El 3 de diciembre se cumplieron 13 años. Doce días después de ese triste aniversario, en que la provincia se vio conmovida y golpeada -al igual que buena parte del país-, como consecuencia de la última sublevación carapintada, que en Entre Ríos trajo dolor, muerte y pérdidas millonarias, uno de sus máximos líderes seguramente se sintió reivindicado y suspiró tranquilo, quizás hasta con una sonrisa burlona por las vueltas del destino. El mismo gobernador que seguramente aquella vez puteó y transpiró como pocos ante los acontecimientos, firmó el decreto número 50 del Ministerio de Salud y Acción Social, por el cual al “doctor Pablo Santiago Llanos, clase 1952, MI No. 10.233.220, domiciliado en calle Candiotti No. 382 de Paraná” se lo nombró secretario técnico del Hospital San Martín.

    Nadie quiso, nadie supo, nadie intentó recordar que ese mismo médico Llanos fue uno de los cabecillas del movimiento que intentó quebrantar el sistema democrático que, en esta provincia, era representado por Jorge Busti, en la etapa final de su primer gobierno.

    Ese mismo 3 de diciembre de 1990, el entonces mayor Llanos decidió fugarse a la República Oriental del Uruguay, antes de ser apresado. Tanto en los puestos fronterizos de Gendarmería Nacional como en la Policía de Entre Ríos existía, desde esos días, la orden de captura, aunque la causa prescribió poco después del indulto dispuesto por el ex Presidente de la Nación Eduardo Duhalde, el 21 de mayo, cuando liberó al ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo, a los detenidos por el ataque a La Tablada, como así también a los ex carapintadas condenados por la justicia.

    El último registro del pedido de captura, de 1991, que constaba hasta hace un tiempo en la fuerza de seguridad entrerriana, está consignado en la orden del día número 11.595 (por la circular 36 de la Policía Federal) y en el oficio 56 de la Justicia Militar, emanado del Comando de Brigada de Caballería Blindada con sede en esta provincia (nota 3.204.382/100/1990). Llanos también figuraba como declarado en rebeldía mediante la resolución 34/91 del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, de fecha 22 de enero de 1991. Sin embargo, Llanos nunca pudo ser detenido, ya que, violando todo sistema de seguridad, ingresó en reiteradas oportunidades al país y permaneció en Paraná en forma oculta cuantas veces se le ocurrió.

    El ex oficial se instaló en la capital provincial a fines de 1986, procedente de Santo Tomé (Santa Fe), donde se casó por segunda vez y adquirió una casa en calle Candioti 382, donde actualmente reside. La vivienda figura a nombre de su esposa en el registro de propiedades de la Dirección General de Rentas (DGR) de la provincia, según la partida número 100.229. Llanos, que desempeñaba funciones en el Hospital Militar de Paraná -dependiente del Ejército Argentino- dejó de residir en tal vivienda a principios de 1990, cuando fue trasladado a Paso de los Libres, luego de formular severos cuestionamientos ante la superioridad, por algunas irregularidades que se estaban detectando en el nosocomio.

    Volvió a Paraná en los días previos a la rebelión de diciembre, aunque nunca dejó de mantener contacto en los meses previos. Por la denuncia en su contra como sedicioso fue dado de baja de inmediato por la fuerza. Lo mismo ocurrió en los padrones de la Federación Médica de Entre Ríos, donde sí figuraban su hermana, que es cardióloga, quien desempeña funciones en un instituto privado de calle Italia y su esposa, que trabaja en otra clínica. La entidad médica nunca hizo pronunciamiento público alguno ante la situación de su ex afiliado, como prófugo de la justicia, después de haber liderado hechos violentos y penosos para la democracia argentina.


Una negra historia

   Los hechos de los que formó parte Llanos figuran en el expediente número 5.164 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná, actualmente archivado, iniciado el 4 de diciembre de 1990; es decir, un día después del levantamiento carapintada, liderado en el país por el ex coronel Mohamed Alí Seineldín -oriundo de Concordia-, quien en esos días estaba detenido en San Luis.

