Las conclusiones del informe económico elaborado por la FAO arroja gravísimas falencias, demostrando la corrupción imperante en el sector, "desmanejos administrativos" y una elevada desinformación que imposibilita la transparencia de los actos administrativos.
    Adunando que la falta de políticas pesqueras no ha mejorado en la ultima década, “todo desmanejo o violación del control de recursos pesqueros, trae una caídas en el rendimiento de los recursos que dificultará cada vez más la implementación de sistemas de control fehacientes", dice el informe referido.
    FAO dice que el impacto social analizado fue escenario de gravísimos conflictos que no tuvieron su reflejo en los medios más importantes del país. "El sector pesquero no es reflejado ante la opinión publica nacional y el país parece no considerar la importancia de sus recursos pesqueros”, manejados ante las fuerzas de libremercado (lobbystas) siendo este un recurso natural al que se causa degradación e incluso la extinción de especies más explotadas.
    “En conclusión, sólo la aplicación de un sistema estricto y severo de control podrá mantener los stocks de peces además de los beneficios económicos a largo plazo. El valor de la sustentabilidad de los recursos para las futuras generaciones no tiene, de hecho, precio alguno”.
    Lo relevado muestra que la provisión de datos de capturas son altamente deficientes. Al no cotejarse de manera inmediata y cierta en cada declaración, mucha información de las bases de datos no es de acceso para el publico, lo que indica falta de transparencia en los actos administrativos de recursos del mar. Estos datos falsos conducen a investigaciones y análisis deficientes.
    Los análisis realizados sobre la estructura comercial de las pesquerías no son comprensibles ni homogéneos entre fuentes. No hay estudios del sector que incluyan conceptos ecológicos o económicos que puedan ser avalados. Las actividades son llevadas a cabo sin un genuino conocimiento de la potencialidad de los recursos donde las autoridades utilizan sistemas de asignación rudimentarios y discrecionales tendiendo a maximizar capturas sin control ni obligación de aplicarles un valor agregado en el país, exportando materia prima en muchos casos en desmedro del desarrollo económico del sector.
    Señora Presidente, este informe para las autoridades no existió y se omitió de aplicar a sabiendas de que en el año 2000 el stock reproductivo de merluza fue el mas bajo desde 1986. Cuando explico esto, lo hago a sabiendas de que los funcionarios del Consejo federal Pesquero que hicieron estos estragos, son los mismos prácticamente que en la actualidad, y ello los hace responsables absolutos del desastre que usted hoy heredó en el sector.
    En el año 2005 se superó la captura máxima permisible de merluza establecida por el Instituto de Investigación Pesquera (CMP) en 40.000 toneladas. Lo gravísimo es que esta captura se sostuvo con ejemplares juveniles, el 93% de la captura se sostuvo con ejemplares de edades "2" y "3", “jóvenes merluzas, adultas e inmaduras”.
    En estas capturas no se tuvo en cuenta la clase de edad "1" que disminuyó en un 69%, hecho que para los biólogos sólo se explica por un importante descarte de ejemplares chicos (no comerciales) que fueron arrojados al mar. Si tomamos en cuenta los avisos biológicos, la caída de la edad "1" estaba clarísimo que el colapso ya llegaba. La masa reproductiva estaba en baja y el informe científico se retardaba (año 2005) en seis meses sin saber qué capturas podrían ser aceptables.
