Sigue sumando capítulos el escándalo de los brokers de seguros durante el gobierno de Alberto Fernández y a medida que avanza la investigación judicial se develan nuevos detalles del complejo entramado.

En este caso, según publica Agencia NA, se conocieron parte de las discrepancias internas que existían en la última administración peronista por el rol que debían cumplir los brokers de seguros en las pólizas del sector público.

El enfrentamiento de posturas devino de la eliminación del artículo 3° del decreto 832/2021, que establecía que los brokers sólo podían involucrarse en pólizas del sector público en casos de alta complejidad y debidamente justificados, ante lo que se buscaba exigir que el máximo responsable del organismo público que lo requiera eleve una nota explicatoria a Nación Seguros.

El apartado en cuestión expresaba que “en caso de que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerite la participación de la figura de un productor asesor de seguros o sociedades de productoras asesoras de seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, el titular de una unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero o autoridad de nivel equivalente de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156 comunicará por nota a Nación Seguros dicha decisión”.

El artículo quedó en el borrador de la normativa y nunca se aplicó por decisión de la entonces secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, quien consideró mejor “no legalizar la figura” del productor de seguros en las pólizas del Estado, para no incentivar posibles contrataciones, según pudo averiguar La Nación.

Sin embargo, la investigación judicial analiza que habría ocurrido lo contrario, generándose un terreno propicio para la intermediación de los brokers entre los organismo públicos y Nación Seguros. Esta práctica les generó ganancias millonarias por el cobro de comisiones de 10 o más puntos porcentuales, lo que sólo en 2023 implicó una suma de $50.000 millones.

La contraposición entre la postura de Ibarra y la sospecha judicial, quedó reflejada en el seno del gobierno de Fernández a partir de los chats entre funcionarios, recopilados en el marco de la causa.

En una de las conversaciones, Alberto Pagliano, entonces titular de Nación Seguros, le contaba a su asesora Sonia Gregorini que el asunto se complicó cuando un tal “Martín”, que sería un funcionario, se atrevió a objetar la eliminación de los requisitos para los brokers. Según Pagliano, Martín “puso cara de lloriquear” en medio de la discusión.

Pagliano, relató que le contestó a Martín su discrepancia diciendo: “Mirá, era obvio que lo iban a bajar. Aparte salió todo como queríamos, salvo esto que no nos jode”. A lo que Martín insistió que eso no era lo acordado señalando que “esto no era así, porque esto tendría que ser en directo”.

Ante eso, Pagliano recuerda que le retrucó “Martín, vos sos abogado. Si querés recurrila y punto” para luego contarle a su asesora que el funcionario “medio puso cara de lloriquear, de no sé qué”, y que no recordaba “qué pelotudez dijo” después.

A partir de esta revelación, los investigadores judiciales intentan descifrar quién es el misterioso Martín, al que una de las hipótesis señala que se trataría del entonces titular del Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Martín Yáñez, aunque desde su entorno negaron estar involucrados.