La semana política local, sin olvidar la exitosa gira internacional que llevó a Israel e Italia al Presidente, tuvo un hecho refulgente: el documento de 33 páginas con el cual reapareció Cristina Fernández; en él no sólo fustigó a Javier Milei y sus ministros sino que extendió sus críticas al títere que escogió, con un tuit, como titular del gobierno que ella secundó como Vicepresidente. Si algo confirmó la condenada jefa de la asociación ilícita que saqueó al país hasta dejarlo de rodillas, con una pobreza que supera el 50%, es que estamos ante una peligrosa psicópata, que pretende consumar una nueva estafa a la sociedad a escasos días de unas urnas que llevaron al peronismo a la peor derrota electoral de su historia.  

Todos la conocemos, ya que la padecimos durante 20 años en distintas funciones institucionales, pero el cinismo, la descarada mentira y la tergiversación de la historia que caracterizan este nuevo escrito hizo que la sociedad recuperara su capacidad de asombro. Es razonable que así sea, toda vez que las recomendaciones que contiene para la demolida educación pública, para el irracional sistema impositivo, para el tratamiento de la gigantesca deuda externa que ella generó, para el fomento a empresas grandes y medianas, para el obsoleto y perverso mundo del trabajo y para la inexistente seguridad, contradicen flagrantemente todo cuanto hizo desde el poder, aunque lo ejerciera tras bambalinas; el tono general del documento demuestra que la experiencia nada le enseñó y que es una desfachatada.

Es más, alguno de sus párrafos son amenazadoramente destituyentes, tal como la mención de los gobiernos de otro signo que, a por acción de distintos “clubs del helicóptero” siempre peronistas, vieron interrumpidos sus períodos presidenciales a lo largo de la historia reciente. Algún fiscal debería recoger ese desafiante guante con el cual volvió a azotar la cara de nuestra tan frágil democracia, y llevarla ante la Justicia.

Pero lo más grave es la impunidad -ese inexplicable manto con que la cubre aún Javier Milei- con la que se sigue moviendo en el escenario político, sin pedir perdón por su infinita corrupción ni sugerir la posibilidad de restituir al Estado al menos una pequeña parte de lo mucho que tanto ella como sus testaferros y cómplices robaron. Peor aún, a corto plazo, por la sentencia que condenó al país a pagar US$ 16.100 millones por la “estatización” de YPF, esta señora y su familia volverán a enriquecerse al embolsar el 30% de esa monstruosa suma.

En medio del feroz ajuste del gasto público que está ejecutando el Gobierno, cuya mayor víctima es la clase media afectada por la pinza que constituyen la dramática reducción del poder de compra de salarios y jubilaciones y, simultáneamente, el fortísimo aumento de precios de alimentos y servicios de todos los órdenes, cada día clama más al cielo la falta de referencias tanto del Presidente cuanto de su Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a la monumental corrupción que nos ha traído hasta aquí. No bastan las públicas condenas al injustificado dispendio de recursos que realizan las provincias en actos puramente demagógicos y populistas, en gran parte con oscurísimos manejos, sino que la sociedad exige –y lo gritará cada vez más a medida que el sufrimiento social se acentúe- que se actúe seriamente contra los claros responsables de esta trágica realidad.

No es mediante la propuesta de crear una inútil y redundante nueva Fiscalía, como dice Cúneo Libarona que se procederá, sino devolviendo a la Unidad de Investigación Financiera y a la Oficina Anticorrupción la facultad de actuar como querellantes en las causas penales contra los mayores jerarcas de la pirámide kirchnerista y sus contrapartes, las decenas de empresarios que confesaron sus delitos y las coimas que pagaron a funcionarios en la investigación de los “Cuadernos” de Oscar Centeno.

En otro orden de cosas, también apelo encarecidamente al Gobierno para que, sin un minuto más de demora porque las penosas circunstancias personales de los afectados así lo amerita, ese mismo Ministerio de Justicia que aparenta ser tan complaciente con los corruptos, se presente en todas las causas mal llamadas de “lesa humanidad” y requiera a los jueces, convertidos en verdaderos asesinos togados, cumplir su expresa obligación constitucional de considerar a todos los ciudadanos iguales ante la ley. La Ley 24.390 establece, claramente, que la prisión preventiva sólo puede disponerse por un máximo de dos años, prorrogable por uno más por razones fundadas; éstas son el peligro de fuga y la posibilidad de alterar las pruebas del proceso, y faculta a los jueces a otorgar la detención domiciliaria a los mayores de 70 años, como sin duda harán con Cristina Fernández.

Sin embargo, la enorme mayoría de los presos políticos (militares, policías, sacerdotes y civiles) que se pudren en las cárceles de todo el país no tiene aún sentencia firme y, sin embargo, padece prisiones preventivas que, en todos los casos, superan por mucho ese límite temporal y, puntualmente, llegan a los dieciséis años. Como nadie puede suponer que estos adultos mayores, que mueren como moscas detenidos en penales sin posibilidad alguna de atender a las patologías naturales de la vejez, puedan evadir la acción de la Justicia fugándose, o poner en riesgo las pruebas relacionadas con hechos sucedidos hace 50 años, sin duda estamos ante a una venganza de quienes fueron derrotados militarmente entonces, hoy encaramados en lugares expectables de la administración pública, la magistratura, la prensa y los organismos de derechos humanos “tuertos”.