La ley ómnibus que presentó Javier Milei incluye una profunda reforma política. Esta puede darnos pistas sobre la orientación futura del gobierno. En particular, sobre si estamos ante una auténtica reforma liberal o un nuevo populismo de derecha, al estilo del menemismo.

Milei es un dirigente que se distingue por su espontaneidad y sinceridad, pero también por sus contradicciones. Se declara filosóficamente anarquista, pero pregona el liberalismo y se dedica a la política. Despotrica contra “la casta”, pero no dudó en aliarse con ella cuando le convino. Denuncia la mala política, pero derogó la norma anti nepotismo para designar a su hermana como funcionaria. Juró nunca subir un impuesto y fue una de las primeras cosas que hizo al asumir el gobierno.

De igual manera, la reforma política en cuestión posee aspectos positivos y negativos. La pregunta es, ¿prevalece en ella la democracia o el populismo? ¿Prepondera la república o el autoritarismo?

La transformación más revolucionaria que se plantea es, sin dudas, la elección de diputados por circunscripción uninominal. Esto significa que cada provincia se divide en tantos distritos como diputados a elegir. Cada porción del pueblo vota por un solo representante.

Se trata de un cambio que muchos liberales y demócratas reclamamos desde hace tiempo. Sigue el modelo exitoso de los anglosajones y su gran ventaja es aumentar la cercanía y la presión de los ciudadanos hacia sus representantes. El diputado le debe su escaño a la porción de pueblo que lo votó, y no a un jefe o jerarca partidario que lo puso en una lista. Además, reduce el costo de las campañas y facilita que ciudadanos comunes puedan ser candidatos. Así, mejora la calidad de la representación y, por ende, de la democracia.

Ahora bien, el gran problema de este sistema es que, si no se deposita el diseño de las circunscripciones en un órgano independiente y creíble, se corre el riesgo de que sean dibujadas de forma arbitraria, para desperdiciar el voto opositor y hacer más eficiente el voto oficialista. Por ejemplo, podría lograrse que en una circunscripción el partido opositor ganara con el 90% cuando con el 51% ya le alcanzaba para obtener el escaño. Así, se verá debilitado en el resto de los distritos.

El sistema uninominal es usado por democracias de las más avanzadas, como Inglaterra, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Australia. Sin embargo, también fue aplicado por Hugo Chávez para imponer una constitución autoritaria o por el propio Perón para anular a la oposición en el Congreso. Por eso, es preocupante que, en la reforma de Milei, se establezca que el encargado de diseñar las circunscripciones electorales será el Poder Ejecutivo. ¿Está pensando el presidente libertario en usar este sistema como instrumento de una mayoría legislativa inflada en 2025?

El proyecto da un plazo para impugnar el diseño ante la Cámara Nacional Electoral. Empero, el demandante debe aportar evidencia de sus reclamos y los tiempos no dan mucho margen para una revisión exhaustiva. La impugnación posterior nunca será tan eficaz como el hecho de que el diseño recaiga directamente en un órgano imparcial e independiente. No estaría mal agregar limitaciones adicionales, como exigir que las circunscripciones sean convexas y que no puedan dibujarse tan al arbitrio.

En suma, en este punto no se están brindando suficientes garantías. Se generó una desconfianza innecesaria y se corre el riesgo de manchar la idea, desprestigiándola a futuro, por una mala implementación.

Otro tema es la representación de las minorías. Si bien el sistema uninominal puede funcionar relativamente bien de forma pura en sistemas bipartidistas estables, como en Inglaterra o Estados Unidos, en países como Nueva Zelanda, Francia o Australia se ha logrado mejorarlo. Se ha garantizado una sana representación o influencia de las minorías, pero sin perder los beneficios de la elección uninominal. Lamentablemente, ninguno de estos mecanismos ha sido previsto en el proyecto bajo análisis.

En Nueva Zelanda, se ha optado por un sistema mixto, al estilo de Alemania, pero dándole más preponderancia a la elección uninominal y reservando una porción de escaños para compensar a los partidos que estén subrepresentados. Cada elector vota por un candidato y por un partido. Si hay una fuerte sub representación de algún partido por el resultado de las circunscripciones, se agregan escaños adicionales para compensarlo.

En Australia, se ha implementado el voto preferencial o alternativo. Se realiza una suerte de doble votación en una, con un balotaje implícito. El votante ordena a los candidatos según su preferencia. Se cuentan los primeros votos y, si ningún postulante alcanza el 50%, se contabilizan los segundos votos, y así sucesivamente, hasta que alguno llegue a dicho umbral. Esto empuja a los candidatos a alejarse de los extremos y a seducir a las minorías. También está la alternativa francesa, con una doble vuelta real, de doble concurrencia.