    El primer escrito que se incorporó -a pedido del juez federal Aníbal María Ríos- fue el del entonces comandante de la Segunda Brigada de Caballería Blindada, coronel Juan Ramón Barreto, quien 15 días antes había dicho públicamente que el movimiento carapintada no existía en esta provincia. Según el documento, de cuatro carillas, al que accedió ANALISIS, la sublevación en Entre Ríos se concretó del modo siguiente:

    --"El mayor (R) Pedro Mercado, con la complicidad de algunos suboficiales toma por sorpresa material blindado y armamento del Regimiento de Caballería de Tanques 1 Coronel Brandsen (Villaguay), abandonando el cuartel en dirección a Villa Elisa. Simultáneamente, el suboficial principal Juan Carlos Godoy del regimiento de caballería de Tanques 6 Blandengues produce un hecho similar".

    --"Ambas fracciones sublevadas se unen a órdenes del mayor Mercado en proximidades de Villa Elisa. A partir de ese momento configuran una fracción de combate con material blindado, munición y personal con alta capacidad para empeñarse en combate".

    --"En la zona de Paraná, el mayor médico Pablo Santiago Llanos con la complicidad de oficiales y suboficiales de la guarnición Ejército Paraná y otro personal que no se ha determinado conforman una fracción con 1 jeep perteneciente a este comando de brigada y otros vehículos civiles y con aproximadamente 17/20 hombres”.

    --“El 3 de diciembre intentan retirar munición de la compañía de munición 121 de Crespo con resultados negativos, dirigiéndose hacia el SE (Diamante-Victoria-Gualeguay-Ceibas) donde ocupa un terreno llave (es aquel que le otorga a quien lo domina una valiosa ventaja militar, en este caso un nudo caminero entre ruta 14 y 12), donde establece una posición defensiva a la espera de que se produjera la conexión con los elementos sublevados".

    Los hombres comandados por Llanos también fueron denunciados por el director de Inteligencia de la Policía de Entre Ríos, inspector general Carlos Miguel Piazza. Según su informe, consta una presentación ante la comisaría Cuarta por un "supuesto robo calificado en perjuicio de Vialidad Provincial. El hecho ocurrió a las 2.50 y una hora después tomó conocimiento la citada dependencia, comprobándose que el sereno Juan Domingo Duré se hallaba sentado sobre una silla, maniatado". Añadió que "minutos antes se habían apersonado dos sujetos desconocidos, con vestimenta de civil e identificándose como personal del gobierno; tras ingresar al interior lo apuntaron con un arma de fuego y lo inmovilizaron". Luego le sustrajeron una camioneta pick up Ford F100; otra camioneta Peugeot 504 y un Ford Falcon rural, todos pertenecientes a Vialidad Provincial". Poco después, Duré hizo algunas precisiones ante el juez federal Ríos. Señaló -por ejemplo- que cuando abrió la puerta corrediza del galpón una de las personas extrajo un revólver y le señaló: "Obedecé, porque si no hacés caso te volamos la tapa de los sesos". No dijo que tal persona era Llanos, porque no lo conocía, pero al tiempo quedó determinado que se trataba del ex mayor.

    El grupo comandado por Llanos llegó a las 4.15 a la unidad militar de Crespo, cuyo jefe era el mayor Jorge Enrique Cruz. Había militares, pero también civiles. Entre ellos estaba el comisario Alfredo Scattini, exonerado de la Policía de Entre Ríos y amigo personal de Carlos Indio Castillo, el ex lugarteniente de Aldo Rico. Scattini tenía escondidas armas de la sublevación de Semana Santa, en 1987.

    Según el informe policial "unas personas que, al parecer iban al mando de un uniformado que se identificó como el mayor Llanos ante el jefe de la guarnición, solicitó la provisión de municiones. El jefe propuso que lo haría a la altura de la ciudad de Victoria; esto con la intención de que los mismos se retiraran del lugar. El mayor Cruz comunicó de inmediato lo ocurrido a sus superiores", añadió.

    La Policía los detuvo en el destacamento caminero km 106, ruta provincial 11 Paraná-Victoria y les dijo que había una orden de secuestro de los vehículos. "Alguien que se dio a conocer como mayor del Ejército, que estaba en el jeep dijo que tenían orden superior de continuar viaje, por disposición del Comando del Ejército, para replegarse en Villaguay y que no había inconvenientes, pues de lo contrario dejarían una carga que tenían atrás", indicó el jefe de Inteligencia. Según lo declarado por el oficial ayudante de la Policía Néstor Raúl Albornoz y el agente Eduardo Juan Otero, el mayor (el único que estaba allí era Llanos) lo amenazó mostrándole granadas de guerra que tenía en sus manos.

