En las últimas horas, junto a los abogados Patricia Noemí Apesteguy y Alejandro Sánchez Kalbermatten, el director de Diario Mendoza Today, Christian Sanz, presentó una demanda de 67 páginas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la provincia de Mendoza por discriminación en la distribución de pauta oficial.

En la extensa acción judicial se explica que “la demandada es la Provincia de Mendoza, ubicada en el oeste de la República Argentina, es una región con una rica historia, una economía diversificada y un sistema político complejo que últimamente se exhibe corrupto”.

Acto seguido, se explica que en la provincia existe la Ley 6.496, que regula la pauta publicitaria en la provincia, en vigencia desde el 27 de mayo de 1997 (B.O.: 11/07/97).

“La ley específica de alcance general que regula la pauta publicitaria oficial en Mendoza señala en su texto que la Provincia debe explicar el criterio de distribución e incluso por qué eligen a tal medio o tal otro como también por qué le quitan pauta a tal o cual medio (cfr. artículo 2º inciso “G”)”, puntualiza la demanda.

En tal contexto, sostiene que, cuando no se cumple con la disposición se está incumplimiento con la norma “y se está discriminando por razones de censura o persecución ideológica, lo que resulta inadmisible”.

Al respecto, se adjuntó al escrito una nota periodística publicada por Mendoza Today: “Sí hay plata: el gobernador de Mendoza gastó 5 mil millones de pesos en publicidad oficial en solo 8 meses de gestión”.

Luego se explicó que el gobierno de la Provincia de Mendoza, “en virtud de un manejo discrecional y arbitrario de los fondos públicos destinados a la publicidad oficial en los medios de comunicación social, privó a este diario totalmente de dicha publicidad a partir de la primera semana del mes de octubre de 2024, no solamente respecto de la administración central sino también de la descentralizada, “con el exclusivo objeto de silenciar la crítica política”.

A su vez, se puntualizó: “Desde el momento que se dio pauta oficial a Mendoza Today, a fines de 2021, comenzó un intento de manejo de la línea editorial del diario por parte de los funcionarios de Casa de Gobierno provincial. Cuando una nota molestaba al poder, se enviaba al director del medio un pedido para que se eliminara (…) los pedidos venían ‘de arriba. Esto significa que eran solicitudes del propio gobernador Alfredo Cornejo”.

La denuncia advierte que “es evidente que la decisión del gobierno provincial puede crear un clima propicio para la limitación ilegítima de la libertad de expresión, con desconocimiento del art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos de dicha libertad, cuya jerarquía constitucional ha sido consagrada en el art. 75, inc. 22, de la Ley Fundamental”.

Aquella disposición veda no sólo las afectaciones directas sino también las indirectas y, además, tutela los dos (2) aspectos de la libertad de “buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole”: la individual y la social.

En consecuencia está claro que los gobiernos “no pueden utilizar el dinero de los contribuyentes para presionar a los medios de comunicación cuya crítica política les resulta molesta, a través de la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial, lo que el suscripto desde siempre ha llamado “dinero mordaza”.

Que, asimismo, “el comportamiento de la Provincia de Mendoza configura un supuesto de presión ilegítima que lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando injustificadamente, de un modo indirecto, la libertad de prensa y el legítimo interés que los portales de la actora y sus lectores tienen en el comportamiento de los funcionarios políticos de dicha provincia en el ejercicio de sus funciones”.

En este punto resulta preciso destacar dos pronunciamientos vertebrales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes (cfr. Causa E. 1. XXXIX. Originario caratulada “Editorial Río Negro S.A. c/Neuquén, Provincia del s/acción de amparo”, sentencia de fecha 05 de septiembre de 2007; ídem Causa E.80.XLV caratulada “Editorial Perfil S.A. y otro c/Estado Nacional – Jefatura de Gabinete de Ministros – Secretaría de Medios de Comunicación s/amparo ley 16.986”, sentencia de fecha 02 de marzo de 2011, entre otras), que tornan procedente la presente acción judicial en la forma y modo en que ha sido incoada.