Un grupo de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza presentó en los últimos días de mayo ante la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires un pedido de juicio político por “hechos escandalosos” contra importantes funcionarios judiciales de Lomas de Zamora, distrito del ex Jefe de gabinete del gobierno provincial, Martín Insaurralde.

La legisladora María Florencia Arietto, junto con sus pares Joaquín De La Torre y Carlos Curestis, formalizó la denuncia el pasado 22 de mayo ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses del Senado de la provincia en perjuicio de los fiscales Carlos Baccini y Sebastián Bisquert.

El primero ocupa el cargo de fiscal general interino del departamento judicial de Lomas de Zamora y Bisquert está a cargo de la UFI 9 de dicho distrito.

¿Los cargos que les endilgan? Nada menos que “diversas faltas graves” y “posible comisión de ilícitos penales”. Por ello, el bloque de LLA solicita que “se arbitren los medios necesarios para que se disponga la suspensión preventiva de los magistrados”, debido al rol que ocupan ambos, pero especialmente Carlos Baccini, al frente del Ministerio Público de Lomas.

En concreto, se acusa a los dres. Baccini y Bisquert de presunto encubrimiento a un colega denunciado por abuso sexual y de graves incumplimientos de protocolos de violencia de género y de deberes de funcionario público. Cabe aclarar que la unidad fiscal que maneja Sebastián Bisquert se especializa en delitos de integridad sexual.

Los hechos comenzaron a ocurrir el 2 de enero de 2022, cuando personal policial del partido de Ezeiza se presentó en un domicilio de la localidad de Carlos Spegazzini a raíz de un llamado al 911 realizado por una mujer, “dando cuenta que había un hombre violento que estaba ejerciendo violencia contra ella”. Dicha persona era nada menos que Adrián Jorge García Lois, en ese momento fiscal general ante el Tribunal Oral en los Criminal Federal de Tierra del Fuego, cargo al que renunció el 1 de mayo de 2023.

Luego de ello, intervino la Unidad Fiscal 3 de Ezeiza, que se especializa en casos de violencia de género, a cargo de la dra. María Lorena González. Los posibles delitos que le imputaban a García Lois eran lesiones, amenazas, y abuso sexual.

Lo que declaró la mujer de 22 años, el 4 de enero en sede policial y dos días después en el proceso penal, es que mantenía una relación de pareja y laboral con el imputado, y que el día de los hechos, el ex fiscal ingresó “intempestivamente a su casa, fue llevada por aquel a su vivienda bajo amenazas y allí la privó de su libertad, la golpeó y la abusó sexualmente”, según afirma la presentación de los senadores.

A su vez, confirmó que aquello ocurría habitualmente, que ya la había abusado en otras ocasiones, “obligándola a mantener relaciones sexuales con él o con sus amigos sin su consentimiento”.

En sede judicial, la chica dijo que conoció al entonces funcionario en un shopping de la localidad de Tristán Suárez, y que al quedar sin trabajo, él le ofreció un cargo como asistente, pero que al poco tiempo “se empezó a poner más complicado, ya que él sabía que yo no conocía a nadie, que estaba viviendo de prestado, que no había terminado la escuela”. 

También la mujer contó que García Lois le habría quitado el certificado de vacunación y documentación del terreno donde ella vivía, entre otros papeles, además de amenazarla con un arma de fuego y de tratarla “como una prostituta”.

“Cada vez que yo le decía que no quería trabajar más o acceder a algo que me pedía, me amenazaba con que me quitaría todo, más que nada el terreno, y que me iba a matar”, contó la víctima en sede judicial. A la vez que aseguró que “tengo un aborto de él”.

Pero de la presentación de los legisladores libertarios surge que “como la actuación de la fiscalía de Ezeiza no le estaba siendo favorable, García Lois le solicitó al juez de garantías que instruía el caso, el dr. Horacio Hryb, que aparten a la fiscal González y a su secretario, acusándolos de parcialidad y de persecución en su contra”.

Si bien el magistrado decidió no hacer lugar al apartamiento de la representante del Ministerio Público, “decidió comunicarle lo ocurrido al fiscal general de Lomas de Zamora, Carlos Baccini, por si a éste le interesaba iniciar algún tipo de actuación disciplinaria”.

Es que Ezeiza pertenece al departamento judicial de Lomas de Zamora, cuya jurisdicción también incluye a los distritos de Esteban Echeverría, Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, y por supuesto el partido de Martín Insaurralde, por lo que es, como se aprecia, uno de los más importantes de todo el territorio bonaerense. Tiene bajo su órbita a más de 100 funcionarios y allí se aglutina nada menos que el 25% de los procesos penales de la provincia de Buenos Aires.

Pero el dr. Baccini, “sin fundamento alguno”, sostiene la denuncia, el 2 de mayo de 2022 apartó a la fiscal María Lorena González, y traspasó la causa a la Unidad Fiscal 9 de Lomas de Zamora, a cargo de Sebastián Bisquert. “Esta decisión se presenta como inédita en el tratamiento de un expediente de esta clase”, acusan los denunciantes.

