No llama la atención que Javier Milei no haya aprendido demasiado de lo que es el Parlamento en los dos años en que fue diputado nacional. No tuvo interés en hacerlo y buena parte del tiempo estuvo en campaña, así que tiene lógica que no haya entendido la dinámica parlamentaria. Dio cuenta de ello, incluso, cuando siendo diputado votó en contra un paquete de 9 temas sin oradores ni debate, incluidos por un acuerdo parlamentario en la sesión del 5 de julio del año pasado, que tenía temas como la eliminación del trámite de fe de vida a jubilados y, sobre todo, la declaración del 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Días más tarde, pidió revertir su voto a través de una carta enviada a la presidenta del Cuerpo, pero como reglamentariamente eso es imposible, rechazaron su solicitud.

Ahora, desde el pináculo de otro poder, sigue mostrando desconocimiento respecto del funcionamiento legislativo. Aunque está claro que ese comportamiento resulta deliberado -un desentendimiento que va en línea de su curioso desapego a la política-, el riesgo que ello implica para su gestión merece una atención especial.

Viene a cuento al cabo de una seguidilla de días en los que toda la atención estuvo puesta en el devenir de la ley fundacional del mileísmo, cuya aprobación en general acaba de conseguir. Esto es -y debe recordarlo el presidente-, aún no tiene media sanción siquiera. Y cuando eso suceda, deberá tener el mismo trámite en el Senado, donde los números son muy ajustados y el oficialismo no debe confiarse por esa mayoría circunstancial que logró a fines del año pasado, en el inicio de su gestión, pues rápidamente percibió que ese éxito podía ser efímero, al no haber podido convertir en ley el proyecto sobre Boleta Unica de Papel: quedó empantanado y a fin de mes perderá estado parlamentario.

Con cambiarle una coma el Senado, el proyecto deberá volver a la Cámara baja, con el desgaste y pérdida de tiempo que eso implica.

El Gobierno ha demostrado impericia a la hora de negociar. Creyó que hacerlo era una muestra de debilidad, pero le salió más caro: tuvo que hacerlo, le costó el doble y los resultados fueron más flacos.

Está bien que celebre como un éxito cuando logre aprobar su ley de Bases, pero no será un dato menor haber dejado en el camino más de la mitad de los artículos. Algunos sin necesidad, como le recordaron experimentados legisladores durante el debate: la moratoria y el blanqueo se lo hubieran aprobado; en sí, no necesitaba desactivar todo el paquete fiscal. Todo eso que cedió incide en los recursos que necesita esta administración y que por eso tendrá más tarde. Se las arreglará hasta entonces resignando partidas a los que lo obligaron a ceder, piensa el Gobierno que siente como una demostración de fuerza su afinidad por ajustar. Los gobernadores lo saben.

La “no negociación” termina siendo una mala negociación. Porque negociar, el Gobierno negoció y lo oculta. Desempoderar a sus emisarios es un grave error. Desautorizarlos, peor. Lo advierte el consultor Carlos Fara, para quien este ensayo les otorgó a todos los actores políticos, empresariales y sociales, y los aliados explícitos, “una cantidad de información superlativa respecto de cómo plantarse frente al gobierno del león en futuras circunstancias”.

“Ahora saben cómo esperarlo, quiénes son los negociadores claves, cómo es el sistema de decisiones interno, quién es voz autorizada y quién no, y qué es lo que más temen. Toda una hoja de ruta delatada, que se podría haber evitado si el planteo hubiese sido más profesional”, advierte el especialista.

Ahora todos saben que cuando el Gobierno se esfuerza en exhibirse inflexible, el mensaje es para la feligresía propia: más temprano que tarde cederá, el tema es que se note menos y, sobre todo, que no aparezca el presidente involucrado. Nada los preocupa más.

Habrá que ver cuánto tiempo la oposición que se ha propuesto brindarle gobernabilidad mantiene esa postura. Lo hace porque sabe que su propio electorado hoy se lo exige. El PRO, por mandato de su creador, Mauricio Macri, es el único sostén que de momento le garantiza apoyo permanente. Numéricamente no alcanza.

El bloque que lidera Miguel Angel Pichetto es otra pieza insustituible. Su presidente se ha convertido en la Cámara baja en el articulador de acuerdos y ha puesto su experiencia al servicio de la gobernabilidad, como hace 8 años hizo con Macri. En estos días en que la atención se centró en el recinto, el grueso de la sociedad que no lo conocía -incluidos los diputados oficialistas, la mayoría de ellos bisoños en estas lides- pudo ver a un Pichetto auténtico: malhumorado, intolerante con los aplausos y mucho menos con los gritos de apoyo en el recinto, pero sobre todo conocedor como nadie de los reglamentos y estrategias legislativas. Con 26 años en el Congreso, el presidente de Hacemos Coalición Federal explicó el jueves una vez más algo que espera que este oficialismo termine aprendiendo: “Muchachos, el oficialismo se lleva la ley, la oposición se lleva el discurso”.