    Aquí hay que hacer una mención de este informe "político-científico" pues se abandona el principio precautorio que “supuestamente” regía a la biología pesquera argentina. Otto Wholer, científico a cargo de INIDEP, informaba públicamente sobre el caladero y el alarmante estado del stock norte (zona común Uruguay-Argentina) y, en función del riesgo en que se encuentra la biomasa reproductiva —con grave deterioro, con niveles por debajo del límite histórico—, recomendó a las autoridades pesqueras una captura máxima de 62.400 toneladas durante el año 2006.
    La autoridad pesquera argentina respondió a este informe científico mediante una resolución "política": la SAPYA 90/05, que establece la captura máxima en 84.000 toneladas, 22.000 más que las recomendadas por el núcleo científico pesquero competente.
    La autoridad pesquera “rápidamente” fijó un escenario de recuperación del caladero a 25 años, tema que no resiste análisis alguno con una flota de buques congeladores que depredan la merluza día y noche.
    Quiere decir esto que en conocimiento de todos estaba el estado del caladero y nadie hizo nada por detener su "crack" biológico. Oportunamente, al igual que hoy, una resolución inconstitucional dejó a la Argentina sin futuro pesquero.
    Señora Presidente, aporto pruebas inapelables de mis dichos. Estos funcionarios "delincuentes" son quienes administran en contra de los intereses del país, otorgando recursos pesqueros públicos a manos privadas impunemente, violando la ley que deberían aplicar. Enterraron el informe de la UBA favoreciendo una flota depredadora e ilegal (1).
    Nuestros administradores pesqueros son de una calaña comparable a los que pisotearan los Derechos Humanos, propulsando un verdadero genocidio.
    La aplicación de la RES 65/2007 condena a miles de trabajadores al hambre y entrega a manos de grupos empresarios poderosos la potestad del manejo discrecional de recursos que son patrimonio de todos los argentinos, dado que quienes nos administran "permiten", además de lo expresado, que la empresa Uruguaya GRINFIN pesque en Argentina y lleve el pescado a elaborar a su país sin dar mano de obra a nuestro país.
    Esto en sí mismo es otra violación más del CFP y de autoridades pesqueras que vulneran el Art. Nº de la Ley 24.922.
    Señora Presidente, yo pido juicio y castigo para los delincuentes que destruyen la sustentabilidad y el trabajo de miles de argentinos. Pido la devolución de todos los millones exportados ilegalmente por las empresas beneficiadas por sus lobbystas que les hacen normas a medida para que nos sigan depredando.
    Pido a Dios, nuestro señor, que la ilumine y detenga este nuevo avasallamiento a derechos humanos y de medio ambiente, amparados por la constitución. Sepa que en casi todo el mundo, prácticamente ningún instrumento moderno ignora estos derechos y principios. La cuestión, además, ha ganado en cierta medida a la “opinión pública,” merced —lamentablemente— a grandes desastres ecológicos,
    La noción de “desarrollo sustentable” formulada principalmente a partir de los informes del Club de Roma e incorporada a los términos del Derecho Internacional en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 en el seno de la "Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo" está contenida al manifestarse: “... para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.”
    Le ratifico a usted mi pedido de audiencia para exponerle un plan sustentable fehaciente permitiendo su desarrollo y eliminando la corrupción.
    Insisto, cárcel y castigo para quienes destruyen la Nación.

Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador

(1) http://www.uba.ar/extension/trabajos/derecho_auditoria.htm

Anexo: Facultad de Derecho
Auditoria sobre permisos de pesca

Otras instituciones participantes
Consejo Federal Pesquero

Responsables del proyecto
Coordinador Académico: Dr. Osvaldo Siseles
Coordinador Jurídico: Dr. Gregorio Flax
Coordinador Técnico: Ing. Luis Cavalitto
Equipo: Dra. Mariana Álvarez, Dra. María Virginia Caferatta, Dr. Oscar Defelippe, Dr. Claudio Hoistacher, Dr Héctor Ianantuonno, Dra. Paula Oliveto Lago.
Además colaboraron 2 pasantes, estudiantes de Derecho y de Ingeniería, respectivamente.

Descripción
En el año 2000, el Consejo Federal Pesquero y la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura de la Nación, por medio de un concurso de precios, contrataron a la Facultad de Derecho para revisar todos los permisos de pesca preexistentes a la ley N° 24.922, y los que se hubiesen otorgado con posterioridad a la vigencia de esta ley y elaborar un informe individual de cada uno de ellos con excepción de los de Rada o Ría. Debido a la relevancia del tema, la Auditoria tomó estado público en diversas ocasiones.

Objetivos, desarrollo y logros
Cada informe debía mostrar:

a) Las características del otorgamiento de cada permiso de pesca, y su adecuación a las normas vigentes.

b) Las características de la autorización de cada transferencia de permiso de pesca y su adecuación a las normas vigentes.

A fin de conocer adecuadamente el marco jurídico que reguló el otorgamiento de los permisos de pesca sometidos a la revisión de esta Auditoria, se procedió a la recopilación de los antecedentes normativos.

Efectuado el estudio pormenorizado del régimen aplicable a la actividad sujeta a control, se elaboró una síntesis de la legislación que fuera presentada al organismo contratante que incluye más de 50 normas jurídicas –leyes, decretos, resoluciones y disposiciones–, lo que forma un verdadero Digesto Jurídico temático.

Posteriormente se elaboraron matrices de trabajo acordes con los períodos normativos. Paralelamente se designó a los interlocutores operativos de la auditoria. Por parte del Consejo Federal Pesquero (en adelante CFP), el Jefe del Departamento de Fiscalización de la Dirección Nacional de Pesca. En representación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (en adelante la Facultad), uno de los coordinadores jurídicos.

La determinación del período de análisis fue efectuado por el CFP. Este organismo consideró la necesidad de revisar los permisos otorgados desde 1975 a la fecha.
En la primera reunión entre los interlocutores operativos, el CFP proporcionó un listado que incluía: número de matrícula actual; número de matrícula anterior; nombre del buque pesquero (en adelante b/p); nombre del armador; medida de eslora (L) obrante en los registros internos; capacidad de bodega expresada en metros cúbicos; potencia del b/p expresada en HP; número de expediente; año de inicio del expediente.

Con este listado como única información se solicitaron los expedientes sometidos a control, en orden cronológico. Una vez recibidos por parte de la Facultad, en primer lugar se verificó la última foliatura, su correlatividad y la inexistencia de fojas faltantes.
A partir de allí se asignaron códigos internos de auditoria identificados con AU seguido de un dígito, que se registraron en una base informática de datos. Posteriormente los expedientes fueron derivados a cada uno de los b/p para que el ingeniero naval o sus colaboradores integrantes del equipo de trabajo pudieran corroborar los datos técnicos (eslora, puntal, capacidad de bodega, potencia de máquinas, etc.).

Una vez individualizados los datos técnicos los expedientes fueron enviados al Coordinador Jurídico para que los distribuyera y asignara entre los distintos abogados.
Los abogados verificaron en cada uno de ellos: el régimen jurídico aplicable; la legitimidad de la actuación administrativa; la legalidad de los actos administrativos.
Esa información se volcaba en las matrices de trabajo elaboradas por el equipo de trabajo de la facultad, a fin de visualizar la totalidad de la información obrante en los expedientes y determinar así la existencia o inexistencia de irregularidades.

A continuación cada uno de los profesionales procedió a elaborar un informe individual de los permisos, transferencias, peticiones, recursos etc. de los b/p que obraban en el expediente, que remitió al cuerpo técnico de Ingenieros, para confirmar a través de un nuevo análisis la información vertida con anterioridad en planillas y realizar distintas verificaciones técnicas (aumento de capacidad de bodega, aumento del esfuerzo pesquero, etc.).

Registrada la totalidad de la información en los papeles de trabajo e informes preliminares de los auditores, se dio pase a los coordinadores jurídicos quienes verificaron la totalidad de la información y redactaban el informe individual final de cada b/p, que se registraba en el programa informático elaborado a tal efecto. Estos informes individuales se acompañaron también en 9 (nueve) tomos en soporte papel.
Los informes contenían la siguiente información:

::
Identificación del/los número/s de expediente/s auditados (incluidos los que corren por cuerda)

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Número interno de auditoría

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Tipo de permiso (definitivo, provisorio, restringido, irrestricto, revocado, etc.)

::
Nombre del b/p.

