El nuevo informe de la «Misión internacional de investigación sobre Venezuela», integrada por 3 expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, presentó en Ginebra conclusiones, sobre «la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) … una «continuación» de la pretendidamente disuelta «Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un reclamo de esclarecimiento heredado por el Alto Comisionado, Volker Turk.

El pedido remonta a la anterior Alta Comisionada, Michelle Bachelet, tras reunir pruebas del accionar criminal de las FAES. Desde entonces no han cesado las «ejecuciones extrajudiciales», cuyo «numero de muertes sigue siendo alarmante y continua estando entre los más altos del mundo, reflejando patrones», actualmente atribuidas a la DAET. Se ve «una clara continuidad entre ambas estructuras», cuestionando el abandono de la subyacente represión ilegal.

El presente informe abarca los hechos desde el 7 de octubre de 2022 hasta hoy. A consecuencia de «254 entrevistas y 4 grupos de discusión con 299 personas, durante el presente ciclo (153 hombres, 142 mujeres y 4 personas de identidades de genero diversas) tanto en persona como a distancia, a través de conexiones telefónicas seguras, aplicaciones de mensajería o videollamadas», la Misión aporta la prueba que «lejos de desmantelar las FAES», el gobierno de Nicolas Maduro «ha mantenido o incluso ascendido a sus responsables», reciclándolos en la DAET.

A tal efecto, estos expertos independientes, quienes no son funcionarios de la ONU, ni cobran sueldo, solo viáticos para efectuar las misiones, y actúan según sus conciencias, aplicaron el «estándar» vigente en el Consejo de Derechos Humanos de reunir «motivos razonables para creer». Las autoridades venezolanas siguen negándose a «cooperar con la Misión, a concederle acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país y a proporcionarle toda la información».

Establecieron que las 2 instituciones citadas «tienen funciones similares y utilizan el mismo modus operandi. Además, muchos oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales, algunos de los cuales fueron identificados como implicados en manifiestas violaciones de los derechos humanos incluso en crímenes de lesa humanidad, desempeñan ahora funciones clave dentro de la cadena de mando de la nueva Dirección».

Según «un organigrama interno de la Policía Nacional Bolivariana en el que se detalla su estructura a febrero de 2023», la Misión constató que la DAET es una de las « 9 Direcciones tácticas que dependen directamente de la Sub-dirección», cuyas funciones incluyen inteligencia, investigaciones, contraterrorismo y lucha contra el crimen organizado … algo más que solo acciones tácticas». Concluyó que «al menos 9 » de «14 personas identificadas, todos hombres, «estuvieron implicadas en graves violaciones de derechos humanos y delitos documentados», con anterioridad, incluyendo «el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional».

Enumeró al respecto como implicados en «graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad a José Miguel Domínguez Ramírez (alias «Miguelito»), Director entre el 27 de julio de 2022 y el 18 de julio de 2023, luego Subdirector de la Policía Nacional Bolivariana; Carlos Alberto Calderón, actual Director y ex Director Adjunto, y Ronny González Montesinos, Jefe de la División de Investigaciones Criminales de la Dirección», quienes en lugar de ser investigados por su presunta responsabilidad en crímenes y violaciones, fueron condecorados y ascendidos por el Gobierno».

La información brindada por estos expertos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sostiene que la DAET está involucrada con «las operaciones Trueno, que se llevaron a cabo entre mayo y septiembre de 2022 en 5 Estados del país -Guárico, Anzoátegui, Aragua, Miranda y Yaracuy- y en las que 72 personas fallecieron y al menos 345 fueron detenidas. Se trató de operaciones conjuntas o mixtas, con mando hibrido militar, de gran escala y con participación de distintos cuerpos de seguridad… las 5 últimas a partir de la creación de la DAET en julio de 2022.

El «objetivo oficial» atribuido por el gobierno de Nicolás Maduro a las operaciones Truenos «era desmantelar grupos delictivos», pero «en la mayoría de los casos los familiares de las personas muertas o detenidas insistieron en que sus seres queridos no estaban relacionados con esos grupos delictivos. Ninguna de las operaciones se saldó con la detención o muerte de ninguno de los lideres de las bandas contra las que supuestamente iban dirigidas». Allegados de las víctimas «denunciaron que las autoridades llevaron a cabo allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, y señalaron que las personas muertas no se habían enfrentado a las fuerzas de seguridad», siendo «ejecutadas sumariamente», afirmó la Misión.

Sostuvo que «en la transición de las FAES a la DAET», los funcionarios del Estado «continuaron llevando a cabo detenciones arbitrarias de opositores reales o percibidos y entregándolos a los servicios de inteligencia», entre ellos «la detención arbitraria del dirigente sindical José Antonio Cádiz Morales, el 21 de agosto de 2023, quien fue torturado como forma de castigo por su participación en las protestas laborales y para obtener información sobre otros dirigentes».

En tal contexto, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), acaban de censar que sobre un total de 7,7 millones de venezolanos que huyeron del pais, 4 millones han emigrado o pedido a asilo político en 17 países de América Latina y el Caribe. Estos «siguen teniendo dificultades para acceder a alimentos, vivienda, atención sanitaria, educación y empleo formal», y carecen «de oportunidades estables de subsistencia, lo que dificulta su integración efectiva y su contribución a las comunidades de acogida». Un tercio no han legalizado residencia y el 19% son niños que no reciben educación.