Además de ello, habría más irregularidades: “El traspaso se realizó en forma directa, sin utilizar un sistema de sorteos para la asignación de causas a otros fiscales y tampoco asignó el caso a una fiscalía especial más cercana al domicilio de la víctima”, tal cual lo consigna el art. 83 del Código Procesal Penal.

Pero hay un hecho muy llamativo. El 3 de mayo de 2022, es decir apenas un día después de la resolución del dr. Baccini, la víctima se presentó en la fiscalía de Lomas asignada, y prestó declaración, donde se desdijo de todas las acusaciones contra García Lois, aduciendo que sus dichos “habían sido producto de un evidente estado de intoxicación por la ingesta de medicamentos que estaba consumiendo a raíz de una crisis nerviosa”.

La pregunta surge inevitable: “¿Cómo supo la víctima inmediatamente a que Baccini le sacara la causa a la Unidad Fiscal de Ezeiza que se la iba a asignar a su homóloga número 9 de Lomas, si no hubo tiempo para la notificación formal de aquella decisión?«

Pero hay más interrogantes que se plantea la denuncia. “¿Por qué motivo, ante la evidente retractación de la chica, y siendo que tanto en sede policial como en judicial se había mantenido en sus acusaciones contra García Lois por abuso sexual, golpes y amenazas, el fiscal Bisquert no activó y cumplió el protocolo obligatorio para casos de violencia de género y para retractación de mujeres víctimas de delitos sexuales y dio intervención urgente a los organismos pertinentes?”.

Y lo que es peor. Tampoco el titular de la fiscalía especializada en delitos sexuales tomó alguna medida para acreditar los dichos.

Ante un caso de retractación, que según los especialistas es muy común, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires establece una “Guía”, donde, entre otras medidas, contempla la intervención de Peritos Psicológicos y Centros de Asistencia. De acuerdo a los denunciantes, nada de eso ocurrió.

“Resulta evidente que las decisiones fueron adoptadas para favorecer al fiscal general Adrián García Lois para que evada su responsabilidad ante hechos graves”, sostiene la presentación, a la vez que subraya el incumplimiento de todos los protocolos vigentes en esta materia.

Mucho más teniendo en cuenta otro antecedente. El ex fiscal de Tierra del Fuego también fue objeto de otra denuncia similar, el 10 de enero del año pasado, en la localidad de Unión Ferroviaria del partido de Ezeiza, donde una chica entonces de 20 años y embarazada de 8 meses, acusó a García Lois de amenazarla en la puerta de su casa al grito de “Puta negra villera”, portando un arma de fuego y arrojando basura en la vereda de su domicilio.

Tres meses después de esta última denuncia, más precisamente el 10 de abril de 2023, el titular de la Unidad Fiscal 9 de Lomas de Zamora, Sebastián Bisquert, emitió un dictamen desestimando la investigación penal contra su colega por inexistencia de delito por el primer hecho.

En su desestimación, dando por cierta la retractación de la víctima, el fiscal señala que “no es un dato desconocido que en este tipo de casos suelen producirse retractaciones, lo cual es producto del círculo de violencia en el cual se encuentran insertas las mujeres y por la vulnerabilidad que aquellas padecen a raíz de la violencia machista. Sabido es que luego de la espiral del conflicto y la agresión, suele suceder la llamada etapa de luna de miel, donde el atacante se muestra arrepentido, solicita el perdón de la agredida y lo logra. Claro ésta, alcanza tal objetivo por esa citada situaciónvulnerabilidad que padece la mujer”.

Y va más allá. “Analizada la prueba en forma pormenorizada concluyo que la última expresión de (la mujer) constituye la más sincera verdad. Para efectuar tal afirmación valoro en primer lugar las incoherencias en los relatos que…..efectuara tanto en sede policial como ante la Fiscalia Descentralizada de Ezeiza”.

“En efecto, no existen elementos que permitan corroborar las acciones denunciadas”, concluye.

Cabe recordar que en 2020, el propio Bisquert resolvió archivar en 2020, en una decisión entonces muy cuestionada, una causa donde se investigó si Martín Insaurralde y estrechos colaboradores suyos habían cometido el delito de defraudación al consentir que el municipio de Lomas de Zamora contrate firmas vinculadas al estudio contable que compartían.

Por su parte, Carlos Baccini ocupa el cargo de fiscal general interino desde julio de 2020, en reemplazo de Enrique Ferrari, cuya salida fue un pedido expreso del procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Julio Conte Grand, a quien había acusado por la llamada “Gestapo sindical”.

El dr. Ferrari había llegado a la fiscalía en el año 2013, designado por el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, y fuertemente impulsado por La Cámpora, la organización de Máximo Kirchner.