La Argentina podría ser sometida en breve a embargos internacionales dictados por la justicia de los Estados Unidos como consecuencia de haber perdido el juicio contra un fondo de inversiones por la expropiación de acciones de la petrolera YPF a la española Repsol durante el anterior gobierno kirchnerista.
A diferencia de lo que cree el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien suele razonar como si lo sistema judiciales de Estados Unidos y Argentina funcionan del mismo modo, la verdad es que desde el momento en que la jueza de nueva York Loreta Preska emitió su fallo, comenzaron a correr los plazos para la Argentina. No es como en Argentina que los fallos de primera instancia no se aplican cuando existen apelaciones en el medio.
Kicillof aseguró, cuando se conoció la demoledora sentencia que obliga a pagar u$s16.000 millones a Buenos Aires por no haber respetado los estatutos de YPF sobre mayorías accionarias, al momento de la expropiación, que «es un absurdo jurídico» y que por lo tanto se va a apelar.
La semana pasada la jueza Preska publicó su fallo completo, donde se brindan los detalles y fundamentos de su decisión. Ese acto no implica haber «dejado en firme» su decisión. En EEUU las mandas de los jueces de primera instancia son «en firme» aunque se esté tramitando una apelación en el medio.
En principio, Argentina debería constituir una garantía mientras sigue su curso el reclamo. En caso de que no ocurra ello, podrían empezar los embargos.
Sebatián Marill, analista internacional y consultor, señaló a Nuevas Palabras que el fallo de Preska «es firme porque si Argentina no paga ahora o deposita una garantía, empiezan embargos».«Solo hay que esperar unas semanas y seguramente Argentina va a pedir la eliminación de la garantía», explicó.
Según indica en sus redes sociales, Maril sostiene que la Argentina puede tener chances de conseguir que se levante la garantía debido a que hace unas semanas un tribunal de Londres tomó una medida similar por un juicio contra Buenos Aires por haber alterado los datos de crecimiento económico, para no pagar bonos atados al PBI.
«De la misma manera que utilizó exitosamente en juicio por los Cupón PBI en Londres la ‘pobreza’ y ‘los daños irreparables’ que podrían causar el pago de sentencia por 1.300 millones de euros de manera inmediata, Argentina hará lo mismo contra la sentencia de YPF para evitar depósito de garantía», indicó.