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En la Argentina ahora, gracias a los
políticos, "el campo pesca". La marginalidad relativa de la actividad pesquera,
confirió un carácter hermético al sector. Esto posibilitó que lo relativo a la
pesca se maneje casi en secreto, respecto del resto de la sociedad. Ni siquiera
el Estado en su conjunto sabía lo que ocurría con la pesca, más allá de los
organismos gubernamentales específicos. La actividad pesquera fue, desde
siempre, una incógnita social que estuvo reservada sólo para aquellos que se
vinculaban directamente con ella.
Ahora explicare cómo el gobierno impulsa una política de
destrucción pesquera beneficiando a empresarios ilegales, “premiándolos” con
reintegros que percibirán ilegalmente. Utilizando reintegros, además, como
moneda de cambio por votos.
Kirchner pescando
Norberto Yahuar, ministro coordinador de Mario Das Neves, expresó
oportunamente:
"Con el ex presidente de la Nación, Néstor Kirchner, tuve un encuentro ameno
donde analizamos temas políticos que me transmitió el gobernador, estuvimos
intercambiando distintas opiniones de la pesca y los petroleros". Esa
charla con Kirchner habría sido clave para que, horas más tarde, desde el
Ministerio de Economía de la Nación, se dicte la resolución reimplantando un
sistema de reintegros a las exportaciones pesqueras.
La industria pesquera volverá a disponer de reintegros a las
exportaciones en valores que varían del 2 al 10% de acuerdo a la especie y el
valor agregado incorporado al producto.
El anuncio fue hecho por el gobierno de Chubut luego de que lo resolviera el
Ministerio de Economía de la Nación. La medida alcanza a las especies merluza,
calamar y langostino, y se devolverá más de acuerdo al nivel de manufactura que
tenga el pescado o marisco exportado.
Memoria
La Sindicatura General de la Nación, en el 2003, elevó
un informe que este medio se ha cansado de mencionar. A la fecha, fue ignorado
con el agravante de que permite que empresarios ilegales de buques congeladores
y factorías, apañados por el poder político, sigan robando la Nación
impunemente. Y hasta les paguemos reintegros por ello.
El informe de la SIGEN tiene por objeto "exponer una síntesis de
los principales hallazgos detectados, como resultado de evaluar las acciones
desarrolladas en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, con relación al cumplimiento de determinados aspectos de la Ley
24922".
Allí se concluye, sin lugar a dudas: "La evaluación del accionar desarrollado en el ámbito de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, denota graves fallas
con relación al cumplimiento de aspectos establecidos en la Ley de Pesca, las
cuales inciden en forma significativa en la administración y control de las
actividades pesqueras.
Se destaca la ausencia de toma de decisiones con relación a
la legalidad o legitimidad de los permisos de pesca que en el marco de las
revisiones realizadas presentaron irregularidades, circunstancia que tolera que
buques cuyos permisos puedan resultar viciados de nulidad, continúen pescando un
valioso recurso que se encuentra limitado.
La reinscripción de los buques en el Registro de la Pesca,
presenta un Importante grado de incertidumbre con relación a la efectiva
revisión de la totalidad de los permisos considerados, y de la inexistencia de
irregularidades en los mismos.
La posible reinscripción de permisos que adolezcan de vicios
que en instancias de revisión dieran lugar a su revocación, a criterio de esta
SIGEN, ameritan la conveniencia de efectuar una revisión de lo actuado.
Las medidas de protección del recurso ictícola resultan
deficientes, tanto en relación a los controles instrumentados sobre las
actividades de pesca, como al seguimiento de las capturas efectuadas. Dicha
circunstancia puede dar lugar a una situación de sobrepesca que afecte la
conservación de los recursos vivos marinos, y provoque graves consecuencias
económicas sobre los sectores de la población cuya subsistencia se encuentra
sensiblemente vinculada con la industria pesquera".
Reintegrándonos
Aquí quedan más que claro que los reintegros son contraprestación
de votos, además de beneficiar e impulsar el colapso del caladero por parte de
la flota de buques factorías e ilegales, a los que el Gobierno premiará
pagándoles PLUS por depredarnos un recursos en emergencia como lo es la merluza.
El informe SIGEN 2003 desnuda la impunidad de un estilo de
Gobierno que premia al robo a la Nación mostrando un índice de corrupción
superlativo en el área pesquera. No hay sentido común que pueda soslayar que,
reitero, les paguemos un “reintegro por depredarnos” con permisos de pesca
ilegales.
La propia presidente, Cristina Kirchner, años atrás —desde su banca— arengaba a
sus diputados provinciales a votar la venta de YPF. Mirando su pasado no es
extraño vivir este presente depredatorio e inmoral.
Señora Presidente, respetuosamente, me es menester recordarle que, tal como hoy
juzgan a los genocidas de ayer que detentaron un poder omnímodo en el pasado,
los Kirchner también podrán emularlos, pues su política pesquera aplicada es
otra clase de genocidio.
Roberto Maturana
Oficial de Marina Mercante-Investigador