    En ese momento -de acuerdo al informe policial- llegó y se detuvo "un Ford Falcon rural, bajando dos uniformados con ropa militar, empuñando armas largas, con las que apuntaron a los policías por espacio de unos minutos, logrando que los otros móviles reiniciaran la marcha. En los vehículos iban unas 20 personas", agregó.

    El teniente primero de artillería (R), Eduardo Ramón María Rodríguez, fue el primero que declaró. También fue uno de los primeros oficiales detenidos: lo capturaron a la altura de Basavilbaso, cuando viajaba escondido en un colectivo. Rodríguez, que hacía dos años había decidido abandonar la fuerza, declaró a foja 29 ante el tribunal militar presidido por el teniente coronel Juan Ignacio Aleman.

    Según relató, cerca de las 2 de la madrugada fue buscado, en un Fiat 128 color celeste, por "un civil, del que desconocía el nombre y que se le había presentado el día anterior", por expreso pedido de Llanos. Lo mandaba a buscar para una reunión. El auto se detuvo a la altura del aeroclub, cerca de la quinta de Juan Pedro Sofredini, quien al declarar deslindó toda relación. Según Rodríguez, allí "se reunió con el mayor Llanos, el teniente Rivera del Hospital Militar Paraná y el teniente Raimundi del Comando de Brigada, que estaba en su auto Renault 12 break", tras lo cual iniciaron un periplo que siguió por Crespo y otras rutas de la provincia.
   
    -¿Usted tenía alguna relación anterior con el mayor Llanos? -preguntó uno de los jueces militares.  
   -Solamente lo había saludado en la presentación formal a su llegada a la guarnición militar Paraná. Que el declarante, a raíz de estar en la posibilidad de quedar sin trabajo, fue a ver a la concejala (Darcy) Sampietro de Paraná, hace tres meses aproximadamente y ésta lo contactó con su esposo, un concejal (Marcelo) Maidana, quien le manifestó que ellos lo conocían al mayor Llanos. Que luego de verlos 2 o 3 veces más ni la Sampietro ni Maidana le consiguieron trabajo y que a Llanos sólo lo volvió a ver cuando se presentó en su casa y le dijo: ‘Rodríguez, mirá, tenemos que ir para el lado del sur’ y levantó al declarante".
    La ex diputada nacional Sampietro (PJ-Entre Ríos) nunca fue citada a declarar, puesto que la única persona que la mencionó, por la mencionada situación -estrictamente de índole laboral- fue Rodríguez. No ocurrió lo mismo con Maidana –ex diputado provincial de la Alianza en Entre Ríos-, quien en el expediente aparece nombrado por varios militares, como un especie de contacto civil del grupo carapintada. No obstante, cuando el dirigente del gremio del transporte urbano de Paraná declaró ante el juez deslindó toda vinculación con el grupo sedicioso. Maidana -que concurrió al edificio del Juzgado Federal el 10 de abril de 1991 y declaró a foja 124- negó incluso toda relación con Llanos. "Lo conocí en el aniversario de la Escuela del Centenario, el año pasado, lugar en el que estuve como concejal y el mayor Llanos como miembro del Ejército, pero no lo volví a ver nunca más", relató.
    El suboficial mayor Héctor Mario Escobar también participó de la sublevación, pero intentó retroceder porque, de acuerdo a su testimonio, se dio cuenta de que era "una aventura" lo que propiciaban los adherentes a Seineldín. Pero Llanos no se lo permitió.
    "El mayor Llanos -relató- nos  expresó que ya no se podía volver atrás porque estaban jugados y nadie se podía ir de ese lugar. Y sacando su pistola me amenazó con pegarme un tiro". En una declaración ampliatoria afirmó: "Que el mayor Llanos, extrayendo su pistola le apuntó diciéndole que tiene 7 tiros y los iba a fusilar ahí". Indicó además que en un momento "los choferes civiles plantearon nuevamente al mayor Llanos su negativa a continuar, pidiéndole dinero pare regresar, a lo que Llanos les responde que llamen por teléfono a un tal Maidana para que los vaya a buscar a ese lugar".
    El ex teniente primero Rodríguez volvió a declarar el 23 de enero de 1991 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

