La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, después de catorce horas de debate, el proyecto de re-estatización de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, que ya fue girado al Senado.
    La iniciativa —que apunta recuperar para el Estado la propiedad de ambas compañías y volver de esa manera sobre los pasos de la política privatista que predominó en el país en la década del '90— fue sancionada en general, al filo de las 2 de la madrugada, por 167 votos afirmativos contra 79 negativos.
    De esa manera, el oficialismo consiguió recomponer, tras una serie de modificaciones al proyecto original, al menos por esta vez su mayoría, con el acompañamiento de los peronistas díscolos que votaron en contra de las retenciones móviles. El kirchnerismo aceptó, como consecuencia de quejas internas y de la oposición, eliminar el artículo que ratificaba el acta acuerdo, firmado por el gobierno y el grupo español Marsans, y el articulado que dejaba abierta la puerta para una eventual futura re-privartización, así como también dispuso que el Congreso tenga la palabra final a la hora de la tasación de la empresa, entre otras modificaciones. Eso cambios le permitieron al bloque K sumar el respaldo de varios de los legisladores de origen peronista que habían votado contra la ratificación de la resolución 125, como la salteña Zulema Daher o el bonaerense Felipe Solá.
    También, cosechó el acompañamiento de bloques opositores como el Espacio SI de los ex aristas, que conduce Eduardo Macaluse; la flamante bancada Consenso Federal de los cobistas liderados por el bonaerense Daniel Katz, y los integrantes del bloque Movimiento Popular Neuquino, así como el voto del diputado porteño del Proyecto Sur Claudio Lozano.
    Las críticas del debate fueron, en especial, para Marsans, grupo acusado del vaciamiento de las empresas, y el secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien mereció pedido de renuncia de parte de los bloques opositores, y no tuvo defensa alguna de parte de los oficialistas.
    La presidenta de la comisión de Transportes, Beatriz Daher (FPV-Salta), defendió el dictamen de la mayoría y destacó que la reestatización "es una política de Estado a fin de resguardar no solamente los 9 mil puestos de trabajo" sino también "garantizar la integridad regional, el tráfico turístico" y, "sobre todo el bienestar general del país".
    Estimó que "fue un error no haber analizado los antecedentes de Marsans" cuando se la aceptó como operador en 2001, ya que indicó que "en poco más de un lustro ambas compañías logran acumular una deuda exigible de 240 millones de dólares y un pasivo de 890 millones de dólares".
    Para defender uno de los dictámenes alternativos de la minoría que propuso el rechazo explícito del acta—acuerdo firmado el mes pasado, el radical Alejandro Nieva (UCR-Jujuy) dijo que el secretario de Transportes, Ricardo Jaime, "nos trajo un presente griego con este proyecto".
    Manifestó que la difícil situación de las aerolíneas "era conocida por el Gobierno y por el secretario de Transporte" y advirtió que "es insuficiente" que el oficialismo haya sacado del proyecto la ratificación del acta—acuerdo firmada por Jaime.
    La socialista Laura Sesma —cuyo bloque firmó un dictamen de minoría diferente al suscripto por la Coalición Cívica, la UCR, el PRO y los adolfistas, y que plantea la expropiación de la empresa— precisó compartir con el oficialismo "que este debe ser un servicio garantizado por el Estado".
    Pero explicó que su "preocupación" era ser "co-responsable de aprobar una ley que deje vigente un acta acuerdo que no podemos convalidar, porque es absolutamente beneficiosa para el grupo Marsans".
    A su turno, Lozano —promotor junto con el SI de los reclamos que originaron los cambios— dijo que, con el proyecto tal cual fue aprobado, se le da "al gobierno una herramienta" para resolver el problema, mientras el Ejecutivo, con la versión original, había remitido al Parlamento "un mamarracho".
    El presidente de la comisión de Presupuesto, Walter Agosto (FPV-Santa Fe), destacó desde el oficialismo que la "necesidad de continuidad en el funcionamiento de estas empresas implica que no queden ciudades sin este servicio esencial" en el que entre ambas tienen "el 80 por ciento de los vuelos de cabotaje", recordó. El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, insistió en que el proyecto que impulsa el FPV omite pero "no se pronuncia" sobre el acta y consideró que "el no pronunciamiento es convalidación".
    Si bien el diputado dijo estar de acuerdo en que el Estado asuma el control de AA y Austral para mantener sus operaciones, personal y rutas, opinó: "No creemos que haya que convalidar una deuda fraudulenta de Marsans amparada por un comportamiento delictivo y de connivencia de Jaime".
    Del PRO, Esteban Bullrich coincidió en que "el proyecto se queda a mitad de camino" y alertó que "sentarse frente a Marsans sin establecer un valor cierto de la empresa y sin ninguna alternativa es regalar la negociación".
"Nos están vendiendo un buzón marca cañón", graficó el diputado porteño y no dudó en sostener que "Jaime debe dejar hoy de ser secretario de Transporte del país".
    La jefa de los socialistas, Silvia Augsburger, propuso, a su turno, la creación de una comisión investigadora sobre las gestiones que derivaron en situación de las aerolíneas para determinar "la responsabilidad de todos, miembros del gobierno y empresarios, en estos 18 años de privatización de Aerolíneas".
    Carlos Raimundi (SI-ex ARI), cuyo bloque apoyó en general la propuesta remozada del oficialismo para recuperar Aerolíneas, advirtió que el proyecto debería también incluir una cláusula que impida sacar fondos del gasto social para derivar al mantenimiento de las empresas aéreas.
    Vilma Ibarra, también afín al kirchnerismo desde el bloque Encuentro Popular y Social, sostuvo que "no es verdad que no rechazar el acta acuerdo significa su convalidación" y afirmó que el documento firmado por Jaime "es débil y jurídicamente inaceptable en sus términos".

Mario Poliak