Hoy parece que la diferencia entre el Gobierno y sus potenciales aliados legislativos se reduce a las formas en que se está desempeñando desde hace sólo veinte días y, si bien éstas no dejan de ser importantes, creo que el debate debiera trascenderlas. El Presidente, con la legitimidad de origen que le dio el 56% de los votos que obtuvo en el ballotage el plan que expuso en campaña con sinceridad y dureza, está peleando el poder simultáneamente a todas las corporaciones que, hasta ahora, lo han ejercido sólo en beneficio propio y, en ese camino, mientras busca la legitimidad de ejercicio, demuestra que es un eximio jugador de ajedrez. La mayoría de los legisladores carece de tal virtud porque, si bien también ingresaron a la Cámara por el voto popular, la realidad es que para hacerlo se treparon a las penosas listas sábana armadas por los diferentes partidos políticos para pagar favores y lealtades oscuras, que nada tienen que ver con la capacidad para desempeñar tan trascendente rol republicano.

Si el DNU se hubiera dictado mientras estudiaba Derecho, seguramente entonces hubiera estado de acuerdo con todos los constitucionalistas –algunos de ellos, queridos y respetados amigos- que hoy impugnan este decreto de innegables necesidad y urgencia que entró en vigencia ayer. Pero he vivido nada menos que setenta y siete años aquí, y he visto a muchos radicales que hoy se rasgan las vestiduras por las formas, tolerar que Raúl Alfonsín hasta cambiara la moneda por decreto, en la época en que no existían los DNU, y a muchos peronistas también contagiados de un republicanismo que siempre les fue ajeno y extraño, ceder sin pudor alguno facultades legislativas a distintos mandatarios; con ellos Néstor y Cristina Kirchner pretendieron, vanamente por cierto, ir por todo.

Los dirigentes sindicales, que se mantuvieron en un silencio comprado, sin hacer un solo paro, durante los cuatro años en que el trío maravilla (Fernández² & Massa) trituró salarios y jubilaciones, trabajo registrado, educación, salud y economía e impulsó la pobreza hasta el 50% (llevó la indigencia al 15%) y ahora, a sólo tres semanas de su asunción, rápidos y furiosos convocaron a una huelga general para el 24 de enero y amenazan, como hizo el violento camionero Pablo Moyano ayer, con voltear al Gobierno desde la calle para defender sus intereses y cajas personales. Los gerentes e intermediarios de la asistencia social –todos ellos, sumados, obtuvieron sólo setecientos mil votos- vociferan su apoyo, para intentar, con mal pronóstico, evitar que Patricia Bullrich imponga el orden y la ley en un terreno copado, hasta ahora, por ese mismo kirchnerismo depredador.

Los empresarios, también expertos depredadores, salieron a remarcar sideralmente sus productos, hasta que los grandes supermercados y hasta los pequeños consumidores reaccionaron y les pusieron un límite al disparate, sobre todo con la caída en el consumo. En el nuevo mundo que Milei quiere crear, cada cosa valdrá lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella: cada uno podrá pedir el precio que quiera por sus bienes o servicios, pero no encontrará quienes los compren o contraten hasta que ambos factores –oferta y demanda- encuentren su equilibrio; y eso vale tanto para alimentos cuanto para alquileres, honorarios profesionales, etc..

Uno de mis principales críticas a las políticas de Milei se refería al inicuo régimen de protección a las ensambladoras de Tierra del Fuego, que esta misma semana fue omitido del proyecto de “ley ómnibus” que el Gobierno envió al Congreso. Pero, como habría sido compensado de hecho  con la absoluta libertad de importar bienes para consumo personal, dejó de tener sentido. Y lo mismo sucederá con la absurda industria textil, tan protegida, tan cara y tan mala. Cuando podemos traer productos fabricados fuera, las mismas computadoras, celulares o ropa mejores y más baratos sin pagar inicuos impuestos disfrazados de derechos aduaneros, el coto de caza de los empresarios prebendarios pierde sus alambrados.

Aplaudo con entusiasmo la política de cielos abiertos y los miles de desregulaciones del comercio interno e internacional, del sistema financiero, de la salud, de los alquileres y del universo del trabajo y el sindicalismo y hasta del ejercicio profesional, y el fin del monopolio de Papel Prensa, que tanto han impedido nuestro desarrollo individual y colectivo. Y respaldaré, sin duda, la futura rebaja de la edad de imputabilidad penal, para que los menores que cometen delitos de adultos sean juzgados como tales.

El verano no será, precisamente, un lecho de rosas para los argentinos: deberemos hacer frente, en medio de una altísima inflación heredada, a las facturas de las grandes fiestas a las que no fuimos invitados –la mayor, los US$ 16.000 millones debidos por la cómplice mala praxis de Axel Kiciloff en el tema YPF en beneficio de Cristina Fernández, que se nos presentará el 10 de enero- pero, para divertirnos, podremos asistir al debut del sainete que se desplegará durante el año en el Congreso; allí, entre cómicos y onanistas discursos, se discutirá la validez del DNU y cada artículo del monumental proyecto de ley ómnibus, con la cual el Gobierno pretende enseñar a diputados y senadores a leer velozmente y a comprender los textos.

A pesar de todo ello, ¡el mejor 2024 posible para todos! Y recemos para conservar la frágil paz que hemos logrado con tanto esfuerzo y el sacrificio de centenares de valientes soldados, hoy ancianos presos.