La Corte Suprema de Justicia ordenó hoy al Estado Nacional, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanear la cuenca Matanza-Riachuelo y advirtió que sancionará con multas diarias si no cumplen la disposición en "plazos perentorios".
    El Tribunal se pronunció en un fallo de 29 páginas, al que accedió DyN, firmado por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay.
    La Corte consideró "urgente" la "recomposición de la cuenca del Riachuelo-Matanza" y definió tres objetivos para el saneamiento de la zona: "La mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y la prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción".
    El fallo dispuso la "realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la Cuenca Matanza-Riachuelo en un plazo de 30 días hábiles" e intimó "a todas las empresas identificadas como agentes contaminantes para que presenten el plan de tratamiento, en un plazo de 30 días".
    En ese sentido, expresó que a partir de la presentación del plan de saneamiento de las empresas la autoridad de cuenca tendrá un plazo de 60 días para su aprobación y puesta en marcha.
    Por otra parte, determinó un plazo de seis meses para la "ejecución de las medidas para impedir que se siga volcando residuos en basurales legales o clandestinos, que serán cerrados".
    "En el mismo plazo (seis meses) deben erradicarse las habitaciones (asentamientos y villas) sobre los basurales y posteriomente impedir la instalción de nuevas habitaciones", manifestó el fallo y dispuso la "erradicación, limpieza y cierre de basurales ilegales, en un plazo de un año".
    Los trabajos de limpieza y saneamiento serán fiscalizados por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, en el que la Corte delegó el poder de policía para "garantizar la inmediatez de las decisiones y el efectivo control jurisdiccional de su cumplimiento", dice el fallo.
    La Corte dispuso que el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, será "responsable de la formación y coordinación de un cuerpo colegiado integrado por representantes de las organizaciones no gubernamentales que intervienen en la causa".
    Asimismo, sostuvo que la designación tiene como objetivo "fortalecer la participación ciudadana en el control del cumplimiento del programa" de limpieza del foco contaminante.
    El fallo puso fin a la causa judicial caratulada "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional s/daños y perjuicios", ordenó el saneamiento de la zona de la cuenca y dejó pendiente la fijación del monto económico de la reparación por los daños causados al ambiente.

Fernando Murat
DyN