La vuelta de página que propuso el gobierno nacional en la crisis con el campo no tuvo eco en la realidad.

El conflicto sigue vigente y no hay señales de distensión. Más bien todo lo contrario. Lo ocurrido en Gualeguaychú, con la intervención de la Gendarmería para liberar el tránsito en la ruta 14 y la detención del dirigente Alfredo de Angeli, intentó ser una señal de dureza pero avivó más el fuego.

La propia presidenta Cristina Fernández tuvo que reconocer en los hechos la existencia de una crisis, pese al juego de palabras al que recurrió para intentar explicar que tal crisis no existía.

Lo hizo al ordenar a sus ministros que destraben el conflicto que hace 90 días concentra la atención oficial, y en las últimas horas paralizó literalmente al país, y que garanticen la circulación por las rutas.

Eso se tradujo, en el primer caso, en las gestiones, infructuosas aún, llevadas a cabo por protagonistas que hasta ahora se ubicaban entre los halcones del gobierno.

El ministro de Planificación Julio de Vido, quien llegó a decir que no era momento para tibios, el camionero Hugo Moyano, quien promovió contrapiquetes contra los ruralistas que sólo se llevaron a la práctica en su imaginación, y el secretario de Transporte Ricardo Jaime, uno de los funcionarios más cuestionados -junto con su jefe- en la administración nacional, fueron algunos de los que intentaron interceder para llegar a una solución.

Pero no obtuvieron resultados. El anuncio de un levantamiento de la protesta de los transportistas que formuló Jaime no duró más que unos minutos. Se quiso ganar la batalla mediática pero inmediatamente los transportistas que no responden a las cámaras que se reunieron con el gobierno aclararon que los cortes seguían.

En el segundo caso, fue el ministro de Justicia Aníbal Fernández quien salió el viernes por la noche a anunciar la nueva estrategia oficial: se instruyó a las fuerzas de seguridad para que intervengan para permitir el normal tránsito por las rutas del país, previo pedido de la justicia.

Esa decisión se tradujo, el sábado, en el accionar de Gendarmería en la ruta 14, en Gualeguaychú, con escenas que rememoraron las oleadas de protestas en la Plaza de Mayo en diciembre del 2001, cuando la policía despejaba la zona y los manifestantes regresaban durante largas horas. Lejos de intimidar, esa actitud provocó la convocatoria a nuevos cortes y la reaparición de "cacerolazos" en algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires.

¿Qué ocurrió entre el lunes, cuando la Presidenta anunció que los dineros de las retenciones se destinarían a la construcción de hospitales, viviendas y caminos, e intentó poner un punto final al conflicto, y el viernes, cuando se blanquearon las reuniones con los transportistas y se decidió dar intervención a las fuerzas de seguridad para garantizar el tránsito por las rutas? Sucedió que el desabastecimiento pasó de ser un fantasma a una realidad.

El lunes, cuando la Presidenta consideró que "crisis" fue la del 2001, 2002 o 2003 "con esa Buenos Aires desierta", había 80 protestas en distintos puntos del país y era el primer día sin "medidas de fuerza" por parte de las entidades agrarias.

El viernes al mediodía, sumaron 324. Esos cortes impidieron que los transportes de alimentos, medicamentos y combustibles lleguen a destino. La falta de combustibles afectó el transporte de larga distancia: Los ómnibus suspendían servicios. Los micros urbanos reducían sus frecuencias. Se tiraron millones de litros de leche que no podían llegar a los centros de producción. Se corrió el riesgo de que los medicamentos tampoco lleguen a destino.

En síntesis, se afectó todo el aparato productivo del país. "Es imperioso garantizar la libertad de circulación", afirmó entonces Aníbal Fernández. La estrategia oficial es aplicar el artículo 194 del Código Penal que castiga los cortes de rutas nacionales. Sólo esta decisión demuestra hasta qué punto el gobierno reconoce la existencia de una crisis. Hasta ahora, evitó el uso de la fuerza para despejar rutas. Gualeguaychú y las papeleras son una muestra de esa metodología.

Quizás en el gobierno hayan tomado como ejemplo lo ocurrido en España, donde el socialista José Luis Rodríguez Zapatero aplicó la política de "tolerancia cero" para resolver un conflicto con camioneros.

Pero Argentina no es España, ni Cristina Zapatero.

El problema de fondo, entonces, continúa siendo la decisión oficial de aplicar retenciones móviles.

Y ése es el nudo gordiano que desde el poder central no pueden desarmar. Tanto Cristina como Néstor Kirchner están convencidos de mantener la medida. Se intentó descomprimir la tensión anunciando el plan social de distribución de esos dineros, colando a la pobreza en el medio. Cristina Fernández ensayó una autocrítica, pidió perdón si ofendió a alguien y convocó "a todos los argentinos para debatir los problemas pendientes del país".

Desde el gobierno se creyó que se ponía un punto final al tema. Pero los ruralistas continuaron con su protesta, traducida en este caso en la no comercialización de granos. De hecho, esta medida rural fue mantenida pese al levantamiento del paro.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace, superados por sus bases y con un bajo perfil, no tuvieron otra salida que mantener la recomendación de no comercializar granos si las condiciones son adversas. Pero esta decisión se adoptó ante el hecho consumado. Los representantes de las cuatro entidades mayoritarias tienen diferencias entre sí y saben que están en un punto en el que las decisiones de fuerza no pasan exclusivamente por ellos.

Esta situación agravó la protesta impulsada por los transportistas, que tampoco se sienten representados por sus cámaras y mantuvieron los cortes de ruta.

Como sentenció el gobernador Hermes Binner tras reunirse con la Presidenta: "El debate está abierto y da para mucho más". La Corte Suprema, que aceptó intervenir en una demanda presentada por San Luis, ya adelantó que un pronunciamiento sobre el tema demandaría "un año con suerte y viento a favor". Ergo, la vía judicial no solucionará la crisis.

Muchas preguntas quedan flotando tras más de 90 días de conflicto. ¿Qué medidas tomará el gobierno para descomprimir la situación? ¿Llamará al diálogo en los próximos días o seguirá apostando al desgaste? ¿Hasta qué punto aceptará seguir asumiendo costos? ¿Hasta cuándo los ruralistas podrán acopiar granos y no comercializarlos? ¿Las fuerzas de seguridad permanecerán las 24 horas a la vera de las rutas para permitir el libre tránsito? ¿Hasta cuándo la sociedad va a soportar esta tensión? "Parece ser que algunos no ven o no quieren ver ante la oportunidad histórica en que están".

Esas palabras fueron formuladas por la Presidenta.

La jefa del Estado las dirigió a los que encabezan la protesta, pero bien podrían aplicarse también a la gestión que encabeza.