Napoleón elegía a sus generales por la suerte que los acompañaba en batalla; de haber sido contemporáneos, Javier Milei hubiera sido seguramente escogido. Un nuevo escándalo detonó en el H° Aguantadero cuando los senadores, votando a mano alzada, se duplicaron las dietas (sueldos) que ellos mismos perciben, pese a tener libre ejercicio de sus respectivas profesiones, en medio de una angustiante pérdida de poder adquisitivo de salario y jubilaciones y del riesgo de desocupación que conlleva la fuerte recesión. La ciudadanía, estupefacta por la clara desconexión que existe entre estos miembros de la “casta” multipartidaria, reaccionó con enorme indignación, pues achaca al Congreso, con razón, no sólo trabajar muy poco sino que, cuando lo hace, complica la vida de todos, como fue la nefasta ley de alquileres, ahora derogada por el DNU presidencial, que sacó del mercado a la casi totalidad de inmuebles de renta.

El periodismo libre, esencial custodio de la democracia (mal que le pese al Presidente, que lo castiga ante la menor crítica), y las redes sociales incrementaron la rabia de la sociedad frente a esa manifestación de inaceptables privilegios, difundiendo la inexplicable cantidad de asesores y empleados que dependen de cada legislador, algunos de los cuales engordan sus emolumentos reteniendo parte del salario que les atribuye.

Y es razonable la furia cuando se suman otras informaciones: en ciertos casos, el número de inútiles asesores individuales supera los cuarenta; los miembros del Congreso, cuando terminan su período como senador o diputado, habitualmente los hacen nombrar en la planta permanente del Poder Legislativo, en las famosas “capas geológicas” que explican la enorme cantidad de empleados de éste; gozan de un suplemento por “desarraigo”, que perciben todos los que viven fuera de la ciudad de Buenos Aires; pueden cambiar por efectivo los pasajes de avión que reciben para asistir a las reuniones de comisiones y del cuerpo; disponen de automóviles y celulares cuyo costo es soportado por el Congreso (todos nosotros); etc., etc.. Cuando ve trabado en los laberintos de la política las leyes que pretende, ¿qué más hubiera podido pedir Milei para desacreditarlos que esta impúdica exhibición de poder de la “casta”?

Para el martes 23 ha sido convocada una marcha para protestar contra lo que falsamente se presenta como un recorte al presupuesto educativo cuando, en realidad, lo que busca el Gobierno es terminar con los focos de enorme corrupción que representan las nuevas universidades de bajísima calidad, creadas a mansalva para satisfacer las ansias de poder y dinero de  funcionarios y caudillos de todos los pelajes que sólo son, verdaderamente, centros de adoctrinamiento político al servicio de los “barones” del Conurbano y fuentes inagotables de corrupción. Esto último se prueba más que razonablemente por la adhesión a esa marcha de las organizaciones piqueteras unificadas, cuyos integrantes pagan –con sus impuestos, como el IVA de alimentos- el costo de una universidad pública a la cual, pese a ser gratuita, sus hijos no podrán asistir por falta de recursos, tal como demuestra la composición social del alumnado.

Me permito insistir con cuanto dije en una antigua nota –“Estúpida Universidad” (ln.run/7a75e)- ya que formulé una propuesta para ayudar al país y, sobre todo, a nuestro futuro. Todo tiene solución, pero se necesita coraje y poco temor a los gritos enfervorizados del radicalismo, de La Cámpora y del trotskismo, dispuestos a aplaudir cualquier disparate y, sobre todo, a oponerse a cuanto afecte sus insaciables bolsillos. En ella propuse terminar con el ingreso irrestricto y con la existencia de estudiantes crónicos, con la gratuidad de la enseñanza para los extranjeros, con la angustiosa falta de profesionales en ciencias duras y el absurdo exceso de graduados en carreras innecesarias, con los déficits en infraestructura, laboratorios y medios de investigación, y recomendé un método claro para mejorar la calidad de la enseñanza y la retribución a los profesores, y para poner a la universidad al servicio del desarrollo real del país y atraer inversiones externas, que necesitamos con desesperación.

Este último tema se vincula, lamentablemente, con la seguridad jurídica, una natural exigencia de los capitales para aposentarse en cualquier nación. Y es aquí donde la ya formalizada postulación del Juez Federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema adquiere caracteres dramáticos. Cuando se han expresado tan en contra de su designación todas las entidades empresarias (AEA, AmCham, IDEA, ACDE, UIA, CAC, etc.) y las organizaciones que representan a la sociedad civil (Conciencia, Colegio Público de Abogados, Colegio de Abogados de la Capital Federal, CyCIP, etc.) la insistencia de Milei resulta inexplicable y altamente sospechosa. ¿Por qué no llamar a concurso público de postulantes?

Para su nombramiento, la mayoría especial que la Constitución exige (dos tercios de los senadores presentes) requerirá del voto de muchos de los integrantes de los bloques kirchneristas; ¿cuál será la moneda de cambio que el Gobierno estará dispuesto a ofrecer para obtenerlos? ¿Alguna forma de impunidad para los innumerables delitos imprescriptibles cometidos por la asociación ilícita comandada por Cristina Fernández? Si así fuera, todo el gran capital político que conserva el Presidente, aún en medio de este tan salvaje como inevitable ajuste, se habrá perdido irremediablemente y la Argentina volverá a derrumbarse al abismo de la historia.