A pesar de renovar cada día mi apoyo a la gestión libertaria, no puedo por ello dejar de criticar sus equivocaciones, verdaderos tiros en sus pies que, además, no explica a qué se deben. Y creo que en el tema de los alimentos acopiados incurrió en uno gravísimo, dando pasto y triunfo a las fieras que, como tantas otras, buscan su destitución inmediata, aunque para ello deban incendiar al país. El Presidente debiera saber que, en política, los crímenes se perdonan, pero los errores no.

Los grandes titulares de la semana se los llevó ese escándalo en el Ministerio de Capital Humano, el enorme conglomerado de reparticiones (Trabajo, Acción Social, Educación, Cultura, ANSES, PAMI, Niñez y Familia, etc.) que concita la atención de toda la sociedad, aún de aquéllos sectores que generalmente no miran los hechos diarios de la administración. Lo que allí sucedió no podía ser más lógico y esperable, dado que Sandra Petovello, como tantos otros integrantes del gabinete nacional, ha debido mantener en sus cargos, por falta de cuadros propios para cubrir tantos casilleros, a una enorme cantidad de quintacolumnistas del kirchnerismo y del massismo, que todos los días serruchan a mansalva el piso a ministros y secretarios.

No podemos quejarnos porque elegimos, con toda razón por cierto, a un Presidente que, sabíamos, carecía de experiencia en la gestión, y no tendría  gobernadores e intendentes propios, ni numerosos legisladores capaces de obtener en el H° Aguantadero las leyes que necesitaría y, ni siquiera, un partido político que pudiera servir de semillero de funcionarios honestos y capaces. Por otra parte, tampoco podemos hacerlo porque, hipócritamente, no estamos dispuestos a pagar a quienes asumen la enorme tarea de gerenciar la empresa más importante del país (el Estado Nacional) salarios comparables a los que se perciben en la actividad privada y compatibles con tareas que aquí, siempre, conllevan el riesgo de transitar muchos años por los pasillos de Comodoro Py.

Por eso me permito sugerir al señor Milei que despida inmediatamente a todos los funcionarios heredados y comience a seleccionar a sus futuros colaboradores, al menos hasta el grado de directores nacionales, mediante un sistema de concursos de oposiciones (exámenes y antecedentes) tal como existe en muchísimos países. Cuando la situación mejore, podremos crear una Escuela de Administración Pública eficiente y públicamente reconocida, como hizo Francia hace muchas décadas, cuyos graduados estarán preparados para asumir las riendas cotidianas.

El martes, la Cámara de Diputados le demostró al Gobierno cuán poco sabe de historia nacional. Si así no fuera, hubiera recordado qué hizo el peronismo con Arturo Frondizi, Arturo Illia y, con la colaboración esencial de un sector de la propia Unión Cívica Radical, con Fernando de la Rúa, y cuánto intentó repetir esa conducta frente a Mauricio Macri, al cual desde el primer día lo enfrentaba con maquetas de helicópteros. La cínica alianza, verdaderamente contra natura, de radicales, kirchneristas, trotskistas, socialistas y peronistas “dialoguistas”, articulada para comenzar a dinamitar el programa de equilibrio fiscal, probó que a todos ellos los aterra la posibilidad de caminar por el desierto, tal vez para siempre.

Obviamente, me refiero a la modificación del régimen previsional (que significa el 50%) del gasto público, para aumentar las prestaciones sin disponer cómo financiar ese incremento. Pese a que, por ser jubilado y, como tal, perjudicado por la licuación de mis haberes que concretaron todos los gobiernos desde 2007 a la fecha, debo coincidir con la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido, no puedo menos que calificar de canallada política lo sucedido.

Mi indignación estalla cuando recuerdo que Cristina Fernández, inspiradora de este penoso suceso, vetó en 2010 la movilidad jubilatoria porque, dijo, significaba “quebrar al Estado” (sic); más tarde, permitió que se transformaran en acreedores de éste cuatro millones de personas que no habían realizado los aportes previstos en la ley, dando así un golpe definitivamente mortal a todo el sistema y, en la actualidad, percibe ilegalmente dos enormes jubilaciones de privilegio ($ 14 millones mensuales).

Pero más me llamó la atención otro aspecto de esta tan dinámica realidad. Hace unos días, pregunté a alguien del riñón de La Libertad Avanza qué pretendía Javier Milei con la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema, y respondió que era una carta de negociación con el kirchnerismo para obtener la sanción de las leyes que necesita, además de la aceptación simultánea de Manuel José García-Mansilla para otra silla del supremo Tribunal. Una vez más, y pese a que no obtiene esas leyes, el león anarco-libertario olvidó una vieja recomendación vernácula: “al peronismo hay que pagarle en cuotas y cobrarle al contado”.

Con el envío del pliego del tan justificadamente cuestionado Lijo, Milei ha enterrado en el fango mucho de aquello que, mayoritariamente, votamos en noviembre. Nadie encarna más a la denostada “casta” que este candidato. Y si se tratara de ofrecer a los ladrones pasados trocar impunidad para evitarse problemas judiciales en el futuro, como algunos suponen, también se equivocaría: pedirle a este tipo que respete una palabra es no conocer su personalidad, capaz de entregar a su madre para conseguir poder y dinero.