Fiel a sus convicciones, Javier Milei cumple a rajatabla sus promesas de campaña. Al menos, curiosamente, las más drásticas y severas.

Hay excepciones -digamos todo-, como por ejemplo la dolarización, archivada a la hora de elegir al ministro de Economía. Si bien el presidente ha ratificado ese objetivo en una de las entrevistas que realizó los últimos días, esa posibilidad quedó definitivamente postergada, según ha trascendido. No solo porque las condiciones del país hacen imposible tal alternativa, sino porque quienes debieran garantizar ese plan han retaceado cualquier apoyo al mismo. Lo sabe Luis “Toto” Caputo, que no lo lamenta pues nunca validó ese programa, y se lo dijeron quienes tendrían injerencia directa en una eventual dolarización.

Lo más probable es que el presidente mantenga vivo ese objetivo, postergado ante premisas más urgentes. Ya se verán en un futuro las probabilidades para concretarlo; de momento tiene objetivos no menos ambiciosos.

El presidente está dando su principal batalla en el ámbito donde tiene su mayor debilidad. Que no es la economía, pese a una crisis casi sin precedentes; sino el Congreso, pues allí presenta la minoría más marcada que haya tenido alguna vez un gobierno argentino. De ahí que llame tanto la atención que con semejante adversidad numérica se haya propuesto objetivos que ningún otro gobierno con mayor número de legisladores se haya fijado.

El caso del mega DNU fue el punto de partida de una aventura legislativa con final incierto. Hablamos ya no de la suerte de ese decreto de necesidad y urgencia, sino de la relación que ha encarado Milei con el Parlamento. Un sitio donde nunca está de más recordar los números que presenta La Libertad Avanza: 37 diputados sobre 257 (14%) y 7 senadores sobre 72 (menos del 10%).

En el caso del DNU, el mismo deroga o modifica más de 300 leyes y decretos, todos de los más diversos temas. No están dadas las condiciones para su aprobación en el Congreso. Si bien la ley que rige los decretos de necesidad y urgencia le da múltiples ventajas al gobierno de turno para que nunca los mismos sean derogados, esa condición no los hace invulnerables. Cierto es que nunca en la historia uno fue rechazado por las dos cámaras del Congreso, que es lo que se necesita para mandar a la basura un decreto. Pero tampoco es que esa reglamentación haya atravesado tantos gobiernos: la Ley 26.122 fue aprobada en 2006, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, en tiempos en que ella y su esposo imaginaban una alternancia que los mantuviera en el poder al menos dos décadas. Diez años después de haberse aprobado esa ley, disfrutó de su elasticidad el Gobierno de Mauricio Macri, una administración en minoría que mostró que no es seguro que los gobiernos vayan a estar blindados al rechazo de un decreto. De hecho, el Gobierno de Cambiemos varias veces estuvo cerca de ser el primero al que le infringieran semejante derrota. La Bicameral de DNU le falló en contra y tuvo algún que otro rechazo en una de las cámaras, lo que lo dejó al filo de un traspié que no sucedió, pero estuvo cerca. En definitiva: un gobierno tan en minoría como el de Milei lógicamente está muy expuesto al rechazo de ambas cámaras.

Máxime en un caso como éste. Un informe muy crítico del CEPA destaca que desde la reforma constitucional de 1994 que incorporó al Poder Ejecutivo la atribución de firmar decretos de necesidad y urgencia, se dictaron 900 DNUs, pero jamás a través de un DNU se pretendió borrar masivamente más de 70 leyes.

Un gobierno en minoría como el de Macri también se tentó en 2018 por emitir un ambicioso mega decreto, con 170 medidas distribuidas en 22 capítulos, que abarcaban las áreas de gestión de ocho ministerios, y derogaba un total de 19 leyes o decretos. Lo anunciaron un 10 de enero, y casi un mes después el oficialismo conseguía el dictamen en la Bicameral de Trámite Legislativo. El mismo día en que eso sucedió, se anunció que el Poder Ejecutivo enviaría no uno, sino tres proyectos de ley para reemplazar al mega DNU de simplificación del funcionamiento del Estado. El 21 de marzo los tres proyectos ya tenían media sanción de Diputados, con números amplios.

Protagonista de ese tiempo por haber presidido entonces la Cámara baja, Emilio Monzó le recordó ese episodio al presidente de Diputados, Martín Menem, recomendándole utilizar esa vía para transformar el DNU en varios proyectos que, le aseguró, saldrían aprobados con holgura en la mayor parte de sus artículos. Es la idea que ofrecieron también al gobierno los radicales, que en el Senado a través de Carolina Losada y en la Cámara baja vía Martín Tetaz, presentaron proyectos de ley “espejo” respecto del DNU.