Previamente les había dejado otra sentencia, al ver que el debate tomaba carriles complejos: “A los que queremos colaborar para que la ley salga, tratemos de que las pelotas que van afuera no las metan al arco y se hagan el gol”.

Todos se quedaron con su frase dirigida a las barras bullangueras que desde los palcos exhibían su fervor libertario, y a las que pidió no ser “pelotudos”, pero en ese pasaje fue la voz que se impuso para evitar interrumpir la sesión, como había pedido la izquierda y avalado una diputada de su propio bloque, Mónica Frade (Coalición Cívica). “No vamos a permitir que se interrumpa la sesión, porque eso implicaría violentar a un poder del Estado, que es el Poder Legislativo”, explicó, con la autoridad que le confiere ser quien es.

Interrumpir el debate de la ley era precisamente el objetivo de Unión por la Patria y la izquierda. Estos últimos venían proclamando desde hace tiempo que esta ley solo podría frenarse con la presión en las calles. Es lógico: no tienen número para hacerlo en el recinto. Para todos, fue un deja vu de 2017, cuando el debate de la reforma previsional impulsada en tiempos de Macri sufrió un traspié en el recinto en su primer intento de sanción. Esa vez los diputados del kirchnerismo y la izquierda tuvieron una activa participación fuera del Congreso y luego llevaron los incidentes al propio recinto. A instancias de Elisa Carrió, se decidió interrumpir esa sesión celebrada el 14 de diciembre de 2017. Volvieron a reunirse cuatro días después y en dos días de sesión se aprobó la ley, mientras afuera se lanzaban las recordadas 14 toneladas de piedra. Ese oficialismo que acababa de ganar las elecciones intermedias nunca pudo recuperarse de esa experiencia traumática.

Esa experiencia fue lo que llevó al oficialismo actual a evitar que la calle se impusiera sobre los tiempos legislativos. Y sobre todo que se hubiera evitado que un muerto buscado generara un desmadre. Está claro que seguirán intentándolo el martes.

El tercer actor determinante es el bloque radical, que no consiguió que todos sus diputados votaran a favor en general, como se había aprobado en el seno del bloque. Facundo Manes y Pablo Juliano –sindicado como “mentor intelectual” (políticamente hablando) del neurocientífico-, se despegaron del resto de la bancada. Pudieron ser más: en el bloque esperaban que hasta seis diputados pudieran votar así.

El presidente de esa bancada, Rodrigo de Loredo, cuestionó en su discurso de cierre que el presidente los agraviara de forma permanente. “No lo hicieron con el peronismo; no lo hicieron con el kirchnerismo; no lo hicieron con la CGT”, dijo, y hasta recordó que La Libertad Avanza terminaba sus actos de campaña cantando “el que no salta es radical”. Pero cerró: “Ninguna de nuestras posturas ni definiciones políticas dependen de los insultos o de los aplausos que ustedes nos brindan”.

Un rato antes de la votación, en la cuenta de X de la Oficina del Presidente se difundía un comunicado en el que terminaban advirtiéndoles a los legisladores que “la historia los juzgará según su desempeño en favor de los argentinos o en favor de continuar empobreciendo al pueblo. Que Dios y la Patria se los demanden”. Ese tuit mereció una inmediata cuestión de privilegio de Maximiliano Ferraro, quien advirtió que “es inadmisible la furia tuitera que ciertos organismos del Estado tienen contra otro poder del Estado, en este caso, el Poder Legislativo”. El presidente de la Coalición Cívica recibió uno aplauso cerrado de todo el recinto.

Nobleza obliga, una vez votada la ley, la misma cuenta agradeció especialmente a Cristian Ritondo, Miguel Angel Pichetto y Rodrigo de Loredo, “quienes, a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance”.

No hay antecedentes de una ley debatida tantas horas (lleva ya más de 30) y con tantos cuartos intermedios. Está claro que la demora tiene que ver con la continuidad de las negociaciones. Ahora, las mayores diferencias radican en el tema privatizaciones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El martes debería definirse. Según los cálculos previos, el máximo que podría extenderse la votación en particular serían 12 horas (y es demasiado). Pero como toda vuelta de un cuarto intermedio, para la reanudación se espera una nueva tanda de cuestiones de privilegio, y la votación será artículo por artículo. Eso sí, a mano alzada, salvo cuando se pida puntualmente votación nominal, que implica más tiempo.

De cómo vaya a resultar la votación sobre los temas más ríspidos dependerá cuánto pueda terminar celebrando el Gobierno.