En las últimas 72 horas, la justicia detuvo a un concejal de La Matanza del Movimiento Evita por sus vínculos con el narcotráfico. En Quilmes, el juez Luis Armella, procesó a otra concejal del Evita por defraudación al Estado y lavado de activos. Mientras tanto, la justicia ordenó allanamientos en 17 movimientos sociales del conurbano bonaerense.

Quiénes son los dirigentes sociales vinculados con la venta de drogas y el contrabando de alimentos.

El jueves pasado, la sesión del Honorable Concejo Deliberante de La Matanza, se interrumpió cuando la policía bonaerense se acercó al edificio para esposar y detener a uno de sus integrantes. Se trataba de Gabriel Aranda, concejal de Unión por la Patria que milita en el Movimiento Evita y se enfrentó a Fernando Espinoza acompañando a Patricia “La Colo” Cubría, la esposa de Emilio Pérsico. 

El financiamiento de la campaña a intendenta del 2023 está siendo investigada por la justicia por el presunto desvío de fondos desde el ex Ministerio de Desarrollo Social para favorecer a la mujer del ex titular de la Secretaría de Economía Social.

Gabriel Aranda, el concejal detenido, es el presidente del club Laferrere de La Matanza. El intendente del municipio enfrentará, en los próximos meses, un juicio oral por abuso sexual simple contra su ex secretaria personal, Melody Rakauskas. Donde se discute cómo mejorar la vida de los matanceros, detenían a uno de sus integrantes, Aranda, por sus vinculaciones con el narcotráfico y el mundo barra brava.

Según la jueza federal Alicia Vence, que subroga el juzgado federal Nº3 de Morón, Aranda estaría vinculado con el jefe de la barra de su club, Federico Schorh, alias “El Contador”.

Schorh no es cualquier barra. Es la mano derecha de Nicolás Guimil, más conocido como Chaki Chan. “El contador” está prófugo. Agencia NA accedió a videos de los últimos allanamientos en los que detuvieron a otros integrantes de la barra del club presidido por Aranda. La barra había sido noticia a comienzos de este año cuando sus integrantes se pasearon arriba de un micro, en caravana, mostrando sus armas de fuego.

La detención de Aranda causó desconcierto en la política. Espinoza no realizó declaraciones. Tampoco el gobernador Axel Kicillof.

Pero Aranda no está solo. Esteban Ariel Quiñones, vicepresidente de Deportivo Laferrere, había sido detenido en julio del año pasado en “los complejos” habitacionales de Villa Lugano tras un operativo de la División de Casos Especiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires. A Quiñones lo acusaron de formar parte de una organización criminal liderada por el narcotraficante de La Matanza, Nicolás Guimil, apodado Chaki Chan.

Ya en el año 2022, a Quiñones lo señalaban como el “facilitador” de plata en efectivo de los barras bravas del club que lograron viajar a Salta, por la Copa Argentina, para enfrentar a River Plate.

Para el periodista y experto en el conurbano, Alejandro Cancelare: “Si la policía es parte de cómo proceder en los territorios, eso repercute en la inseguridad cotidiana que terminan padeciendo los vecinos y también un niño de 10 años como Bastián en Wilde. Los narcos van tomando casas, van comprando terrenos y el mercado inmobiliario se va devaluando. Las consecuencias son que en el conurbano se va pareciendo a Rosario porque hay asesinatos callejeros que tienen que ver con la droga y también hay asesinatos por encargo. Todo tiene que ver con la droga que copó cúpulas y territorios”.

En un primer momento se vinculó la detención de Aranda con el desmanejo de movimientos sociales como el Movimiento Evita con los planes sociales pero los hechos no se relacionan entre sí. En diálogo con Agencia NA, Cancelare explica: “Lo detienen por algo mucho peor, en La Matanza tenes un poder político que habilita estas cosas. Tenes clubes como Almirante Brown y Deportivo Laferrere que no pueden jugar de noche por la cuestión de la inseguridad y que sus barras manejan sectores predeterminados de La Matanza en la distribución de las drogas y en la administración del delito. Tenes un poder judicial que actúa sólo de La Matanza”.

De hecho, la fiscal de La Matanza, María Belén Casal Gatto, fue acusada de proteger al citado Chaki Chan y se realizaron allanamientos a sus propiedades.

Patricia Iribarne también es una dirigente social del Movimiento Evita que llegó al concejo deliberante de Quilmes gracias a su cercanía con Pérsico y Cubría. Manejó seis cooperativas en un mismo domicilio en Quilmes. Esta semana fue confirmado su procesamiento por lavado de activos. Su ex esposo, Fabio Fernández, era el tesorero de las cooperativas que habían recibido 87 millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También manejó la campaña de “la Colo” Cubría en La Matanza. El juez que investiga es Luis Armella.

El mismo juez ordenó el allanamiento de 17 movimientos sociales en la zona sur del conurbano bonaerense. Se encontraron 3 toneladas de alimentos vencidos y próximos por vencer. También encontraron drogas para consumo personal  y más de 500 mil pesos en efectivo.

Las cooperativas allanadas fueron Cooperativa Martin Fierro (Florencio Varela),
• Movimiento Teresa Rodríguez y Cooperativa Teresa Rodríguez Limitada. (Florencio Varela),
• Agrupación Barrios de Pie (Dock Sud, Partido de Avellaneda),
• Agrupación la Dignidad Confluencia (Gerli, Partido de Avellaneda),
• Movimiento Evita (Florencio Varela, Berazategui y Villa Domínico),
• Polo Obrero (San Francisco Solano) Quilmes,
• Agrupación Frente de Organización en Lucha. (San Francisco Solano, Quilmes), 
• Agrupación M.T.D (Florencio Varela),
• Movimiento C.C.C. (Berazategui),
• Movimiento La Resistencia San Jorge (Florencio Varela),
• Federación Nacional (Florencio Varela
• Movimiento M.I.M. (Ezpeleta, Quilmes),
• Agrupación C.T.P.-Trabajo y Producción (Berazategui),
• Agrupación Conciencia Popular, (Florencio Varela
• Agrupación Libres del Sur (Florencio Varela
• Frente de Desocupados Eva Perón (Dock Sud, Avellaneda
. Agrupación F.D.U – M.I.M, (EZPELETA, Quilmes).

Los operativos los realizó Prefectura. La investigación surgió por denuncias de extorsión a beneficiarios de planes sociales por parte de integrantes de agrupaciones militantes, a partir de las denuncias presentadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los prefectos secuestraron computadoras y celulares, dosis de marihuana, un revólver calibre 22, una réplica de 9 mm, dinero en efectivo (aproximadamente $500.000 en proceso de conteo), anotaciones y planillas de asistencia, libros contables y carpetas con material probatorio.

Para el abogado Hugo Icazatti que representa a denunciantes y ex integrantes del Movimiento Evita de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, “esto recién empieza, el lavado de activos está semiprobado, recibían millones de pesos del Estado argentino que terminaban en las cuentas personales de los dirigentes sociales”.

Negocios personales, tráfico de drogas, vínculos con los barras bravas, venta clandestina de alimentos y extorsión, es parte del cóctel explosivo de los mal llamado dirigentes sociales del conurbano bonaerense con la delincuencia.