    -¿Cuál era el objetivo de la marcha cívica? -le preguntaron.
    -La marcha era contra la corrupción del gobierno y el propósito de mejorar la difícil situación económica del Ejército.
    Rodríguez insistió con la relación de Llanos con personal civil de Paraná, a la vez que aportó nuevos datos.
    -¿Con qué armamento en total contaba la columna? -se interrogó.
    -El mayor Llanos informó que en el jeep se transportaban seis fusiles FAL y munición en cantidad no indicada. Según Llanos se transportaba como medida de seguridad ante la posible acción de la Zurda.
    En una posterior declaración ante el juez Ríos, Rodríguez se expresó en términos similares cuando se le preguntó "por qué motivo llevaba el uniforme de combate y el arma reglamentaria" la madrugada del levantamiento. Indicó además que cuando decidieron replegarse Llanos lo trasladó hasta Aldea San Antonio, donde tomó un ómnibus que se dirigía a Paraná. Agregó, ante una pregunta, que en ese momento no pudo saber a dónde se dirigía el ex médico militar. Al tiempo se enteró que Llanos se fugó a Uruguay.
    -¿El mayor Llanos estuvo permanentemente al mando de la columna, apoyado por sus componentes?
    -Llanos marchó siempre al frente de la columna y las circunstancias no le obligaron a ejercer un mando efectivo de la misma, ya que por sus características no era menester su ejercicio.
    En tanto, el teniente de seguridad Rubén Alberto Rivera -que cumplía funciones en el Hospital Militar Paraná- hizo acusaciones similares contra Llanos al declarar, aunque a su vez dijo que sentía por él "un gran respeto y admiración".  Señaló que el ex mayor "lo presionó" para participar de la sublevación, porque iba a significar un "apoyo para el Presidente de la Nación" (Carlos Menem) y que el acto "iba a beneficiar a la Patria, porque intervendrían las tres fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad y estaba en conocimiento el general Bonnet". Consideró que Llanos logró armamento de la Sala de Armas del Hospital Militar.


Juicio y castigo, para pocos

   Dos años después del episodio, la Corte Suprema de Justicia, por fallo unánime, confirmó las condenas dictadas por la Cámara Federal de la Nación contra los cabecillas de la rebelión. La decisión de la Corte ratificó la sentencia contra Seineldín a reclusión por tiempo indeterminado en condición de promotor del levantamiento y autor intelectual de la sedición. Asimismo, la condena -por los delitos de motín y rebelión agravados, con derramamiento de sangre- confirmó la pena a 20 años de prisión para los coroneles Oscar Vega, Luis Baraldini y el mayor Pedro Mercado, que fuera el jefe natural de la columna entrerriana. Igual fallo confirmó las penas de otros numerosos militares del Ejército Argentino. Mientras tanto, fueron numerosos los prófugos: 18 pertenecientes al grupo Albatros de Prefectura Nacional y 5 del Ejército. Entre estos últimos se encontraba Llanos.
    Luego se supo que los carapintadas habían logrado salir al país con la complicidad de los servicios de inteligencia uruguayos. El Servicio de Inteligencia Naval de Uruguay les había prometido que no serían extraditados, con lo que quedó claro cómo hicieron para salir de Argentina y entrar en Uruguay, cómodamente por el paso de Unzué, donde se encuentra el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos.
    Por allí también habría salido Llanos, quien si en esos tiempos era capturado le hubieran correspondido no menos de 15 años de prisión, por su condición de "cabecilla" del levantamiento carapintada del 3 de diciembre, que le costó a la provincia más de un millón de dólares -al destrozarse un puente por el bombardeo de los aviones Canberra, para no permitir que el movimiento llegara a Buenos Aires- y la muerte del soldado Gómez, oriundo de Gualeguay.
    Llanos esquivó la justicia, retornó por la prescripción de la causa y, como si nada, volvió a trabajar en Paraná, con el apoyo de los mismos amigos y colegas que siempre ocultaron sus visitas reservadas. Su amigo, el médico Miguel Angel Schnitman, nuevo director del Hospital San Martín (decreto 48/03), no dudó en reivindicarlo y sugerir su nombre a la ministro Degani o al gobernador Busti. Está claro que en el gobierno nadie se acordó de él; tampoco hubo demasiada preocupación por averiguar de su pasado. Ese mismo hombre que atentó contra la democracia, que apretó gente pistola en mano, que se robó vehículos de organismos de la provincia y que participó de un movimiento que conmocionó a la provincia, ahora tiene un reconocimiento inmerecido. La desmemoria volvió a ganar una pelea; un ex carapintada con repudiables características, ahora también es funcionario entrerriano. Como si no hubiera pasado nada.

Daniel Enz
Análisis digital