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Número de matrícula

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Iniciador del expediente

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Detalle de las actuaciones obrantes en el expediente

::
Irregularidades determinadas en cada uno

::
Observaciones técnicas que describen las diferencias advertidas en la información consignada en los distintos instrumentos obrantes en el expediente, con determinación del número de fojas respectivo

Debemos señalar que el equipo de trabajo de la Facultad de Derecho se vio sometido a limitaciones o restricciones relativas a los expedientes y al acceso a la base de datos de la Dirección Nacional de Pesca.

Los expedientes
En este ítem debemos hacer referencia a la falta de celeridad en el envío y la no recepción de expedientes.

En términos generales, la facultad recibió los expedientes en tiempo y forma sólo en los dos primeros meses de trabajo, cuando se analizaron los períodos comprendidos entre los años 1975/1986 y 1986/1991.

A partir del tercer mes, cuando se procedió al análisis de los expedientes correspondientes a los permisos y transferencias otorgadas entre 1991/2000, y aquellos cuyo trámite se encontraba regido por la Ley N° 24.315 (B.O: 12/05/94), que aprueba el “acuerdo sobre relaciones en materia de pesca marítima celebrado con la Comunidad Económica Europea”, surgieron serias dificultades que oportunamente fueron puestas en conocimiento del Consejo Federal Pesquero. Asimismo, una gran cantidad de expedientes no fueron recibidos por lo que no se pudieron auditar.

El acceso a la base de información
No fue posible acceder a la base de datos a fin de verificar la actividad o inactividad de los b/p, las capturas efectuadas en los casos de transferencias, etc. A pesar de que la facultad incorporó equipos informáticos de última generación de acuerdo con las especificaciones del área de informática de la Dirección Nacional de Pesca y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Acuicultura y Alimentación, diversos problemas técnicos de la “red” impidieron nuestro acceso.

Se auditaron más de 600 expedientes administrativos correspondientes al período comprendido desde el año 1975 hasta el año 2000. En los expedientes examinados tramitaron diversas peticiones de los administrados, tales como: permisos de pesca; inscripción en los registros creados por el organismo para las personas físicas o jurídicas que desarrollaran actividades con los recursos vivos del agua; aprobación de proyectos pesqueros; transferencia de permisos de pesca; cambio de titularidad de permisos de pesca; cumplimiento de diversas medidas ordenadas por el Poder Judicial, etc.

Esta diversidad de trámites impuso al equipo de trabajo la necesidad de analizar en forma paralela varios expedientes a fin de permitir reseñar la evolución histórica de los permisos de pesca otorgados. La revisión de las actuaciones administrativas precitadas se efectuó de forma tal que permitiera al equipo interdisciplinario auditor determinar finalmente si fue preservada la regularidad de cada trámite ejecutado por la Administración, como así también si los intereses de aquella estuvieron, desde el punto de vista legal, correctamente defendidos.

El examen pormenorizado efectuado indicó que, en muchos casos, la normativa que ha regulado el trámite de las peticiones indicadas, tendiente a organizar y dar publicidad y transparencia a la gestión, no resguardó debidamente el desenvolvimiento organizado y conforme a derecho de la Administración. Tampoco protegió la prosecución del interés general y el logro de la verdad objetiva. Finalmente, se observó falta de control por parte de quienes tramitaron las actuaciones administrativas auditadas, evidente en la falta de vigilancia sobre los mecanismos implementados por la Administración y el incumplimiento de las normas legales vigentes.

Del análisis de los expedientes y el estudio de los informes individuales correspondientes a cada uno de ellos, así como del estudio de la interrelación registrada entre distintos trámites referidos tanto a la incorporación de buques en el marco de proyectos de pesca, como a la transferencia de los permisos, se detectaron irregularidades de distinta gravedad, que requerían una continuidad de las actividades a fin de corregirlas.

Si bien la Dirección de Pesca de la Nación solicitó a la Facultad de Derecho la elaboración de un plan de trabajo para poner en práctica las correcciones necesarias a las irregularidades detectadas, el equipo interdisciplinario de la Facultad de Derecho no ha tenido la posibilidad de llevarlo a cabo.