Un aspecto positivo de la nueva normativa es la boleta única. Es escandaloso que en pleno siglo 21 sigamos con un sistema arcaico de boleta múltiple. Este es más costoso, menos transparente y más propenso al clientelismo. Aunque cabría pensar que esta novedad favorece a una formación política nueva y sin mucha estructura, como la de Milei, es indudable que se trata de un gran avance.

Asimismo, es positivo el articulado que despolitiza la publicidad oficial. Desde luego, resta ver el modo de implementación. Se vería opacado si se abusara de las cadenas nacionales.

La mega ley de Milei también deroga las PASO. Podría haber optado por mejorarlas, reduciendo su costo y estableciendo que en las circunscripciones sin internas no se lleven a cabo. Pero se ha escogido el camino de su completa eliminación.

Así, los ciudadanos pasaríamos a tener menos influencia sobre los partidos y se favorecería el verticalismo y la partidocracia. Esto significa, en otras palabras, más poder para “la casta”. Es un error juzgar a las PASO por la cantidad de partidos que tuvieron internas efectivas. Incluso en los casos en que no hubo interna, la sola posibilidad de ellas les otorga a los mandos medios y a los nuevos liderazgos un poder de negociación del que, de lo contrario, carecerían. Esto favorece una mayor horizontalidad y renovación interna en los partidos, que equivale a más poder para el pueblo y menos para la corporación política.

Se declara también en el proyecto la emergencia pública en prácticamente todas las áreas de gobierno, consagrando una fenomenal delegación legislativa, propia de los regímenes autocráticos. Esto supone una concentración del poder y una discrecionalidad que, en el mejor de los casos, si no son explotadas por el propio Milei, lo serán seguramente por quienes vengan después. Así, a mayor concentración del poder, más espacio para la corrupción, el abuso y el capitalismo prebendario que nos azota desde hace casi un siglo.

Otra faceta del sistema político que altera el proyecto son los aportes de campaña. Básicamente, se desregula por completo dicho financiamiento. No hay tope para los aportes de campaña ni para los gastos. Ya no se asignan espacios en los medios masivos de forma equitativa, sino que cada partido debe procurarse su propia difusión.

Si bien en la mayoría de los casos (aunque no siempre), la desregulación es favorable a la libertad económica, al hablar de libertad política no es tan así. En la democracia, la competitividad aumenta si se reparte la influencia entre todos los ciudadanos por igual, sin importar su riqueza. Por eso, esta desregulación indiscriminada hace más difícil para el ciudadano medio influir en política y aumenta el riesgo de corporativismo a través de una influencia exagerada de los grandes grupos de interés.

En definitiva, podríamos decir que esta reforma política que plantea Milei tiene dos puntos positivos (boleta única y despolitización de la publicidad oficial), uno dudoso (elección uninominal con diseño del Poder Ejecutivo), y cuatro puntos negativos (delegación legislativa, derogación de las PASO, no contemplación de las minorías en el sistema uninominal y desregulación indiscriminada de las campañas electorales).

¿Estamos ante una reforma democrática o frente a una estrategia populista de ceder un poco para avanzar mucho? El kirchnerismo concedió la Corte Suprema independiente (aunque lo obligaba a ello la Constitución y luego entró en guerra con ella), las PASO y el reparto equitativo del espacio audiovisual en las campañas electorales. Mientras, por lo bajo, intentó callar a los medios críticos, romper la división de poderes y controlar la Justicia. El tiempo dejará en evidencia cuál es la verdadera intención del nuevo gobierno.

La calidad democrática no es una abstracción o entelequia. Hace al desarrollo económico y social. Se vincula con la distribución del poder, la capacidad de presión de los ciudadanos sobre sus gobernantes, la legalidad, la transparencia y la participación popular. De hecho, los países más desarrollados son democracias liberales de alta calidad. En ellos, los ciudadanos poseen tanto poder que hay poco o nulo margen para que la dirigencia se desvíe del bien común y de la voluntad popular, incluso en temas muy específicos.

No se trata solo de que el poder concentrado pueda ser utilizado en el futuro para un mal fin. Se trata, también, de que la propia concentración del poder, cuando es excesiva, genera incentivos negativos, redes de corrupción, abusos, impuestos y costos ocultos, capitalismo prebendario e incertidumbre. Por eso, los regímenes autoritarios tienden a la pobreza y la violencia, sean de izquierda o de derecha, mientras que las democracias liberales son más propensas al desarrollo y la paz.

Sea cual sea la intención última del presidente, es de esperar que el Congreso pueda corregir el proyecto de ley en sus puntos débiles. Así, lograríamos que esta reforma funcione como un punto de inflexión a favor de una democracia de calidad, y no como un nuevo proceso de concentración del poder. No como parte del eterno vaivén entre el populismo de izquierda y de derecha, sino como pilar de una auténtica revolución liberal democrática.