"Con el riesgo país orillando los 700 puntos básicos, todo lo demás es accesorio. Con esa penalización es imposible financiar o refinanciar algo. Esta economía languidece y sólo se mueve por la suba del precio de los commodities. De otro modo, con los precios de los '90, ya estaríamos en una recesión aguda". Esta fue la sentencia de un importante hombre de la city porteña con buenas conexiones con las principales compañías locales y con Wall Street.
    El análisis de una sinceridad manifiesta no hace otra cosa que reflejar lo que se sostiene entre los empresarios más importantes del país.
    Hoy la actitud es esperar hasta que haya señales concretas por parte del gobierno y en función de estos signos se operará sobre las inversiones. Mientras tanto, el ajuste por aumentos de costos, se trasladará a precios.
    Esto no es casual y a pesar del esfuerzo de la administración "K" por esconder o maquillar la inflación verdadera, los precios se incrementan muy por encima de las peores expectativas oficiales.
    La cuestión se pone de manifiesto cuando se conocen los datos del costo de vida en el interior del país y que en los extremos más distantes de la nación —Jujuy, Misiones y Tierra del Fuego— ronda el 30 por ciento anual, lejos del ilusorio índice del INDEC.
    A esto se suma el constante deterioro de las cuentas fiscales. Hace unos días, la Presidenta hizo gala de un superávit primario superior a los 4.000 millones de pesos. Claro está, esta cifra llama a engaño porque no sólo no computa el pago de los intereses de la deuda sino que tampoco computa los giros que hacen los organismos descentralizados al Tesoro ni tampoco lo que aporta el Banco Central por la renta obtenida en la colocación de las reservas internacionales. Una vez que se tamice todos los pagos se obtendrá finalmente el saldo que podría ser positivo. (¿o negativo?) ¿Qué hay detrás de todo este enjuague contable? El principal factor de un eventual saldo positivo se sienta sobre la base de un formidable retraso en los pagos de la Tesorería y de los organismos oficiales a sus proveedores y que en algunos casos supera largamente los 180 días pero que en promedio ronda entre 90 y 120 días.
    Esta mora virtualmente ha dejado paralizada la obra pública como por caso las tareas de las empresas encargadas de la repavimentación de rutas, en obras de saneamiento y un menor ritmo en la construcción de las centrales térmicas y las líneas de transmisión.
    Es decir, si se detraen los intereses de la deuda, los aportes de los organismos y se pagan las deudas vencidas y exigibles, el resultado pasa a negativo. De otra manera, ¿cómo se explica que se continúe emitiendo deuda y colocándola en Caracas a tasas expoliatorias? Como quiera que fuere, mientras las cuentas fiscales, a pesar de la cosmética contable o parcial, empiezan a teñirse de rojo, el gobierno no ceja en su tarea de colocar a la Nación en una situación de parálisis e inviabilidad, ahora, arremetiendo con el controvertido proyecto de rescate de Aerolíneas Argentinas con el cual asumirá no sólo una deuda multimillonaria —en principio unos 1.000 millones de dólares—, sino una compañía operativamente deficitaria —unos 400 millones de dólares anuales—. Lo curioso que este gobierno autodenominado "progre" adopta medidas de la más rancia estirpe ortodoxa y le quita fondos a los sectores más necesitados para financiar el elefante blanco de Aerolíneas. En la última semana, el gobierno dispuso recortar fondos para la construcción de viviendas populares y la urbanización de villas miserias para financiar el déficit operativo de la compañía aérea. Un verdadero disparate. En momentos en que diputados y senadores se aprestan a legalizar semejante operación, es preciso hacerse algunas preguntas.
¿Qué significa rescate? ¿Comprar el paquete accionario de la compañía? Si es así, ¿cuál es el patrimonio neto de la compañía?
    En término más llanos, cuánto tiene y cuánto debe la empresa. ¿Existen pasivos ocultos? ¿Quién hizo la evaluación y quién hizo la auditoría contable? Si la empresa está en concurso, ¿cuál es el rol que juega el juez del concurso, los síndicos y demás auxiliares? ¿Cómo el Congreso va a cambiar la figura del deudor sin la autorización de los acreedores y menos aún sin la venia supletoria de la Justicia? Entonces, ¿qué discuten los legisladores? Y en todo caso, ¿cuál es el interés en estatizar la empresa? ¿Asegurarse sus viajes al interior con el aporte de toda la sociedad? Si Aerolíneas quiebra, desaparecen todas las prebendas que tienen los legisladores en traslados y otros emolumentos en billetes aéreos. En cambio, si se estatiza, la "fiesta" continúa, ahora con el aporte del Estado, financiado por toda la sociedad.
    Un camino hacia el ayer.

Miguel Ángel Rouco