Un fiscal federal Franco Picardi le ha solicitado al Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, “registros, documentaciones e información” que respalden la acusación de que barrabravas participaron en los incidentes del miércoles pasado en el Congreso, presuntamente con el apoyo de los intendentes Fernando Espinoza y Federico Otermín.

Esta solicitud se produce tras la denuncia del Ministerio de Seguridad por delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada, que involucra a “grupos organizados de barras bravas” y a los mencionados intendentes.

Picardi ha requerido los registros completos de las llamadas a la Línea 134 del Ministerio de Seguridad, donde se habrían recibido denuncias de personas que identificaron a integrantes de “barras bravas de diversos clubes” a través de medios televisivos.

Además, solicitó información sobre las acusaciones contra los intendentes Espinoza y Otermín, así como contra Leandro Capriotti, un dirigente gremial. En particular, Picardi busca pruebas sobre las afirmaciones de que Capriotti fue el “principal organizador de la violenta movilización” y sobre la presunta financiación de los incidentes por parte de los intendentes.

La investigación se inició tras los incidentes durante una protesta por mejoras en los haberes jubilatorios, donde 114 personas fueron detenidas, de las cuales solo cinco serían barrabravas, según la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.