La muerte de tres comerciantes de medicamentos despertó las más variadas sospechas. Una pista conduce a medicamentos ilegítimos, y se sabe que 10% de los circulantes en la Argentina lo son.

Los remedios ilegítimos son falsificados, igual que jeans, zapatillas o perfumes de marca; son adulterados, cuando se les agrega o quita componentes o se les cambia rótulos o fechas de vencimiento, o son defectuosos, cuando les falta calidad o son robados.

Recordemos que en 2004 murieron 3 jóvenes y otras treinta sufrieron problemas de gravedad por inyecciones de hierro (Yectafer®) adulteradas. A los culpables le dictaron “Probation”. Casi un chiste considerando la gravedad del hecho.

Partidas completas de medicamentos de gran demanda (Buscapina®, Sertal®, Alplax®, Rivotril®, etc.) son frecuentemente denunciadas por los propios laboratorios productores como robados, copiados y/o adulterados, alertando a la población en general y a médicos y farmacéuticos en particular.

Periódicamente la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispone el retiro de las farmacias de lotes y partidas de medicamentos por estar adulterados o con fallas de calidad.

Por otra parte, se sabe que, todas las semanas, bandas bien organizadas vacían una farmacia o roban un camión completo de medicamentos, valuados respectivamente en 300 mil y 500 mil pesos cada uno.

¿Qué pasa con los remedios “truchos”?

Cabe preguntarse ¿Qué sucede con los medicamentos ilegítimos? ¿Se recuperan y destruyen? ¿A dónde van a parar? ¿Quién descarta los vencidos?

Las pruebas indican que los medicamentos ilegítimos alimentan el “canal K” conformado por kioscos, supermercados, gimnasios, estaciones de servicio y restaurantes. También se ofrecen por Internet a través de unas 300 páginas Web sin responsables de ningún tipo.

Este canal no existiría sin la complicidad de algunos productores de especialidades medicinales, tentados por ubicar sus productos ya no solo en las 12.000 farmacias, sino también en unos 60.000 kioscos, 25.000 supermercados, 4.000 estaciones de servicio y 3.000 gimnasios.

Mucha gente compra medicamentos en estos ilegítimos puntos de venta. Ponen en riesgo su vida con productos de dudosa calidad, sin recibir a cambio ningún comprobante de compra, sin garantía de resultados, ni posibilidades de reclamar por algún problema de salud que pudiera ocurrir tras usar los productos. Sin embargo, creen que son una “ganga” al obtenerlos supuestamente más baratos, o sin la necesidad de consultar a un profesional para una receta.

Se sabe que alrededor de 60% de los medicamentos que circulan por el canal k son ilegítimos. El mercado de los ilegítimos viene siendo denunciado sostenidamente por colegios, confederaciones y sindicatos de farmacéuticos. Pasó de un reducido 0,5% del total en 2000, a un 3% en 2004, 7% en 2006 (reconocido por ANMAT) y 10% en 2008. Mueve 1.100 millones de pesos anuales, según datos del sector.

Cualquiera es dueño

La mercantilización de la farmacia es una de las causas de este oscuro cuadro de situación. El 95% de los dueños de laboratorios, 90% de los titulares de droguerías y 60% de los propietarios de farmacias no son profesionales con título de farmacéutico. Son empresarios pequeños, medianos o grandes cuyo principal interés es la rentabilidad del negocio. El poco respeto a la toxicidad y riesgos de los medicamentos suele evidenciarse en decisiones que anteponen lo comercial a lo sanitario. Descuentos inverosímiles, promociones 2 x 1 y publicidades engañosas prueban lo que digo.

Que muchas farmacias se parezcan más a un shopping que a un centro de salud, también es mérito de comerciantes que confunden modernidad con “viva la pepa”.

Resulta increíble que dos de las victimas de la masacre de General Rodríguez, vinculadas con el narcotráfico, sean dueños de farmacias, droguerías y laboratorios. Uno había sido inhabilitado varias veces y emitido cientos de cheques sin fondo, pero seguía operando.

En el 2000 no eran más de 80 las droguerías habilitadas, hoy superan las 300. Una droguería debería poseer infraestructura y logística suficiente para almacenar y distribuir productos sanitarios a farmacias, clínicas y hospitales. Sin embargo han aparecido droguerías en espacios reducidos a una oficina comercial o a una casilla postal.

Además de infraestructura y equipamiento, deberían exigirse ciertas condiciones y antecedentes a quien pretenda ser propietario de un establecimiento que ha de producir y/o comercializar drogas. Un código de ética para el propietario sería lo correcto.

No pido que la propiedad vuelva al farmacéutico como era antes de 1990, no es solución. Pero sí que se respete la opinión de este profesional. Son reiteradas las quejas del director técnico que dice recibir presiones cuando intenta cumplir su función. Si exige la receta, pide comprar solo a proveedores confiables o instruye al personal a su cargo para que cumpla la ley, el dueño contraataca “mire doctor que si no se vende no podré pagarle su sueldo…”. El caso de la farmacéutica que debió renunciar porque ni siquiera la dejaban entrar al local es el colmo de la impunidad de algunos capitalistas.

El máximo responsable de la farmacia es el profesional farmacéutico. Un “experto en medicamentos” que estudia 5 años de universidad; por eso, su opinión y decisiones técnicas deben ser acatadas por el bien de la salud. De poco sirve que esté en el lugar si no se le hará caso.

Las cámaras o asociaciones de propietarios deberían colaborar para que sus asociados actúen con ética. Un verdadero empresario hace negocios en el marco de la ley, nunca fuera de ésta y jamás sin respetar la opinión del profesional.

Política de medicamentos

Urge una política de medicamentos que empiece por garantizar la cadena de comercialización de fármacos: el laboratorio productor vende a la droguería o distribuidora mayorista, y ésta a la farmacia, que es la única que puede venderle al ciudadano. Como el Ministerio de Salud no tiene facultades para controlar kioscos, supermercados, gimnasios, estaciones de tren o sitios virtuales, debe erradicarse cuanto antes el canal k. Me consta que las autoridades actuales están abocadas a solucionar el problema.

Debe a la brevedad aprobarse el proyecto de ley que desde el 7 de mayo de 2008 está en la Cámara de Senadores de la Nación. Ahí se reglamenta la venta exclusiva en farmacias. En el mismo acto, el congreso debería prohibir a la farmacia vender todo producto que no sea sanitario. Nada tienen que hacer los medicamentos junto a papas fritas, regalos o golosinas. ¡Hay terminar con la Biblia y calefón!

Los medicamentos fabricados en Argentina son de calidad, pero deben comercializarse por una vía controlable y hay que penalizar con la cárcel su falsificación, desvío o adulteración. El problema con los remedios también está vinculado con la forma en que se recetan, dispensan o toman. Pero ese será otro capítulo.