más de 1 billón de pesos.

También habría que agregar a la secretaría de Integración Socio Urbana, que administra partidas por $11.200 millones, y es controlada por el piquetero Juan Grabois a través de la dirigente social Fernanda Miño.

Según un informe de Forbes Argentina publicado en junio de 2022, en el país “hay 141 programas de protección social y ayudas estatales”. 

No se debe dejar de mencionar el monto destinado en 2023 a la Seguridad Social, que, con $12.945.532,2 millones, representa el 45,1% de la torta. Es decir, casi la mitad del Presupuesto.

El universo que abarca es de 7,2 millones de jubilados, pensionados y retirados, y 4,4 millones de niños con la Asignación Universal por Hijo, entre otras prestaciones.

La incorporación de nuevos jubilados ha sido desde siempre un “caballito de batalla” del kirchnerismo. Aunque no pocas voces advierten sobre un virtual colapso del sistema, al permitir la jubilación de miles de personas que no completaron sus aportes obligatorios.

Mientras que entre la seguridad social, los planes sociales, y los subsidios, se llevan más del 55% de las erogaciones del Estado, la Salud y la Educación no llegan al 10%.

Por último, y en línea con estas cifras, según información publicada en el portal oficial Presupuesto Abierto, también perteneciente al ministerio de Economía, al 23 de abril del corriente año se llevaban ejecutados, en asistencia social, un 30,97%.

En tanto, en Educación, un 25,83%. Y en Salud, bastante menos: 20,94%.