Con sus casi 18 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires representa, el menos en población, casi el 38% del total del país, de acuerdo a los resultados del censo 2022. Y explica, así mismo, el 40% del caudal electoral de la Argentina.

Lo que ocurre dentro su territorio resume, casi cabalmente, todos los males que afectan a la República. La inseguridad es una buena muestra de aquello.

Entre 2007 y 2022, las causas por inseguridad registradas por la justicia criminal y correccional bonaerense crecieron más de un 65%, según datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Julio Conte Grand.

Mientras que en 2007 se iniciaron 559.385 investigaciones penales preparatorias (IPP), 15 años más tarde esa cifra trepó a 924.492.

Las IPP son, por definición, una etapa del proceso penal que tiene por objeto determinar la existencia de delitos y la individualización de los eventuales autores. Las mismas se inician a partir de una intervención policial, una denuncia particular o una de oficio por parte de cualquier órgano judicial. 

La Procuración bonaerense sólo contabiliza las investigaciones “discriminándolas según exista en la misma al menos un imputado, un Autor Sindicado o Autor Ignorado al momento de la obtención de datos del sistema informático”.

En el mismo período, entre 2007 y 2022, la población bonaerense apenas creció menos de un 15%, y no se registró ninguna reforma judicial de peso. La justicia provincial se divide en 20 departamentos judiciales.

Vale aclarar que en julio de 2017 entró en vigencia la aplicación móvil –Sistema del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (MSBA)– que permite al ciudadano denunciar determinados hechos.

Para diciembre de aquel año estaban habilitadas las categorías de robo/hurto, narcotráfico y corrupción/abuso policial. En el año 2018 se agregaron juego clandestino/apuestas ilegales, violencia familiar o de género (enero), robo de celular y cuatrerismo (noviembre) y delitos contra la integridad sexual (diciembre). Y en el año 2019, daño (junio) y picadas (diciembre).

Pero ello apenas explica una parte del crecimiento de las causas.

Consultado por este medio, un juez de ejecución penal asegura que el mayor acceso a la justicia por parte de la población contribuyó a este notable aumento, y que también lo ha hecho “la concientización general sobre la violencia en general”. Un colega suyo con más de 15 años de carrera, todos presentes en un foro en la ciudad de Rosario, afirma que “en los últimos tiempos las denuncias han crecido exponencialmente”.  

Por su parte, un importante jefe policial de Mar del Plata manifiesta que “si bien es cierto que la gente se anima más a denunciar, muchos hechos no se denuncian. Y eso pasó siempre”.

Sin embargo, todos coinciden en que el verdadero motivo del incremento de las investigaciones penales en la provincia de Buenos Aires, y en todo el país, tiene que ver más que nada con la inseguridad creciente.

Y los factores son conocidos: desde un eventual desconocimiento por parte de la dirigencia para encarar el problema de la inseguridad hasta por la alarmante falta de recursos por parte de la policía, sin descuidar, por supuesto, los graves índices de pobreza e indigencia.

Desde 2007 a esta parte, gobernaron la provincia Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, y el actual mandatario, Axel Kicillof.

De acuerdo a la información oficial, mientras que en aquel año se registraron 559.385 IPP, en 2015 se verificaron 719.728, lo que representa un aumento de casi un 30%.

Y en 2022, cabe recordar, fueron 924.492 investigaciones.

Del total del año pasado, donde más IPP se iniciaron fue en el departamento de Lomas de Zamora, con 113.627, representando un 12,3% del total, seguido por San Martín, con 99.646 (10,8%).

También el distrito del Jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, estuvo a la cabeza de las causas en el fuero de responsabilidad penal juvenil, con 2.373 IPP, seguido muy de cerca esta vez por La Plata, con 2.263 investigaciones.

Por su parte, en Mar del Plata, mientras en 2015 se iniciaron 31.516 IPP, en 2022 hubo 40.681, un 30% más en sólo 7 años.

Respecto a homicidios, se registraron 182 en 2015, y en 2022, esa cifra bajó a 126. Pero subieron muy fuerte otros delitos: contra la propiedad, 17.453 en los últimos 12 meses contra 14.599 de 7 años atrás.

Lo mismo en los delitos contra la seguridad pública: 4.306 vs 1.260 de 2015. Y contra la integridad sexual, mayormente abuso sexual, crecieron más de un 60% en el mismo período: 923 contra 568.

El deterioro se torna evidente.   

A lo largo de 2022, siempre según el Ministerio Público, se registraron en todo el territorio 2.877 causas por homicidio, 338.300 investigaciones por delitos contra la propiedad, 109.065 ipp por delitos contra la libertad, y 22.399 por delitos contra la integridad sexual, entre otros.

En todos los casos, más de un 65% en relación a 2007.

En aquel año, la tasa de homicidios dolosos fue de 6,1 cada 100.000 habitantes, y en 2022 bajó a 4,3 muertes. Pero subieron otros delitos, por encima de los asesinatos.

De acuerdo al informe de la Procuración, única fuente oficial, por ejemplo, el hurto llegó a 113.223 expedientes, lo que implica un aumento de un 11,6% respecto a 2021.

En tanto, los casos por violación a la ley de drogas, más de 77 mil, subieron un 8,6%. Las estafas, por su parte, subieron un 14%. Y el robo de autos en la calle trepó nada menos que un 32,3% en un año.

Ante la acuciante inseguridad que azota la provincia desde hace años, la dirigencia política tiende siempre a aplicar el mismo remedio: la incorporación a la fuerza de miles de efectivos.

En el año 2007, cuando asume el ex gobernador Daniel Scioli su primera gestión, la policía bonaerense contaba con 48.000 agentes. Al culminar sus dos gobiernos, en 2015, la fuerza ya tenía 77.000 efectivos, además de 18.000 policías locales, creadas por decreto el 30 de junio de 2014 para localidades de más de 70.000 habitantes.

Hoy, con sus casi 100.000 hombres, hay un policía cada 195 personas.

Tanto para 2007 como para 2022 en la provincia de Buenos Aires, no se toman en cuenta las IPP del fuero de responsabilidad penal juvenil, ya que el mismo fue creado recién en 2008 a través de la ley 13.634. En el último año, hubo 22.018 causas, con fecha de corte el 8 de enero de 2023.

Según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el último año hubo 1.643 NNyA en todo el país que tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. El 52% de aquellos residía en la provincia de Buenos Aires.

En total se registraron 2.036 causas, un 14% más que en 2021, según la Corte, predominando los delitos contra la propiedad, con más de un 80%.

Más datos para remarcar el deterioro: en 2013 hubo 500 menores de 16 años implicados en alguna pesquisa penal, una cifra 3 veces menor que en 2022.

Aunque no es la causa principal, no se debe dejar de señalar que la pobreza en el gran Buenos Aires asciende al 45%, de acuerdo a los últimos datos dados a conocer por el INDEC.

En términos absolutos, el 50,1% del total de personas en aglomerados urbanos bajo la línea de la pobreza a nivel nacional vive en los partidos del GBA.