No parece ser esa sin embargo la idea del Poder Ejecutivo, que considera tal accionar un ningún signo de debilidad que no quiere mostrar. Mal consejo interpretar la búsqueda de consensos como señal de fragilidad.

Por el contrario, el oficialismo está confiado en que podrá sostener el DNU. Porque si bien no tiene ni tendrá el número para aprobarlo en al menos una de las dos cámaras, no hay chances de que una parte de lo que fue Juntos por el Cambio se preste a armar una mayoría con el kirchnerismo para rechazar el DNU. Así las cosas, el decreto podría sobrevivir simplemente por esa mora legislativa de abocarse al tratamiento en el recinto. Recordemos además que la comisión encargada de analizar los DNUs lleva dos años sin reunirse y hay un centenar de decretos de Alberto Fernández que no alcanzaron a ser tratados. El kirchnerismo hizo oídos sordos a los reclamos y esa factura le pasarán ahora.

Como el oficialismo no tendrá obviamente la voluntad de llevar el decreto al recinto, y la oposición no podrá forzar su tratamiento, el tema quedará en un limbo en el que mantendrá su vigencia -tan benigna es la ley para el gobierno de turno-, hasta que la justicia -la Corte Suprema, para ser más precisos- sea la encargada de validarlo o no definitivamente.

El proyecto de ley ómnibus no es menos ambicioso que el DNU. Pero es una iniciativa, y como tal, es pasible de modificaciones y/o rechazos. Deberá aceptar el oficialismo tener que resignar algunos puntos en el camino. Obviamente la convalidación del mega decreto, que figura en el artículo 654, como un “si pasa pasa” que fue detectado prestamente por la oposición. Menos la delegación de facultades; dirán que hubo otros gobiernos a los que se las concedieron, pero éste es un poco desmedido: las reclama en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. Hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogables por otros 2 años. Ese artículo no tendrá las mayorías necesarias.

Si bien hay una mayoría favorable a dar luz verde a buena parte de su articulado, la ley tiene detalles que conspiran contra su aprobación general. Por ejemplo, cuando legisla en materia electoral. Esos proyectos necesitan mayoría absoluta (la mitad más uno de ambas cámaras) y, metidas dentro de una ley general, obligarían a hacer un esfuerzo extra: no solo ganar la votación, sino conseguir una mayoría especial.

El gobierno convocó a sesionar solo en enero, simplemente para apurar el tratamiento al menos en Diputados; llegado el momento, prorrogará extraordinarias. De todos modos, será un esfuerzo enorme llevar al recinto semejante proyecto para fines de enero, y después pasar al Senado, donde el oficialismo pareciera tener la situación más encaminada -increíble conseguirlo con una minoría tan extrema-, como lo ha mostrado en el armado de las comisiones, dejando afuera al peronismo de UP. Diferente es en Diputados, donde la conformación de comisiones sigue trabada y esta semana debe arrancar el debate de la ley ómnibus.

Habrá que ver cuánto y qué cosas está dispuesto Milei a resignar, o si su bilardismo obstruye esa posibilidad. Aun siendo campeón del mundo, el DT no dejaba de lamentarse por los dos goles que le había hecho Alemania… ¿Podría el presidente admitir la aprobación de una ley resignando algunos puntos, para privilegiar el bien mayor? Las señales que va mostrando no van en ese sentido.

Si bien al llegar al poder ha dado muchas muestras de pragmatismo, eso no ha sucedido en materia legislativa, donde desairó a los legisladores al asumir y no hablarles a ellos, sino a sus militantes en la calle; o al endilgarles una y otra vez el mote de coimeros a quienes objetan sus modos. Más temprano que tarde, le pasarán factura por el maltrato.

Milei sabe que hoy tiene el mayor poder que puede exhibir, que no habrá otro momento en mucho tiempo en el que pueda hacer gala de ello, y lo aprovecha. Por eso avanza en su gestión con eslóganes ajenos: el “vamos por todo” de Cristina Kirchner, y el “si no es todo, es nada”, de Patricia Bullrich. Un Congreso forjado a partir de la elección del 22 de octubre y no la del 19 de noviembre, lo espera atento con la decisión de no resignar tanto como para tener después que arrepentirse.