El tribunal que juzga al cura Julio César Grassi volvió a rechazar hoy la presencia de veedores de derechos humanos en el debate oral y comenzó a leer algunas de las pruebas de la causa que serán usadas a lo largo de las audiencias en favor o en contra del sacerdote, procesado por abuso agravado y corrupción de menores.

Grassi, en tanto, reiteró que existen "presiones" en la causa que se lo investiga por el presunto abuso sexual de tres menores y ratificó que tiene el "apoyo personal" del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio y la "confianza de la Iglesia".

"Creo en la Justicia, pero la Justicia está encarnada en hombres —dijo a la prensa—. No tenía muchas esperanzas (con el pedido de nulidad del juicio que fue rechazado) pero no voy a tirar la pelota afuera de la cancha, voy a afrontar la denuncia tal cual es, a partir de eso vamos a sacar conclusiones".

Hoy, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón, que comenzó formalmente el juicio el pasado martes, prohibió la presencia en la sala del enviado de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos aires, Pedro Kaufman, al sostener que el tribunal "ya había decretado que este juicio se realizaría a puertas cerradas sin excepciones".

La misma decisión ya había tomado el martes pasado, día de comienzo formal, con los enviados del Ministerio de Justicia de la Nación que aspiraban a ser observadores del proceso oral, para garantizar que no hubiera violaciones a las garantías constitucionales.

"Es la primera vez que nos obstaculizan el ingreso a un proceso judicial", indicó Kaufman a la prensa.

Según señaló, "legalmente, el argumento de los jueces de que el debate es a puertas cerradas se debe a las características de este juicio, ya que hay menores involucrados". Y si bien aclaró que la Secretaría de Derechos Humanos provincial "no es parte en este proceso", buscaban "simplemente" ser "veedores del Poder Ejecutivo de la Provincia".

Tomada esa decisión, los magistrados Luis Andueza, Daniel Gómez y Jorge Carrera pasaron revista a una serie de pruebas que las partes pidieron incorporar como prueba al debate.

Pero hubo muchos datos e informes que se sumaron más tarde, con la causa ya elevada, en el marco de la llamada instrucción suplementaria. Las partes pidieron tener acceso a esos expedientes para resolver si avalan o no su incorporación al debate.

Por ello, dijeron fuentes judiciales, mañana y el sábado varios abogados concurrirán a los tribunales de Morón para revisar esos documentos y definir el escenario el próximo martes, a las 9, cuando se reanude el juicio.

Por lo pronto, entre la prueba que sí logró incorporarse, el abogado Juan Pablo Gallego, representante de la organización CASASIDN que actúa como querellante en defensa de los menores, aseguró que la desconfianza hizo tropezar a los nuevos abogados de Grassi, Daniel Cabo y Martín Tipito.

Según explicó, "el documento central que se leyó en la audiencia como prueba fue pedido por la defensa de Grassi y es un escrito de los empleados de la Fundación Felices Los Niños, en donde dicen que Grassi tiene una personalidad enfermiza" cuando en sociedad "solía mostrarse manso y caritativo".

Como llamaba la atención que este informe hubiera sido pedido por la defensa de Grassi, el abogado aclaró: "Es probable que haya sido un error. Porque pidieron que todo se incorporara por lectura y probablemente no se dieron cuenta que entre todo lo que estaba, aparecía esto".

"El resto de la prueba que se leyó refuerza que Grassi sabía que había una investigación en su contra desde el 2000", afirmó Gallego en declaraciones periodísticas.

Grassi, mientras tanto, insistió en que se armaron pruebas en su contra, apuntó a periodistas pero además se refirió a la aclaración que hizo el Episcopado, en la voz del vocero Jorge Oesterheld, al distanciarse del supuesto apoyo del que hablaba el sacerdote acusado en favor de su postura.

"Corre por mi cuenta, porque soy el que he hablado personalmente y no públicamente con las autoridades de la Iglesia, respondió el cura en un claro mensaje al vocero episcopal. Nunca se me prohibió hacer misa, todo lo que yo hablo con los obispos lo hablo como de un hijo a un padre. La Iglesia confía en mí".

Grassi fue acusado por jóvenes de la Fundación Felices Los Niños que se conocieron con nombres ficticios: "Gabriel" y "Ezequiel" lo responsabilizaron apenas se inició la investigación, mientras "Luis" se sumó a la querella.

El 23 de octubre de 2002 Telenoche Investiga (TI) difundió un informe en el que "Gabriel" afirmaba que había sido abusado por el cura cuando él asistía a la Fundación, mientras "Ezequiel" reforzaba las sospechas sobre el sacerdote por supuestas escenas que había presenciado con otro menor.