Si Karl Marx viviera —y viviera en la Argentina— estaría tentado de completar sus famosas Tesis sobre Feuerbach con una nueva que dijera que para los funcionarios locales no se trata de transformar el mundo, sino de comentarlo.
    Elíjase cualquiera de los gobiernos nacionales y provinciales de las últimas décadas y se encontrarán ministros y secretarios de Seguridad criticando la falta de seguridad, secretarios de Deportes condenando la ausencia de una política deportiva (generalmente cada cuatro años, al regreso de la delegación de los Juegos Olímpicos del momento) y, por supuesto, ministros de Educación y Salud lamentando el deterioro de las áreas de las que precisamente deberían ocuparse.
    La responsabilidad de gobernar parece no parece no llevarse bien por estas latitudes con el derecho a criticar, aunque sea a uno mismo. Pero no hay ámbito en el que la distancia entre las palabras y los hechos quede tan puesta en evidencia como en la Economía. Así, se puede observar en el presente que las principales críticas a las políticas económicas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner provengan precisamente de... Cristina Fernández de Kirchner.
    En su reciente visita al Brasil, la presidenta hizo pública su "envidia" hacia los empresarios de ese país, cuya dinámica emprendedora parece superar con holgura a la de los argentinos. Cuesta creer que todos los empresarios de un país se pongan de acuerdo en ser mejores y que todos los de otro se empecinen en ser peores, a no ser porque en cada caso se desenvuelvan en determinado contexto político y económico que así lo determine. Por caso, la ausencia de una política en materia de televisión digital muestra a la Argentina en inferioridad de condiciones respecto del resto de los principales países de la región, y no precisamente por una falla de sus empresarios. Fue el Gobierno brasileño —no sus empresarios— quien se tomó el trabajo de decidirse por una de las tres normas en danza. Con el contexto establecido, de este lado de la frontera sólo quedará envidiar en un futuro no muy lejano a los empresarios brasileños del sector. Es lógico, ya cuentan con las normas (digital y política) a las que atenerse. No hay nada intrínsicamente malo o bueno en la clase empresaria de un país y la propia Cristina tuvo la oportunidad de comprobarlo —y demostrarlo— en su visita a Recife. Allí fue a inaugurar un emprendimiento energético... de un empresario argentino con tecnología argentina. Lo único no argentino fue el contexto: Brasil es un país que, al margen de los cambios de gobierno, garantiza reglas de juego para la inversión de capitales.
    Si la presidenta hubiera tenido tiempo de trasladarse al Consulado argentino en esa ciudad brasileña, podría haber reparado que se emplaza en un monumental edificio. Es el de la Superintendencia de Desarrollo del Nordeste (SUDENE) que en el último medio siglo, más allá de sus adversidades burocráticas, posibilitó que Recife se convirtiera en un polo industrial de envergadura. El pernambucano Lula lo sabe y, por lo visto, Pescarmona también.
    Pero no es el único caso en el que lo que se critica termina siendo obra del propio gobierno que se encabeza. Días atrás, la presidenta intentó relativizar el reclamo del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, referido al impuesto a las Ganancias y la Tablita de Machinea, creada en la gestión de Fernando de la Rúa y ratificada por todos sus sucesores. El argumento utilizado fue que los salarios de los trabajadores eran tan buenos que hasta tenían que tributar Ganancias. Una forma muy sutil de invertir los términos de la ecuación: los camioneros pagan Ganancias porque la inflación (real) acumulada en los últimos siete años dejó al mínimo no imponible en niveles bajísimos. Tan bajos que hasta el sueldo de un camionero lo supera.
    Las contradicciones entre hechos y palabras también quedan puestas de manifiesto con otros aspectos de la política impositiva. En reiteradas ocasiones desde el propio Gobierno se cuestiona que son los trabajadores —en tanto consumidores— los que deben soportar la mayor carga al tener que pagar un IVA del 21 por ciento. Dato absolutamente cierto que lleva implícita una pregunta obvia: ¿por qué en cinco años no bajaron la alícuota? ¿Por qué en cada conferencia en la que se presentan crecimientos de la recaudación de más del treinta por ciento anual los funcionarios de turno responden invariablemente que "no está en estudio una reforma impositiva"? El conflicto con el campo desencadenado en marzo de este año vino de la mano de la demonización de la soja por parte de la presidenta y sus colaboradores. Este es quizás el punto en el que el discurso y la acción están más separados que en ningún otro: no hubo gobiernos en los que se haya impulsado más la producción y exportación de soja que los de Néstor y Cristina Kirchner. Ni gestión económica que haya dependido más del consabido "yuyo", a juzgar por la composición de los superávits gemelos que dan sustento a la política oficial. En otras palabras, sin soja los gemelos serían deficitarios.
    En este caso, los comentarios oficiales acerca de "agregar valor a las exportaciones" no pueden ir más en contra de la realidad: dos de cada tres dólares exportados corresponden a materias primas y "manufacturas de origen agropecuario", denominación que engloba principalmente a aceites y pellets de oleaginosas. La lista de discursos oficiales con críticas a las propias políticas de gobierno podría extenderse. En todos los casos, habrá que dejar en claro que la responsabilidad de los gobernantes es transformar la realidad, no comentarla.

Marcelo Bátiz