El fuerte envión dado por el Gobierno a la postulación del enormemente cuestionado Juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia ha obtenido la rápida reacción del H° Aguantadero, que ha citado a una audiencia en su Comisión de Acuerdos para el 21 del mes próximo. Para que esa candidatura prospere cuando llegue al recinto, se requerirán dos tercios de los senadores presentes, por lo cual revestirá suma importancia verificar, a posteriori, quiénes concurrieron y cómo votaron, pero también quiénes se ausentaron para facilitar el trámite sin poner la cara. Es poco razonable pensar que Javier Milei no sepa que lo logrará, porque el rechazo implicaría un carísimo papelón en términos políticos.

Entonces, por la comprobada debilidad legislativa de La Libertad Avanza, le resultará indispensable para la aprobación del pliego de Lijo el acompañamiento de gran parte de los senadores de la oposición, muy especialmente de Unión por Todos, el sector aún fuerte controlado por Cristina Fernández. Y esta innegable circunstancia genera en la sociedad, sobre todo entre sus miembros más informados, una profunda inquietud y muchas sospechas de colusión, aunque la ex Presidente ha dejado traslucir que conserva viejos y justificados rencores contra el públicamente tan denostado candidato.

Desde otro ángulo, la legislación vigente al respecto impone a quien propone un candidato a ocupar un sitial en el tribunal más importante de la República, cabeza de uno de sus tres poderes, lo haga en un marco de “… prudencial respeto al buen nombre y honor de los propuestos, la correcta valoración de sus aptitudes morales, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tan importante función” (Decreto N° 222/2003). Milei no lo ha modificado y, desde ya, tampoco ha atenido al mismo su proceder en este caso.

Lijo tiene el record Guiness de oposiciones, no sólo de miles de ciudadanos de a pie, sino de las entidades más prestigiosas e influyentes de nuestro país, desde los colegios de abogados públicos y privados y de la federación que los nuclea hasta las más relevantes cámaras y asociaciones empresariales, a punto tal que hasta el Wall Street Journal, el diario económico-financiero más importante del planeta se ha hecho eco de ellas. El Presidente ha decidido hacer oídos sordos frente a ellas y avanza, como si fuera un buey enloquecido y no el león con el que se identifica, y está cerca de producir un fenomenal desquicio institucional.

Este Juez, cuyos antecedentes prueban que carece de formación constitucional, precisamente el área de actuación de la Corte, amén de haber recibido innumerables denuncias ante el Consejo de la Magistratura (frenadas todas allí por el Senador Héctor Recalde, representante del H° Aguantadero por la banda kirchnerista), entre ellas varias por demorar hasta la prescripción las causas que llegaron a su conocimiento para proteger a interesados y generosos amigos, sumó un “detalle” trascendental: en su Juzgado se encuentra la investigación sobre la “privatización” de YPF, envuelta en negras nubes de corrupción.

Si Lijo hubiera avanzado, la Argentina hubiera podido probar ante los tribunales de Nueva York que los reclamos de Burford Capital y Eaton Park Capitals por la “re-estatización” de la petrolera (derivados de la “impericia” cómplice de Axel Kiciloff, por entonces Ministro de Economía de Cristina Fernández) contra la Argentina, defendida por el Procurador General de Alberto Fernández, Carlos Chino Zaninni, otro miembro de la asociación ilícita que, desde la época del finado Néstor Kirchner, saqueó tan eficientemente el país, son el “fruto de un árbol podrido” (la corrupción) y, por ende, incapaces de generar beneficios a sus tenedores. O sea, la interesada y reprochable conducta del candidato a Ministro de la Corte que eligió Milei le costó al país la friolera de US$ 16.100 millones, varias veces más de lo que vale la compañía hoy en la bolsa. El Presidente parece ignorar este penoso y tan gravoso antecedente, porque sigue sosteniendo su postulación contra viento y marea.

Quien esto escribe es un ya muy viejo abogado que, como tal, había perdido hace mucho la capacidad de asombro por los hechos (o la falta de ellos) del Poder Judicial; pero agradezco enormemente al Presidente que me haya permitido recuperarla, pues es un síntoma de juventud intelectual. Sin embargo, el alto cargo que ejerce lo obliga a gobernar para todos los ciudadanos, no sólo para sus fanáticos más aguerridos y, por ello, debería retirar ya mismo el pliego de Lijo o, de lo contrario, explicar muy claramente a qué se debe su extraño interés en elevar a tan alto sitial a un individuo tan cuestionado; si no optara por uno de esos caminos, su Presidencia y la nación entera sufrirán un daño de enormes consecuencias, que se reflejará en las inversiones que tanta falta nos hacen para salir de esta dolorosa recesión y lanzarnos al futuro que nos promete.

Un último párrafo para agradecer a los seis diputados de La Libertad Avanza que esta semana tuvieron el coraje de visitar, en la cárcel de Ezeiza, a los presos políticos de esta hipócrita sociedad cuyas administraciones, a lo largo de los últimos veinte años, nada han hecho para impedir la venganza de los terroristas y que sigue permitiendo que se cometan en su contra tantas iniquidades, a pesar de la provecta edad de la mayoría de ellos. Las críticas que recibieron del siniestro coro de los cobardes genuflexos, de los organismos de derechos humanos tuertos y de la prensa zurda no son más que honrosas cucardas en sus pechos.